Hay impuestos que hacen ruido cuando llegan, y otros se instalan en silencio, como la humedad en las paredes viejas: no la ves el primer día, pero con los años te acaba cayendo el techo encima. El IVA pertenece claramente a esta segunda categoría. No protesta, no convoca huelgas, no ocupa titulares con facilidad, pero es persistente, omnipresente y, sobre todo, profundamente injusto. Y esto no es una opinión extravagante: es una constatación empírica que se puede seguir con todo detalle si se tiene la paciencia de repasar su historia.
El Impuesto sobre el Valor Añadido graba todas las compras que hacemos, desde el pan de cada día hasta la vivienda en la que vivimos, pasando por la energía, el agua o los servicios esenciales. A diferencia del IRPF, no es progresivo. Tanto paga IVA quien llega justo a fin de mes como quien vive cómodamente instalado en la abundancia. Porcentualmente, el mordisco es mucho más doloroso para los primeros. Esta es la clave de vuelta del problema.
El IVA entró en vigor en 1986, coincidiendo con la incorporación de España a la Unión Europea. El sistema tenía entonces una cierta lógica interna: un tipo reducido del 6%, un general del 12% y un tipo especial del 33% reservado a los productos de lujo, aquellos que no formaban parte de las necesidades cotidianas de la mayoría. Era, al menos, una manera rudimentaria, pero reconocible de introducir un criterio de justicia fiscal: quien más podía, más pagaba cuando consumía lo que no era imprescindible.
Pero esta arquitectura empezó a resquebrajarse en 1993. En un movimiento que hoy todavía cuesta entender —o quizás no tanto— se suprimió el IVA elevado del 33%, el único que gravaba el consumo de los ricos. Asimismo, se introdujo un IVA superreducido del 3%. El problema, cómo no, era que esto reducía la recaudación. Y aquí aparece la constante histórica que nunca falla: los gobiernos pueden cambiar de color, discurso y promesas, pero tienen una aversión congénita a perder ingresos. La solución fue tan simple como efectiva: subir el tipo general a tres puntos, hasta el 15%. Resultado: el Estado recaudaba más dinero que antes, pero lo hacía cargando el peso sobre el consumo generalizado.
La historia continúa, como no podía ser de otra forma, con la crisis. En 2010, en plena asfixia económica de las familias, el gobierno decidió “ajustar” el IVA: el reducido subió hasta el 8% y el general hasta el 18%. El lenguaje tecnocrático lo presentó como una medida inevitable; la realidad cotidiana lo vivió como un nuevo tirón en el bolsillo. Y todavía no era el final.
En 2011 y en los años siguientes, con la intervención de facto de la troika y los famosos “hombres de negro”, el tipo general escaló hasta el 21%, y el reducido hasta el 10%. Además, varios productos y servicios fueron reclasificados al alza: peluquerías, floristerías, servicios funerarios. Incluso la vivienda vio cómo su IVA pasaba del 4% al 10% en 2013. Todo ello con una naturalidad estremecedora, como si hablar de vivienda no fuera hablar de una necesidad básica sino de un capricho prescindible.
Hoy tenemos un IVA reducido del 10% que afecta al agua, la energía, la vivienda, la gestión de residuos, la asistencia sanitaria, los servicios funerarios o las peluquerías. Es decir, lo que hace posible una vida mínimamente ordenada. Y un IVA superreducido del 4% para algunos alimentos básicos, libros, medicamentos de uso humano o vivienda de protección oficial. El detalle es revelador: la gran mayoría de la vivienda, privada, queda atrapada en el 10%.
Si comparamos con el punto de partida de 1986, el panorama está claro: el tipo general casi se ha doblado, del 12% al 21%, y el reducido ha pasado del 6% al 10%. Mientras, la inflación ha hecho su trabajo con una constancia admirable, incrementando los precios mientras los salarios quedaban atrás, arrastrando pies. El resultado es que las clases populares y una parte creciente de las clases medias no solo han perdido poder adquisitivo año tras año, sino que pagan más IVA por consumir lo básico.
Y todavía hay dos acotaciones que no son menores.
La primera es la vivienda. El mantenimiento del IVA en el 10% en plena crisis inmobiliaria no solo no ha ayudado a resolver el problema, sino que ha contribuido a incrementar los ingresos del Estado a expensas de una necesidad básica. Es una forma de voracidad recaudatoria que roza el cinismo: hacer caja gracias al encarecimiento de lo que la gente necesita para vivir.
La segunda es el trato de favor al turismo. Mientras la vivienda soporta un IVA del 10%, el sector turístico goza del mismo tipo. Ese 10% es el que gravan habitualmente hoteles, campings, restaurantes, bares y la mayor parte de servicios turísticos estándar. Es un contraste muy fuerte con el resto de sectores productivos, con un IVA al 21%.
Por último, existe el gran ausente del debate: los productos de lujo. Aquellos que hasta 1993 tributaban al 33% han desaparecido del mapa fiscal. Hablamos mucho de impuestos a las grandes fortunas, que a menudo no acaban de materializarse por su complejidad y las rendijas legales, pero casi nadie plantea seriamente la reintroducción de un IVA especial elevado para el consumo de lujo, a escala española o europea. Sería una medida simple, comprensible y potencialmente efectiva para aliviar la carga sobre el consumo básico.
El IVA ligado a la inflación es una máquina de deteriorar condiciones de vida. Castiga más a quien menos tiene, erosiona las clases medias y consolida un modelo fiscal que de recaudar sabe mucho. Y todo esto mientras se nos repite, con una alegría sospechosa, que la economía va bien. Quizás sí. Pero en la caja del supermercado, en la factura de la luz o en la firma de una hipoteca, esta buena marcha cuesta cada vez más creer.
El IVA grava todas las compras que hacemos, desde el pan de cada día hasta la vivienda en la que vivimos, pasando por la energía, el agua o los servicios esenciales. A diferencia del IRPF, no es progresivo. #IVA Compartir en X
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