Alertamos a los ciudadanos y apelamos a la responsabilidad de los partidos políticos, los medios de comunicación y los representantes de las instituciones del Estado concernidos, ante el hecho de que la democracia representativa en España, condición necesaria de un Estado de derecho, está en riesgo debido a las prácticas abusivas del gobierno Sánchez, que degradan y dejan sin función el núcleo esencial de la representación: el Congreso de los Diputados.
Con la reciente aprobación y convalidación de un nuevo decreto ley, denominado “ómnibus” por la cantidad y diversidad de materias que contempla, se ha producido, una vez más, un uso abusivo de esta técnica legislativa.
De acuerdo con la Constitución española, los decretos ley son instrumentos jurídicos que permiten al gobierno (poder ejecutivo) legislar en situaciones de “extraordinaria y urgente necesidad», eludiendo el proceso parlamentario ordinario.
A pesar de su carácter reglado y excepcional, el Gobierno español ha convertido su utilización en una práctica habitual. Así, desde su llegada al poder en el año 2018 hasta el mes de enero de este año, el gobierno de Pedro Sánchez ha dictado 153 decretos ley. Esta cifra supera con creces el número de los aprobados por sus predecesores.
El abuso de los decretos ley y la frecuente inclusión de múltiples materias en un solo texto (decretos ley ómnibus) debilitan el debate parlamentario y la calidad democrática.
Un ejemplo notable es el Real Decreto-ley 5/2023, de 28 de junio, que modificó 47 leyes y fue aprobado mientras las Cortes estaban disueltas.
Este tipo de disposiciones, al abarcar una amplia gama de temas, dificultan el análisis detallado y el debate por parte de los representantes parlamentarios, ya que los decretos ley deben votarse en bloque y debatirse en una sola sesión. De este modo, se erosiona la función legislativa del Congreso de los Diputados y, por lo tanto, la salud de la democracia representativa.
El Real Decreto-ley 9/2024, de 23 de diciembre, que no fue convalidado por el Congreso de los Diputados, es otro ejemplo de este mal proceder. El posterior Real Decreto-ley 1/2025, de 28 de enero, que, con el pretexto de las pensiones y del escudo social, prevé medidas heterogéneas y ha sido convalidado, padece el mismo vicio.
Véase la siguiente referencia concreta. A pesar de lo que se nos dice (que las reformas llevadas a cabo garantizan las pensiones futuras), el estado del sistema de pensiones es muy deficitario y plantea un riesgo de futuro. Aun con las reformas implementadas, las pensiones siguen siendo deficitarias y el Estado ha tenido que hacer una aportación de 66.000 millones en el año 2024, más de 60.000 millones el año precedente, en una secuencia que ha ido creciendo de forma ininterrumpida a lo largo de esta década. Esta cuestión crucial, sin embargo, no se ha podido debatir en el Congreso ni se ha podido alertar a los ciudadanos, sobre todo a los futuros jubilados, precisamente por la utilización de la fórmula del decreto ley ómnibus.
Es fundamental que, aunque se busque la eficiencia en la implementación de políticas, se mantenga un equilibrio que permita el adecuado escrutinio y la participación activa del Congreso de los Diputados en la elaboración y aprobación de leyes y, por lo tanto, un mejor conocimiento por parte de los ciudadanos. La práctica actual supone una concentración excesiva de poder en el Ejecutivo contraria a la democracia parlamentaria.
Llamamos a los ciudadanos a que se organicen para hacer oír su voz, y a los partidos a que abandonen sus conductas solo centradas en su propia satisfacción y sirvan como canales de participación para los ciudadanos. Pedimos a los medios de comunicación que cumplan su misión de servicio público más allá de sus intereses políticos. Exhortamos a los poderes del Estado, en aquello que les compete, a restablecer la primacía del Congreso de acuerdo con lo que establece la Constitución española en el artículo 66.1: “Las Cortes Generales representan al pueblo español y están formadas por el Congreso de los Diputados y el Senado” y a ejercer plenamente el poder de controlar al Gobierno y exigirle responsabilidades de acuerdo con el artículo 66.2: “Las Cortes Generales ejercen la potestad legislativa del Estado, aprueban sus Presupuestos, controlan la acción del Gobierno y tienen las demás competencias que les atribuye la Constitución”.
¡Ven y participa en La Corriente!
Corriente Social Cristiana
12 de febrero de 2025
Cargando ...
