Salen sonrientes y satisfechos en las fotografías, sin ser conscientes de lo ridícula que es la procesión de dignatarios políticos y altos cargos para inaugurar solo 72 pisos sociales . Además del presidente del gobierno, la ministra, el presidente de la Generalitat y el alcalde de Barcelona, había consejeros, directores generales, secretarios generales, jefes de gabinete, miembros de protocolo… De hecho, casi había un alto cargo por cada vivienda que se inauguraba. Esto da una idea de lo mal que está la situación de la vivienda, lo que provoca que se precipiten como un enjambre a la inauguración de un evento que, a lo sumo, habría justificado la presencia del alcalde y el concejal del distrito.
La política de vivienda es un escándalo, un desastre, pese a las promesas reiteradas de Sánchez, especialmente en período electoral, sobre las decenas de miles de pisos que pondría a disposición de la gente. Todo esto ha sido inexistente y, en realidad, la política de vivienda que se ha seguido ha acabado reduciendo aún más la oferta.
La realidad pura y dura se concreta en dos puntos: lo importante es que no se hace ni de lejos la vivienda social necesaria; el otro es que la colaboración público-privada es muy débil y mal articulada. Aunque sea políticamente incorrecto, cabe decir que Franco lo hizo mejor. Un reciente estudio de la Cátedra de Empresa, Vivienda y Futuro de la UPF, titulado “La promoción de vivienda en los planes estatales y los fondos Next Generation. La insuficiencia de instrumentos y presupuestos” , señala que el gran impulso a la vivienda oficial protegida en España y en Cataluña se produjo en los años 50 y 60 del siglo pasado. Hubo años en los que, de hecho, toda la vivienda construida era de protección oficial. Desde 1960, se realizaron 6,2 millones de viviendas protegidas, de las cuales 800.000 están en Cataluña, y en buena parte fueron construidas durante este período.
Ahora que vuelven a surgir las barracas, con otro nombre, el de asentamientos, vale la pena recordar cómo la Barcelona de Porcioles acabó erradicando el chabolismo que afectaba a miles y miles de familias. Es cierto que muchas de estas viviendas eran deficientes y periféricas, pero mejor eso que nada, porque la promoción masiva de vivienda social tendría la virtud de incidir sobre buena parte del mercado, bajando los actuales precios.
En contraste, entre 2014 y 2022, las viviendas de protección finalizadas en España fueron 59.928 por parte de promotores privados y sólo 14.737 por parte de promotores públicos. Estas cifras están muy alejadas de las necesidades reales y, además, muestran la insignificancia de la promoción pública. Construir 14.737 viviendas en 8 años es una miseria, más aún si tenemos en cuenta que 4 de estos años corresponden al período del gran compromiso de Sánchez con la vivienda social.
La eliminación de determinadas políticas de fiscalidad relacionadas con la adquisición o arrendamiento de viviendas ha supuesto un importante ahorro para los presupuestos públicos. El problema es que este dinero no se ha destinado a políticas potentes de vivienda, ni se han desarrollado medidas alternativas para estimular, por ejemplo, la promoción de alquileres. Lo único que ha conseguido es que el gobierno hiciera caja y destinara el ingreso a otros fines.
El plan 2022-2025 debería significar un cambio de paradigma, al menos porque están en juego los fondos Next Generation, que suponen una inyección importante. Sin embargo, tal y como están planteados, no parece que por esta vía llegue la respuesta necesaria. Este plan tiene dos programas con ayudas directas a la promoción, pero son muy limitadas: viviendas para personas mayores o con discapacidad, o desarrollar modelos como el cohousing. Las subvenciones son importantes -pueden llegar a los 700 €/m²-, pero pueden tener un efecto menor y no están bien concertadas con líneas de préstamo subvencionado.
De hecho, la proyección que hace el INE del plan territorial de la vivienda prevé la construcción de solo 15.000 viviendas al año durante los próximos 15 años. Para situarlo en contexto, basta con recordar que el director general de la Vivienda y Suelo del Ministerio de la Vivienda y Agenda Urbana, Javier Martín, explicó que España necesitaba 1 millón de inmuebles y que las necesidades crecen en 100.000 viviendas cada año. Por su parte, el Banco de España, en su informe anual de 2023, dedicó una importante atención a esta cuestión, señalando que había un déficit de 600.000 unidades hasta 2025, concentrado sobre todo en cinco provincias: Madrid, Barcelona , Valencia, Málaga y Alicante.
Otro factor que contribuye a aumentar el problema es el crecimiento del alquiler por vacaciones, que representa ya cerca del 10% de este mercado, unas 340.000 viviendas. Si a esto le añadimos la inmigración masiva de los últimos años y el hecho de que cada vez hay más personas que viven solas, es evidente que la demanda seguirá creciendo si no se adoptan soluciones a gran escala.
En contraste, España tiene 4 millones de viviendas vacías o desocupadas, fruto sobre todo del boom de la construcción. Unos 400.000 están en ciudades de más de 250.000 habitantes. Movilizar esta vivienda podría contribuir a aumentar su oferta, pero una parte importante está en mal estado o tiene mala accesibilidad o baja eficiencia energética. Por tanto, haría falta un plan, inexistente hasta ahora, para poner en marcha el aprovechamiento, si no de todo el stock, al menos de buena parte de esta vivienda ahora inútil.
Todo ello describe claramente que el problema de la vivienda es un problema de irresponsabilidad política y de falta de eficiencia y eficacia por parte de los responsables. No se resolverá si no se construye masivamente vivienda social, lo que significa planificar, coordinar y concertar bien con el sector privado.
Sería racional separar la lógica del mercado de las necesidades de vivienda social, masivas. En este sentido, dada la dispersión de competencias entre comunidades y administración central, nada sería mejor que establecer un Instituto de Vivienda Social, con participación de todos los sectores implicados -gobierno, comunidades autónomas y constructores-, para aportar una solución integral al problema utilizando los recursos existentes, una mejor coordinación y una mayor eficacia ejecutiva.
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