La agencia federal alemana para la inteligencia interior clasificó de forma oficial la semana pasada el partido de la derecha alternativa, Alternativa por Alemania (AfD por sus siglas germánicas) como una “organización demostrada de derecha extremista”.
Se trata del golpe más duro a este partido político desde su fundación, conocida por sus postulados antiinmigración y contrarios al islam, y que permite a las fuerzas de seguridad alemanas intensificar la vigilancia de sus líderes y miembros.
Se trata también de la primera vez desde el regreso de la democracia a Alemania después de la Segunda Guerra Mundial que una fuerza política de alcance nacional recibe ese tratamiento. Recordemos que la AfD quedó segunda en las elecciones federales de febrero, con cerca del 21% de los votos.
Según la Oficina Federal para la Protección de la Constitución de Alemania, se dispone de pruebas suficientes para concluir que la AfD “trabaja contra el sistema democrático de Alemania”.
Un informe interno de un millar de páginas apoya esta decisión, y cita violaciones a principios federales como la dignidad humana y el Estado de derecho.
No podemos entrar aquí en los méritos jurídicos de la decisión por falta de información, pero, políticamente hablando, se trata de un acto de profundo significado, ya que equivale a tachar de extremistas y dejar a un paso de la exclusión del sistema democrático a uno de cada cinco votantes alemanes.
El siguiente –y definitivo– paso al que la AfD podría hacer frente sería la ilegalización del partido, una decisión que depende en última instancia del Tribunal Constitucional Alemán, así como del apoyo del gobierno federal.
Como las últimas encuestas demuestran, la AfD tiene todavía potencial para crecer si le dejan seguir presentándose en las urnas.
De hecho, desde que el futuro canciller democristiano Friedrich Merz anunció su “gran coalición” con los socialdemócratas del canciller saliente Olaf Scholz, su alianza CDU-CSU se encuentra en franca bajada.
La AfD está capitalizando ese descontento por el giro a la izquierda de Merz, tras realizar una campaña marcadamente de derechas para atraer votantes descontentos con la desastrosa coalición semáforo de Scholz y tentados de votar a la derecha alternativa.
Pero como ya analizamos, la maniobra política de Merz deja en evidencia que, a fin de cuentas, son los intereses partidistas los que más pesan. El establishment político intenta unirse para sobrevivir.
En medio de ese terror hacia los partidos de la derecha alternativa que se ha apoderado de las élites europeas, las voces que se hacen oír más para denunciar maniobras de dudosa legitimidad como la alemana provienen de la administración de Donald Trump en Estados Unidos.
La libertad de expresión en Europa es un tema recurrente del vicepresidente estadounidense JD Vance, quien ya denunció lo que él considera la hipocresía del Viejo Continente en un discurso en la Conferencia de Seguridad de Múnich que será recordado durante muchos años.
Una vez más, e independientemente de los argumentos jurídicos que han conducido a la decisión alemana, resulta cada vez más difícil evitar pensar que la democracia europea y las libertades en Europa se van atrofiando de forma inexorable. Y es que hay que mantener siempre presente que el auge de partidos como la AfD no es una causa, sino la consecuencia del fracaso de Europa para dar respuestas a sus ciudadanos ante los retos del siglo XXI.
El auge de partidos como la AfD no es una causa, sino la consecuencia del fracaso de Europa para dar respuestas a sus ciudadanos ante los retos del siglo XXI Compartir en X
