En teoría, los partidos y políticos profesionales que los integran tienen como finalidad intentar resolver los problemas de los ciudadanos para hacerles la vida más fácil. En la práctica lo que ocurre es que constituyen una clase con intereses específicos que se dedican a exprimirnos con o sin excusas ideológicas.
Ahora mismo, tres hechos recientes dan testimonio. El primero de ellos es la luz, el precio de la electricidad que, evidentemente, es un problema europeo, pero que además, y en el caso español, está también conectado a la presión fiscal que transmite y contempla cargas que no corresponderían a la facturación del coste de la electricidad. A 31 de diciembre finalizará el plazo de la reducción del IVA que ahora está situada en el 10%, y volverá a su nivel anterior, del 21%. Será un nuevo varapalo. La propuesta del PP para hacer permanente la rebaja del 10% ha sido rechazada en el Congreso por el gobierno porque significa un aminoramiento de los ingresos. Más claro el agua.
Y precisamente el agua y las sobrecargas que soporta es otro caso de abuso por parte del poder político. El área metropolitana de Barcelona acaba de aprobar una subida del recibo del agua, que ya tiene un precio muy elevado. Se incrementará en un 3% la tasa que se cobra por el suministro y también la tasa del tratamiento de residuos municipales. Ninguno de los dos conceptos guarda relación con el coste real del agua y son formas de hacernos pagar otras cosas.
Una es que a través del recibo estamos pagando la compra de la empresa de Aigües Ter-Llobregat que quisieron hacerla pública pagando nosotros y que puede representar hasta un 14% de la facturación total. Por otra parte, es evidente que los residuos no tienen nada que ver con el agua. Lo aplican aquí simplemente por comodidad y efectividad del pago. Lo que ocurre es que todo ello hace subir el coste de un bien tan necesario como éste. Si se observa un recibo de Aigües de Barcelona, que tiene la virtud de exponer con claridad las cifras, nos damos cuenta de que el coste del agua es una mínima parte del total. Concretémoslo. Éste es un recibo de una familia de 5 personas y que incorpora un descuento de 12,74 euros sobre un total de 143,38. De ese importe el coste del suministro del agua es de 52,31 euros. Los 90 euros restantes van de otro palo. En concreto, 18,67 corresponden al canon del agua, 9,27 al alcantarillado, 17,10 al IVA. Sobre esta cifra es necesario aplicar la tasa de “recogida de residuos municipales generados en el domicilio” y aquí nos clavan 24,79 y la tasa metropolitana de tratamiento de residuos municipales, que ahora se ha incrementado y que en el precio anterior significaba 31,24 euros. Ellos nos cobran lo que les interesa, gastan como quieren y nosotros pagamos su ineficiencia. Y si la municipalización de las Aigües Ter-Llobregat la estamos pagando nosotros, Dios no quiera que nunca Colau consiga municipalizar el suministro de agua de Barcelona, porque entonces pagaríamos aún más.
Pero la lista de fechorías no acaba aquí, porque como se ha hecho público estos días el Tribunal Constitucional se ha cargado la plusvalía, han considerado que no era constitucional. Es la segunda fuente de ingresos municipales. Representa 2.354 millones en toda España y en realidad es una ley mal hecha e injusta desde sus orígenes, que a pesar de todas las advertencias nunca ha sido modificada ni por el gobierno del estado, ni ningún ayuntamiento ha levantado el dedo diciendo que era un abuso. Al contrario. Es un impuesto que se creó en 1988 con la primera ley de finanzas locales, y pretendía facilitar la gestión y liquidación de impuestos por parte de los ayuntamientos, que no necesitaban conocer ni comprobar el valor verdadero de las operaciones sobre las que se aplica el impuesto, la plusvalía generada, sino que se establecía a través del IBI, el Impuesto de Bienes Inmuebles.
Con el paso de los años se constató el error de base, porque se partía de que los precios de los inmuebles siempre aumentaban, y por tanto el impuesto se aplicaba aunque la plusvalía no hubiera existido o hubiera sido negativa. Con este largo andar por esta vía de la injusticia, no fue hasta el 2017 cuando llegó el tema al Tribunal Constitucional y entonces éste ya estableció que no era de acuerdo con la ley cobrar la plusvalía municipal si realmente no había aumentado el valor de los inmuebles urbanos.
Parece mentira que algo de tanto sentido común costara tantos años que fuera reconocido. Esta primera sentencia dio lugar a una serie de recursos que provocó una segunda en 2019 referida a los casos en los que el aumento de valor era menor que el impuesto municipal a pagar. Aun así, ningún gobierno se sintió en la obligación de cambiar la legislación y ningún ayuntamiento salió en defensa de sus ciudadanos.
Ahora la cuestión, de nuevo por una sentencia del Tribunal Constitucional, llega a su fin, en el 2021. 33 años después de que la ley se haya producido y 4 después de la primera sentencia del Tribunal Constitucional. A los gobiernos no les han importado nada saber que estaban actuando ilegalmente. La cuestión es exprimirnos hasta la última gota, aunque sea con impuestos tan injustos como el de la plusvalía. Ahora no habrá que pagarlo más si no existe este incremento, pero mientras tanto durante décadas muchos ciudadanos habrán pagando miles de millones de euros de forma totalmente injusta y no les serán devueltos.
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