El incendio mortal almeriense, con trece víctimas, nos ha recordado una realidad que con demasiada frecuencia solo ocupa titulares cuando ya es demasiado tarde. Las personas no murieron solo por el fuego. Murieron porque un gran incendio atrapó a viviendas dispersas, porque las vías de escape se convirtieron en trampas y porque, en muchos casos, huir resultó más peligroso que quedarse.
No es exactamente el mismo caso que Catalunya. Pero es una advertencia muy seria. Porque nuestro país arrastra desde hace medio siglo un problema estructural que nunca ha querido afrontarse con la determinación necesaria: las urbanizaciones construidas en contacto directo con el bosque.
Es el paradigma de un país mal organizado. Cada verano el riesgo reaparece, cada incendio lo pone de manifiesto y, pasado el peligro, vuelve el silencio administrativo. Ahora, con episodios de calor extremo, sequías más persistentes y condiciones meteorológicas cada vez más favorables a los grandes incendios, la situación es aún más delicada.
La pregunta es inevitable: ¿qué piensa hacer el gobierno de Illa? ¿Qué esfuerzo presupuestario destina a corregir este problema histórico, aprovechando que dispone del presupuesto más elevado de la historia de la Generalitat? La respuesta, hasta ahora, es desoladora: nada significativo. Probablemente, pronto se nos presentará un nuevo plan estratégico con horizonte 2040. Una especialidad muy suya: chutar la pelota adelante. Una jugada de rugby institucional que consiste en ganar tiempo mientras la realidad sigue acumulando combustible.
Las cifras son bastante elocuentes.
Catalunya tiene inventariadas 1.433 urbanizaciones. De estas, aproximadamente 730 presentan déficits urbanísticos importantes. Muchas provienen de los años sesenta, setenta y primeros de los ochenta, cuando se comercializaron parcelas sin una adecuada planificación o con urbanizaciones inacabadas.
Los problemas son conocidos desde hace décadas: calles insuficientes, alcantarillado deficiente, drenaje incompleto, iluminación precaria, accesos difíciles, servicios públicos incompletos y, a menudo, una situación administrativa que todavía hoy no está plenamente regularizada.
En la demarcación de Barcelona, la Diputación identifica 335 urbanizaciones con déficits, que ocupan más de 10.500 hectáreas y concentran a cerca de 78.000 habitantes en más de 42.000 viviendas.
Pero el verdadero problema no es solo urbanístico. Es forestal
Catalunya es un país de bosques. El 63,6% del territorio es superficie forestal, mientras que el suelo urbano, urbanizable y destinado a infraestructuras representa solo el 6,8%. Esto significa que buena parte de estas urbanizaciones viven, literalmente, dentro del bosque o enganchadas a su límite.
La denominada interfaz urbana-forestal es hoy uno de los principales riesgos de protección civil.
Por cuatro motivos muy sencillos.
Primero aumenta enormemente los puntos potenciales de ignición: viviendas, vehículos, maquinaria, líneas eléctricas, jardines, obras o barbacoas.
Segundo, multiplica a la población expuesta. Ya no se trata solo de apagar un incendio forestal; es necesario evacuar o confinar a miles de personas.
Tercero, muchas urbanizaciones presentan calles estrechas, fondos de saco, fuertes pendientes, hidrantes insuficientes y accesos complicados, lo que dificulta extraordinariamente la actuación de los bomberos.
Y, cuarto, cuando el fuego llega a las viviendas, la prioridad de los equipos de extinción deja de ser contener el incendio forestal para pasar a salvar a personas y proteger casas. Es un enorme cambio operativo que puede favorecer la propagación del fuego.
La legislación catalana obliga a estas urbanizaciones a disponer de una franja exterior de protección de al menos veinticinco metros, con vegetación aclarada y el sotobosque limpio. Pero entre la norma y la realidad sigue existiendo una distancia considerable.
Durante 2024, la Diputación de Barcelona redactó 56 proyectos de mantenimiento de franjas, financió 59 actuaciones y ejecutó poco más de 300 hectáreas de protección.
Es un trabajo positivo. Pero resulta claramente insuficiente frente a cientos de urbanizaciones deficitarias repartidas por miles de hectáreas.
Existe, además, un segundo factor a menudo olvidado. El problema no es solo la urbanización. Es también el bosque.
Alrededor del 76% de la superficie forestal catalana es privada, pero solo una parte relativamente reducida dispone de instrumentos efectivos de gestión forestal. Esto se traduce en masas forestales densas, continuidad vegetal, acumulación de combustible y un sotobosque sin mantenimiento.
La combinación es explosiva: una urbanización vulnerable envuelta en un bosque insuficientemente gestionado.
Los incendios de este mismo julio han vuelto a demostrarlo. Los confinamientos masivos en Sentmenat, Anoia, Gavà o Bisbal d’Empordà evidencian que el problema ya no consiste únicamente en apagar bosques. Consiste, cada vez más, en proteger a poblaciones enteras.
Y esta es la cuestión de fondo.
Durante décadas se ha discutido si estas urbanizaciones eran legales, ilegales, recepcionadas o pendientes de regularización. Hoy este debate sigue siendo importante, pero ya no es el principal.
La pregunta es otra:
¿podemos seguir manteniendo este modelo residencial disperso en un territorio donde casi dos tercios del suelo es forestal y donde el cambio climático incrementa la frecuencia de situaciones extremas?
No existe una respuesta fácil. Pero sí una certeza.
Sin regularizar definitivamente estas urbanizaciones, garantizar franjas de protección efectivas, mejorar los accesos, instalar hidrantes suficientes, elaborar planes de autoprotección obligatorios y gestionar en serio los bosques que las rodean, Catalunya seguirá convirtiendo los incendios forestales en emergencias urbanas.
Y la diferencia entre una emergencia y una tragedia, en ocasiones, es solo cuestión de unos minutos.
Una urbanización vulnerable rodeada de un bosque sin gestionar es una bomba de relojería. #incendisCatalunya Compartir en X
