La radiografía de los jóvenes y adolescentes en España en cuanto a sus problemas debería mover a una intensa preocupación de los poderes públicos.
Suicidio juvenil
El suicidio de la población juvenil es un creciente problema. Entre 2019 y 2021, los suicidios han aumentado un 32,35% . Lo que es peor, ya es significativo el número de personas de 12 a 17 años que mueren por esta causa, pasando de 34 a 45. En otros términos, mueren tantos adolescentes por suicidio como el total de mujeres por violencia de género, pero como que este fenómeno afecta a nuestros jóvenes, no parece que se haga demasiado caso. No es la pandemia la causa principal porque este creciente ciclo de mortalidad ya empezó en el 2018.
Enfermedades mentales
Otro grave problema que ha explotado con fuerza es el de las enfermedades mentales. El 59% de jóvenes de 15 a 29 años reconoce sufrir problemas de salud mental. Ésta es una cifra muy alta si se considera que la prevalencia en la población total es del 27,4%.
Enfermedades de transmisión sexual (ETS)
También se dispararon entre los jóvenes. La gonorrea afecta al 24% de los menores de 25 años, la clamidia al 37,6% y la sífilis al 10%. Son resultados abrumadores.
Drogadicción
La drogadicción es otro problema que sigue expandiéndose. El 70,5% de los jóvenes españoles entre 14 y 20 años consumieron alcohol en el último año, el 31% fumaron tabaco en el mismo periodo, el 22% consumieron cannabis y el 7% ingirieron hipnosedantes sin prescripción médica.
A este hecho bien conocido, se le añade otro fenómeno emergente: la llamada droga low cost, que consiste en mal conocidos productos de síntesis que se utilizan para facilitar droga barata a la gente muy joven. También es preocupante la práctica creciente de tomar productos como jarabes y otros fármacos con efectos estimulantes o alucinógenos. Este doble fenómeno, uso de productos sanitarios y drogas baratas de síntesis, hace crecer la bola de nieve de la drogadicción y sus consecuencias entre la población de menor edad.
Pornografía y prostitución
Es un fenómeno bien conocido y sin medidas de entidad que aborden la extensión masiva de la pornografía entre jóvenes y adolescentes, incluso niños. Acceden por primera vez con 12 años, y el 68% la consumen de forma frecuente, sobre todo a través del móvil (94%), accediendo a contenidos gratuitos (98,5%). Son productos que incitan a la violencia y a la desigualdad en el trato hacia la mujer. Como prolongación de este fenómeno, un 10% de los jóvenes han accedido a la prostitución para mantener relaciones sexuales.
Violencia sexual
La violencia sexual es algo absolutamente disparado que no encuentra respuesta en los poderes públicos ni en la sensibilidad de la propia sociedad. Según los datos del Ministerio del Interior sobre delitos contra la libertad sexual, en el caso de los menores, éstos significaron 8.337 delitos, representando el 44,5% de todos los delitos contra la libertad sexual. La dimensión es extraordinaria y el desequilibrio también, puesto que una pequeña parte de la población, la de los menores de edad, acumula casi la mitad de estos delitos.
Preocupante también es el crecimiento exponencial, puesto que en 2016 representaban 5.607 víctimas. Resulta incomprensible la indiferencia del gobierno frente a este escenario.
Resultados escolares
Con todo esto, ¿quién puede extrañarse de los malos resultados escolares de toda una parte de la población? Entre una cuarta y una quinta parte de los alumnos tienen un rendimiento muy bajo en matemáticas, lectura y ciencias, es decir, se sitúan en los dos niveles más bajos de la clasificación PISA. Aunque las cifras afecten a personas distintas, no estaría fuera de lugar pensar que una cuarta parte de nuestros jóvenes, que ya son muchos, entrarán en la edad adulta en pésimas condiciones de conocimientos, salud, hábitos, virtudes y capacidades relacionales.
Actuaciones del gobierno
En este contexto, es manifiesto que el gobierno Sánchez no sólo no tiene ninguna preocupación por afrontarlo, sino que actúa en sentido contrario recortando y recortando la patria potestad. Lo hizo con la ley de la infancia y antes con la actual ley de educación.
Recuerde aquella frase célebre de la ministra Celaá: «los hijos no son de los padres», olvidando que sí son responsabilidad de los padres. Pero el gobierno los quiere como simples proveedores materiales despojados de toda autoridad y derecho para guiar a sus hijos.
Ahora mismo acaba de confirmarlo el Tribunal Constitucional, que en realidad, por lo que va produciendo en materia de sentencias, es más el Ministerio de Asuntos Constitucionales del gobierno que el más elevado garante de la constitucionalidad. El Tribunal consideró que está dentro del marco de nuestra máxima norma de convivencia que las menores de edad de 16 a 17 años puedan abortar sin conocimiento de los padres. Es una aportación más del presidente del Tribunal, Cándido Conde-Pumpido. En definitiva, él cuando surja el problema no lo va a entomar.
Si los padres no pueden primar la autoridad paterna, su orientación moral y religiosa, y no pueden impedir hechos tan traumáticos como un aborto en una menor de edad, no puede extrañarnos de ninguna manera que nuestra juventud, una parte importante y creciente de ésta, crezca sumergida en un océano de problemas que condenarán toda su vida futura.
Todo esto clama al cielo y abre las puertas del infierno.
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