Según señalan las encuestas, la vivienda se ha convertido en uno de los grandes problemas que une a la mayoría de los ciudadanos; el otro es la política y en esta relación ya podemos encontrar parte de la respuesta del desastre fruto de la total carencia de una política territorial, a escala española y catalana, y urbanística en lo que respecta a Barcelona. Lo que repercute en los tres niveles territoriales en el desastre específico de la vivienda, que paga ahora las consecuencias de una acumulación de graves errores políticos:
- El primero, la insuficiencia de la oferta no sólo social sino general.
- Las limitaciones de suelo disponible para su construcción.
- El largo y burocrático proceso que acompaña la construcción de un nuevo edificio.
- La doble apuesta por el turismo y la inmigración masiva.
- Políticas públicas que hacen recaer la solución, incluso en su dimensión social, en el agente privado en lugar de en las respectivas administraciones.
- Y, como consecuencia final, el retraimiento de la oferta en el mercado de alquiler.
A ello hay que sumar el problema de los trabajadores españoles, que no es el de un número excesivo de horas de trabajo, sino los bajos sueldos.
Por situar una referencia, Barcelona, que es el núcleo del dinamismo económico catalán, todavía no ha recuperado el sueldo medio en términos de poder adquisitivo de 2010. En valores absolutos la cifra en hostelería, una de las ocupaciones más numerosas en la ciudad, es de sólo 20.234 euros al año, y la media global para trabajadores de entre 25 y 29 años. ¿Quién puede pagar un alquiler o ahorrar para comprar un piso en estas condiciones?
A todo esto Barcelona ha añadido un urbanismo, el de Colau ahora parado, pero que no ha retrocedido, el de los ejes verdes (porque en realidad son esto y grandes manzanas) que ha servido para gentrificar zonas de la ciudad disparando los alquileres y desplazando actividades y vecinos de toda la vida, como ha ocurrido en la zona del Mercado de Sant Antoni y en la calle Consell de Cent. La Casa Orsola es consecuencia de buena parte de estos absurdos políticos.
La Casa Orsola, ubicada en el número 122 de la calle Consell de Cent en Barcelona, fue construida en 1909 (aunque algunas fuentes indican 1913). Originalmente, fue diseñada para alojar a los trabajadores de la Fábrica Orsola Solà y Cía, una empresa de mosaicos hidráulicos. El edificio, encargado por Giovanni Orsola, cuenta con 27 pisos y 4 locales, destacando por su fachada verde y su decoración modernista.
En octubre de 2021, la empresa Lioness Inversions compró las dos fincas que componen la Casa Orsola y decidió no renovar los contratos de los inquilinos, con el objetivo de reformar las viviendas y convertirlas en alquileres temporales. La intención era destinar los pisos a alquileres de corta duración, triplicando el precio que pagaban los residentes originales.
Estas buenas perspectivas de mercado venían determinadas por la transformación de Consell de Cent, además de las condiciones generales del mercado de la vivienda de Barcelona, donde los vectores turístico e inmigratorio presionan al máximo, el primero con los pisos turísticos, el segundo en el mercado de alquileres más bajos; un tercio de la población de Barcelona ha nacido en el extranjero.
Esto desató un conflicto entre los propietarios y los inquilinos, que se unieron para luchar contra los desahucios y la especulación inmobiliaria.
Intervención del Ayuntamiento
Una fuerte movilización vecinal y del Sindicato de Inquilinos, destacando el caso de Josep Torrent, un profesor de 49 años que llevaba 22 residiendo en el edificio. Su desahucio, programado inicialmente para el 31 de enero de 2025, fue aplazado en varias ocasiones gracias a la presión social y las protestas, convirtiéndose en un emblema de la resistencia contra la gentrificación, que en parte el propio gobierno municipal ha generado.
El 7 de febrero de 2025, el Ayuntamiento de Barcelona anunció la compra de la Casa Orsola en colaboración con la fundación Hábitat 3, una entidad del Tercer Sector. Esta adquisición se realizó mediante una “fórmula social colaborativa” por importe de 9,2 millones de euros, un 30% por debajo del valor de mercado en el Eixample.
En esta operación el Ayuntamiento aportó el 49% del importe y Hábitat3 el 51% restante. Esta estrategia busca no sólo resolver la situación de la Casa Orsola, sino establecer un modelo reproducible para futuras intervenciones en casos similares, enfrentando la crisis de la vivienda y la especulación inmobiliaria en Barcelona. Para añadir más contradicciones, Ada Colau, con Collboni de teniente de alcalde, rechazó hacerse cargo de la vivienda unos pocos años atrás por un importe inferior al actual.
La compra tiene como objetivo proteger a los inquilinos actuales, tanto aquellos con contratos indefinidos como los que se encuentran sin contrato desde 2023. Los problemas que presenta esta intervención son muchos:
- Es arbitraria y oportunista. ¿Por qué este caso y no muchos otros, con vecinos en situaciones económicas mucho peores?
- Sitúa un precedente. Si no se actúa en términos similares, en un futuro existirá una discriminación.
- Plantea un problema objetivo. La mayoría, por no decir todos los inquilinos de la Casa Orsola, tienen rentas superiores a las que se exigen para recibir ayudas por la vivienda en cualquiera de sus fórmulas. Si permanecen en una vivienda pública será un favoritismo flagrante, si los desahucian estarán como antes.
- No todos los inquilinos son iguales. Hay alquiler de toda la vida, pero también de temporada y un par de okupas. Cómo abordará la cuestión el gobierno municipal es un dato desconocido.
El dinero que maneja el alcalde Collboni no es suyo, no lo puede gestionar a su manera; no puede disponer de ellos a golpe de medios de comunicación de manera arbitraria y confusa. Ha tenido años para encontrar una solución y no lo ha hecho.
Sí, la casa Orsola es un ejemplo de lo que no debe ser la política en términos generales y específicos de urbanismo y vivienda.
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