La democracia se encuentra sujeta a numerosas exigencias contradictorias, de aquí la importancia, por su veracidad y fortaleza, de los checs and balances. Una de estas exigencias es que acostumbra a gobernar un partido, pero a la vez su acción de gobierno ha de estar al servicio de todos los ciudadanos.
En Europa, la frecuencia con la que se requieren amplias coaliciones para gobernar facilita resolver esta dificultad, aunque ciertamente se encuentran ante otras. En el gobierno de España esta tradición es nula, y cuando se ha producido la primera coalición PSOE-UP, solo ha servido para exacerbar el partidismo y su radicalismo. En lugar de dotar de centralidad al gobierno, el PSOE ha incurrido en un partidismo ideológico insoportable en un tiempo de crisis, cuando la unidad era requerida y exige una gobernación inclusiva. En lugar de esto, ha aprovechado la congelación parlamentaria, por el estado de alarma, para legislar leyes muy partidistas sobre temas fundamentales para la conciencia de muchas personas, y ha provocado la división y el conflicto en cuestiones tan esenciales como la educación, la enseñanza, los derechos de los padres, la vida y la muerte de los seres humanos, y la utilización a mansalva de la doctrina de género como doctrina de estado.
No contento con esto ha instrumentalizado, hasta extremos paródicos, el plan de recuperación, nutrido con fondos de la UE, realizando reiteradas presentaciones de este, pero aportando escasa información sobre sus contenidos. Ha hurtado su examen y control del Congreso de los Diputados, y a día de hoy desconocemos realmente en qué consiste la aplicación de 140.000 millones. Es algo inaudito. El contraste con Draghi, el presidente italiano, un país con problemas semejantes, es brutal:
El presidente del Consejo de ministros de Italia, se ha comprometido con cifras a un crecimiento de 16 puntos del PIB en seis años, presentando un plan absolutamente detallado, que ha presentado a los diputados y que será controlado por el legislativo. Ha llamado a la unidad con perspectiva de estado, y ha suprimido de la agenda política todo aquello que pueda distraer la concentración en el esfuerzo de rehacer y reforzar el país. Ha citado como referencia a Alcide De Gasperi, uno de los padres de la República italiana, de la Europa unida y líder de la Democracia Cristiana, enfatizando una de sus máximas : «el funcionamiento de la democracia económica requiere desinterés, el de la democracia política presupone la virtud del carácter»
Solo hace falta recordar lo que ha sucedido en las últimas semanas para constatar que estamos ante una forma de gobierno que no repara en límites para intentar imponer su ideología: Sánchez ha intervenido de una manera desmesurada en unas elecciones autonómicas, las de Madrid, rompiendo toda apariencia de neutralidad, hasta convertir en una parodia a su propio candidato, Gabilondo. Ha lanzado a una de sus ministras Reyes Maroto a la contienda electoral desde el propio Ministerio, presentándola como futura vicepresidenta de Madrid, al tiempo que como ministra hacía campaña electoral, en un proceder deshonesto. La propia ministra portavoz utiliza las ruedas de prensa que siguen a los Consejos de Ministros para atacar a la candidata del Partido Popular y actual presidenta. Por primera vez, un director, directora en este caso, de la Guardia Civil ha intervenido en mítines electorales. Es lo que ha hecho María Gómez, en dos actos en Vallecas y Getafe, en este último caso con el ministro de Justicia: El poder coercitivo del gobierno en campaña.
Pero no solo se trata de desmesura electoral, de utilizar el Gobierno al servicio del partido, sino que esta actitud se traduce en todos los ámbitos. Es el caso de la exministra y actual fiscal general del Estado, Dolores Delgado, que sigue con su política sistemática de elevar a la cúpula fiscal a los miembros del minoritario grupo partidista de fiscales afines de la UPF, cada vez más sobrerrepresentada en los órganos de dirección de la Fiscalía y los altos cargos, a pesar de no representar ni tan siquiera el 10% de estos profesionales. Este intento de control de los fiscales es muy peligroso porque pone en manos de unos partidos políticos un instrumento fundamental del sistema de Justicia. Y por si no fuera suficiente, la ministra Irene Montero descalifica la sentencia contra Juana Rivas porque no le gusta y considera que es injusta. Pero ¿no habíamos quedado que el Gobierno no opina sobre las sentencias de los jueces? Se han llenado la boca con esta frase que demuestra una vez más el nulo valor de la palabra de este gobierno de Sánchez. No hay por donde cogerlo, es impresentable, se aparta de los estándares europeos, degrada la democracia y la convierte en una pura pugna por el poder sin que importen los medios. España puede salir todavía más malparada de esta fase, que la que sufrió con Rodríguez Zapatero.
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