El partido socialista, Sánchez e Illa se empeñan en vender una Catalunya pacificada cuando la realidad esconde una sociedad ausente de sus responsabilidades públicas, incluso de la política, y frustrada en sus propósitos.
Basta con mirar al Parlament para constatarlo. ¿Quién lidera la oposición? Nadie, algo insólito cuando el gobierno sólo tiene 41 diputados de un total de 135. Está claro que, en la casa de gobierno de enfrente, en la Pl. de Sant Jaume, el gobernante sólo tiene 10 concejales de 41, y tampoco nadie conoce quién lidera la oposición. Eso sí, disfruta de la sumisión de los Comuns y su gen de Iniciativa per Catalunya, y del seguimiento de ERC que, según lo pactado, o tendrá que acabar con una ruptura ruidosa, porque no habrá ni Pacto Fiscal, ni Traspaso tangible de Cercanías, ni condonación de la deuda del FLA, o continuará pagando su desprestigio en una hemorragia de votos.
En este escenario hay que situar los retos que debe afrontar Cataluña: dos cifras resumen la situación. En 1995, el PIB de Cataluña significaba el 18,8% del español. Exactament la misma proporción que rige actualment; a esto lo podrímos llamar estancamiento. Pero si miramos lo que realmente importa para el bienestar de los ciudadanos, que es el PIB per cápita, entonces se nota: nos hemos mantenido gracias a importar inmigrantes con poco capital humano y, por tanto, de baja productividad.
El resultado es que si ese año nuestro PIB significaba el 121,4% del español, y por tanto más de un quinto superior, ahora se ha reducido al 114,5%; hemos perdido prácticamente 7 puntos en una década. Y esto ya no es estancamiento, es regresión. Y si consideráramos la multitud de indicadores socioeconómicos y políticos disponibles a escala europea en los ámbitos regionales, constataremos la mediocridad en la que se encuentra instalada Cataluña sin que se perciban elementos de mejora y, más bien, de lo contrario, como indica el mal estado de tres servicios básicos del sistema de bienestar: educación, sanidad y dependencia.
Hay mucho trabajo por hacer en estos tres capítulos. Hay un aspecto inmediato de sencilla aplicación, que tendría como resultado la mejora parcial, lo sustancial, en todos estos servicios: su desburocratización, simplificando procesos, por un lado, y, por otro, en los centros sanitarios y en las escuelas, incorporar personal para la gestión administrativa, liberando a médicos y personal sanitario de la ingente tarea burocrática.
A continuación se presenta una lista de retos a corto plazo bien conocidos:
- Aprobar los presupuestos de 2025 en tiempo y forma.
- Iniciar de forma efectiva la asunción de los traspasos de Cercanías, a partir de este mismo mes de enero y con resultados tangibles para el año en curso.
- Concretar el pacto sobre financiación que cerró con Esquerra Republicana, explicarnos en qué consiste, e iniciar la negociación con el Gobierno central.
Estas tres cuestiones importantes no agotan, evidentemente, todo el panorama. El aeropuerto y su ampliación siguen siendo una asignatura pendiente. La seguridad ciudadana es un problema en todas sus dimensiones y, hasta ahora, lo único que hemos visto es una cesión competencial en el ámbito de la coordinación policial.
Ha funcionado a la inversa de lo habitual: en lugar de ganar una competencia para el Gobierno de la Generalitat, ha sido el Gobierno español que ha penetrado en el sistema de coordinación de la policía de Catalunya. Esto se podrá ver como positivo por parte de algunos, pero es difícil que, desde el independentismo, incluso desde el nacionalismo, pueda verse como un avance, y sí más bien como un signo de lo que se interpreta que es gobernar Catalunya.
La seguridad, además, es un gran reto no sólo por la pequeña delincuencia y la reincidencia que agobia Barcelona, sino por dos grandes amenazas. La progresiva extensión de las grandes bandas dedicadas al tráfico de drogas que tienen dos flujos de alimentació: uno, autóctono, a partir del crecimiento de las plantaciones de marihuana y los centros de tratamiento de esta droga que se exporta a Europa; por otra parte, la entrada cada vez más frecuente de droga a través de nuestras costas, en la que el puerto de Barcelona es una caja negra que, por no hablar de ello, algún día acabará reportando graves sorpresas.
La otra amenaza potencial es el yihadismo, que tiene en Cataluña, y sobre todo en Barcelona y Girona, un terreno favorable. No es por casualidad que el territorio catalán sea uno de los centros de la inmigración musulmana. Hay un resultado a la vista: de los 81 detenidos en España durante el 2024 por presunto terrorismo yihadista, nada menos que 21 son de Catalunya y, en concreto, 16 de Barcelona. Para situar unas referencias, en Madrid sólo son 4 y en todo el extenso territorio andaluz y su proximidad a Marruecos, sólo alcanzan la cifra de 12. Hoy hay motivos para la preocupación.
Pero existen más cuestiones. Una ya la destacó Illa y tiene un compromiso a cumplir: 50.000 viviendas para 2030 que debe poner a punto la Generalitat. Esta cifra queda lejos de las necesidades estimadas en unas 200.000 viviendas, y es necesario movilizar todo el suelo disponible para alcanzar un parque de vivienda pública equivalente al 15% en un plazo de 20 años. Pero mientras tanto, ¿qué? Los costes de alquiler y compra de viviendas han aumentado, dificultando el acceso, especialmente para jóvenes y familias con ingresos medios y bajos. El gobierno catalán no dice con qué podemos contar en los próximos cuatro años, y eso es prioritario, porque nadie sabe dónde estará Illa en el 2030 y menos aún dentro de 20 años.
La deficiencia en el servicio de Cercanías no puede esperar más. Además, se prevé un aumento del 3% en las tarifas del transporte público en el Área Metropolitana de Barcelona a partir del 15 de enero de 2025. ¿Qué podemos esperar de mejora para este año? En lugar del traspaso de Cercanías, de momento tenemos el parto de los montes: 77 millones de euros durante 2025 y 2026 para mejorar la seguridad, mantenimiento y limpieza de las estaciones, así como la calidad de la información para los usuarios. Debe cumplirse el compromiso de que la primera línea transferida, la R1 del Maresme, esté operativa este año.
La universidad tiene una financiación insuficiente: las universidades catalanas han perdido 400 millones de euros desde el 2013 a causa de recortes, lo que impide la renovación de infraestructuras y la captación de talento. A esto se le suma el envejecimiento del personal: se estima que en los próximos diez años se jubilará a uno de cada tres profesores y trabajadores de administración y servicios. Y una disminución de estudiantes: la crisis demográfica afecta a la matrícula universitaria, con una reducción significativa de estudiantes.
La gestión del agua es otro asunto clave, y junto con las depuradoras, desalinizadoras y el reciclaje del agua utilizada, Cataluña tiene dos grandes retos pendientes: racionalizar el uso del agua para riego del Canal de Urgell y los riegos del Ter y dar un uso a este agua excedente, y conectar con agua excedente producto de la mejora de la eficacia del riego del Ebro con las cuencas interiores. De hecho, la interconexión es una necesidad percibida por la ingeniería hidráulica desde los tiempos de la primera Generalitat en los años treinta.
Cataluña no escapa al problema de la elevada tasa de paro juvenil: los jóvenes afrontan dificultades para acceder al mercado laboral, con tasas de paro superiores a la media del total de paro. Esto, unido a los bajos salarios juveniles y el problema apuntado de la vivienda, sitúa a la juventud ante un muro difícil de atravesar.
La cuestión de la energía cuenta con otro compromiso de Illa. En el ámbito de la transición energética, el Govern se compromete a garantizar el 50% de la producción eléctrica con energías renovables con la instalación de 5.000 Mw de energía eólica y 7.000 Mw de fotovoltaica. Pero nada nos dice del próximo cierre de las centrales nucleares, base de la provisión energética de Catalunya, y cómo se articula este cierre con la entrada en funcionamiento de otras fuentes de naturaleza renovable.
En un terreno tan sensible como es el de la lengua, Illa debe cumplir el compromiso de revertir el retroceso del catalán como lengua de uso habitual y explicar cómo piensa hacerlo en términos concretos, más allá de declaraciones como la del “Pacto nacional por la lengua” que debería aprobarse en el primer trimestre de 2025.
En la lista hay un olvidado: la creación de una convención nacional para abordar el conflicto político catalán. Este órgano, que debía constituirse, todavía no tiene fecha, lo que ha generado nuevas críticas de ERC. En paralelo, el pacto nacional por la lengua catalana, un compromiso heredado del Govern de Pere Aragonès, tras múltiples retrasos.
Illa debe demostrar que puede gobernar Catalunya en función de las necesidades del país y abandonar la mentalidad de simple muleta de Sánchez. Al presidente catalán le va mucho en ese empuje y a todos nosotros aún más. No podemos perder más tiempo en juegos de manos partidistas y promesas incumplidas.
