La ANC, esta pieza clave del independentismo no partidista y que ha sido la autora de las grandes movilizaciones del 11 de septiembre, no acepta en modo alguno la nueva figura de los desórdenes públicos agravados. Pero no limitan su oposición a una declaración, sino que convocan una manifestación el 6 de diciembre a las 12 del mediodía que terminará ante el Palau de la Generalitat, porque consideran que la medida pactada es un «atentado contra los derechos fundamentales» y porque «no podemos tolerar ningún pacto con España para encarcelarnos».
El texto de la convocatoria recuerda que ahora las personas pueden ser castigadas hasta 3 años de cárcel y que esto incorpora a las figuras penalizadas como “la invasión de instalaciones o edificios”, “la obstaculización de vías públicas que presenten un peligro para la vida o la salud de las personas” y cualquier acto de “intimidación sobre las personas o las cosas”. La ANC considera que un redactado tan genérico comporta la posibilidad discrecional de infligir un castigo penal a cualquier movilización.
Por ejemplo, afirma que con este texto podría llevar a prisión a “las decenas de miles de personas que permitieron y protegieron el referéndum sobre la independencia en edificios y escuelas públicas, así como los miles de personas que, ejerciendo el derecho a la manifestación pacífica, cortaron carreteras o vías públicas”. Su razonamiento es el siguiente: si bien es cierto que la reforma de la sedición puede rebajar las penas para unos pocos, también es cierto que facilita la aplicación de penas de cárcel a miles de activistas. Canjear el beneficio de algunos contra las actividades en la calle y la ocupación de edificios que puede REALIZAR el movimiento independentista, consideran que no solo no es una solución sino que constituye un paso atrás importante. Y por ese motivo convocan la manifestación.
En este terreno a ERC se le abre otro frente, porque si bien es cierto que la ANC ha perdido mucho potencial con el paso de los años, no deja de ser un sujeto muy activo en el ámbito de la independencia y este hecho puede tener consecuencias políticas e incluso electorales.
ERC no puede únicamente ante estos sectores de población refugiarse en los que a través del diálogo se avanza si no explica por qué esta formulación agravada tiene este tipo de redactado que, sin duda, da pie a interpretaciones como las que realiza la Asamblea; es decir, que pueda castigarse con prisión.
En definitiva, sería una cuestión que quedaría en manos de los jueces y fiscales, acciones que ahora no comportaban esta pena. Si así fuera la famosa desjudicialización del caso no se produciría, sino que por el contrario se daría una multiplicación de casos de mucha menor entidad de los que ahora afectan a los líderes, pero con una incidencia social mucho mayor.
De hecho, si esta reforma entra en funcionamiento antes de fin de año, tal y como se prevé, la judicatura ya podrá aplicarla en todos los casos que hay pendientes de juicio. No dejaría de ser una gran paradoja que la liquidación del delito de sedición diera lugar a una situación no querida como la que se está produciendo con la ley del “Sí es sí”, pero en sentido opuesto. La ley de la ministra Montero atenúa las penas de muchos condenados por abusos y agresiones sexuales, y la modificación del Código Penal para beneficiar a los líderes del independentismo tendría como consecuencia agravar las penas de sus seguidores más activistas.
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