Mientras el gobierno español mantiene congelada toda decisión para paliar la crisis del aumento desmesurado de precios y hace un tour diplomático por Europa, en el que en teoría hace campaña a favor del desacoplamiento del precio del gas del mercado marginalista de la energía, causa principal del incremento de precios, Macron, el presidente francés, ya ha hecho público que ésta será la decisión que tomará la UE. En este sentido, parece que el viaje de Sánchez es más ornamental que otra cosa, aunque tanto la Comisión Europea como Alemania ven con malos ojos modificar el actual sistema de establecimiento del precio porque cambiar el actual procedimiento marginalista, que hace que el precio final de la energía sea definido por el componente más caro, que es siempre el gas, supone romper las reglas del mercado, algo que no atrae a la Comisión.
Por otra parte, significa también compensar a las centrales de gas. Si ahora se cambia el sistema y se establece un precio determinado para el conjunto de las energías, se producirá una penalización a aquellos países que dependen más del gas para producir electricidad porque tendrán que pagar por su propia cuenta la diferencia. Y este es el caso de Alemania, que sigue alimentándose en gran medida del gas ruso, lo que no se da en Francia que, como es sabido, tiene como componente mayoritaria la electricidad de origen nuclear. Pero, mientras Sánchez hace este tour europeo lo que parece inútil, porque o bien como dice Macron el tema está resuelto o bien, como sostiene la Comisión, no habrá cambio, el país está inflamado.
La manifestación del sector agrario y rural este domingo en Madrid fue impresionante porque concentró entre 150.000 y 400.000 personas que se añaden a la huelga de camioneros, acusada sin fundamento por parte del gobierno de operación de la extrema derecha, que ya hace sentir sus efectos sobre los abastecimientos y la producción.
Las centrales lecheras se quedan sin producto y los ganaderos se ven en la obligación de tirarla porque no pueden acumular indefinidamente la leche que producen sus vacas.
Algo parecido ocurre con el sector agrario que ve cómo los productos perecederos no pueden ser transportados y se estropean. El sector pesquero también ha entrado en una situación de huelga, si no general muy cercana a ella. El resultado de todo ello es una cadena de consecuencias por el aumento del coste de la energía, de los fertilizantes, que son una de sus consecuencias, y la falta de cereales como resultado directo del conflicto ucraniano. También determinadas grandes empresas, las más electrodependientes, han cerrado o reducen su producción.
Progresivamente, día tras día se nota un efecto en cadena que daña al conjunto de la actividad productiva y que culminará, si no se hace nada suficientemente potente, en un deterioro sustancial de las rentas familiares. En este sentido, cabe apuntar que no ha habido todavía una repercusión total por parte de los proveedores en los aumentos de precio y, por tanto, éstos continuarán creciendo en el futuro. No sólo eso, sino que la previsión de los mercados internacionales es que la inflación en nuestro país al menos se sitúe en el 10%. En estas condiciones aguantar los salarios parece inviable, y a pesar de que ambos sindicatos, CCOO y UGT, hace tiempo que son apéndices gubernamentales tendrán muy difícil no iniciar una ola de reivindicaciones.
A diferencia de otros gobiernos, como el de Francia y Portugal, España no está modificando el precio de la energía y quiere esperar a la reunión de jefes de gobierno de fin de mes para ver qué medidas adopta, pero es evidente que la velocidad con el que se propagan los incrementos de precios multiplican el malestar social, que puede acabar estallando.
La única buena noticia para el gobierno es que la inflación juega a su favor en cuanto a los ingresos fiscales. Cada día que pasa sin hacer nada se multiplican, si bien esta mejora fiscal tiene como contrapartida que, al haber indexado las pensiones con el incremento de precios, multiplicará más su coste todavía.
En cualquier caso, es evidente que el gobierno Sánchez está mostrando una extraordinaria incapacidad para diseñar políticas anticrisis. Si este hecho se le añade la lentitud con la que después la administración traslada a la economía las ayudas que se puedan establecer, el panorama por la economía y las empresas españolas es más bien poco halagador.
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