El gobierno Sánchez comenzó el año con unas declaraciones de sus ministras que despertaron una enconada polémica en torno al derecho de los padres a la educación moral y religiosa de los hijos, contemplado por el artículo 27.2 de la Constitución española.
Ahora, pocas semanas después, el gobierno ha anunciado dos medidas más que también son totalmente polémicas. Una hace referencia a la eutanasia, y la otra a contemplar en el Código Penal la apología del franquismo como delito.
Se critica, y con razón, que se quiera implantar la eutanasia bajo el razonamiento de la libertad de opción cuando hace años y años que el plan de cuidados paliativos está prácticamente congelado. Es evidente que no existe libertad de opción si te dan a elegir entre una muerte provocada por el médico o el sufrimiento por la enfermedad terminal que sufres. Una sociedad madura debería ir con cuidado con determinadas legislaciones, como la de la muerte provocada, aunque sólo sea porque son poquísimos los países desarrollados que han legislado en estos términos. En Europa de hecho sólo el Benelux, y poco más en el resto del mundo. Alguna razón de peso habrá cuando países líderes en los derechos humanos continúan prohibiendo la muerte infringida por el médico.
Sobre el anuncio de hacer delito la apología del franquismo, ya se han alzado voces del mundo jurídico cuestionando que tal cosa sea compatible con la libertad de expresión. Precisamente el que fue vicepresidente del Tribunal Constitucional, Eugeni Gay, con una sentencia sobre esta materia, la 235/2007, dejó claro que la libertad de expresión «no puede verse restringida por el hecho de que se utilice para la difusión de ideas u opiniones contrarias a la Constitución». Desde el punto de vista de los juristas, se considera que la simple adhesión ideológica a posiciones políticas de cualquier tipo está ampliamente amparada por la Constitución, que sólo fija como límite el discurso del odio entendido como una incitación directa a la violencia contra los ciudadanos en general o contra determinadas razas o creencias en particular. Es evidente que en un estado de derecho no todo aquello que nos disgusta lo podemos transformar en delito.
En cualquier caso, lo que es evidente es que estos temas abordados por el gobierno Sánchez son claramente divisorios en el seno de la sociedad española y generadores de conflictos profundos porque afectan a convicciones, sentimientos, experiencias personales. ¿Por qué actúan así Pedro y Pablo?
Posiblemente la respuesta la tenemos que buscar en todas sus promesas de mejora social y económica que saben perfectamente que no se pueden empezar en términos significativos este año, y con dificultades el próximo año, porque los presupuestos reales no lo permitirán, y entonces recurren a la vieja estrategia de atizar el conflicto que se mueve en el plano moral que no tiene coste económico y que les permite cohesionar su electorado, y así pasan por alto los incumplimientos de los compromisos económicos. Más o menos lo mismo a lo que nos ha acostumbrado el independentismo en Cataluña.
