El tercer hecho propio de jugadores del trilero, todos ellos producidos con pocos días de diferencia, se refiere a la enseñanza y, concretamente, al decreto que desarrolla la ley Celaá. Se trata del real decreto de evaluación, promoción y titulación.
A partir de ahora los estudiantes de este país desde que ingresen a preescolar, con 3 años, hasta que acaben el bachillerato, es decir a los 16, no habrán tenido que hacer ningún examen para aprobar las asignaturas y, por tanto, pasarán curso sin prueba alguna. Todo consistirá en el informe de los profesores del centro, que evaluarán de esta forma al alumno.
Tampoco habrá ningún tipo de calificación entre si unos ocupan los primeros puestos y otros los segundos. Todos pasarán de cabeza, si así lo quieren, al bachillerato. Cuando lleguen a este ciclo educativo se encontrarán con los primeros exámenes, aunque podrán pasar curso con dos asignaturas suspendidas. Y podrán acceder a las pruebas universitarias con una asignatura suspendida. El nivel de exigencia caerá en picado. No habrá motivación ni obligación alguna para estudiar, porque saben que todos pasarán hagan lo que hagan. Ni siquiera habrá pruebas para la recuperación aunque no puntuaran, pero que al menos sirvieran para estimular a los más atrasados.
La mayoría del profesorado ha puesto el grito en el cielo, pero da igual. El decreto, además, sale sin determinar qué criterios deben utilizar los profesores para aprobar. Lo deja en manos de cada centro. Por tanto, nos encontraremos ante una heterogeneidad grande a la hora de valorar a los alumnos. Incluso es dudoso que esa forma de proceder se ajuste a la legalidad. Pero el gobierno de esta forma se asegura algo: podrá presentar estadísticas en las que el grave problema español del fracaso y abandono escolar prácticamente habrá desaparecido. Un nuevo éxito para el presidente Sánchez.
Y por si fuera poco con todos los casos anteriores , todavía hay un cuarto ejemplo de cómo hacer trampas en la política y enredar a los ciudadanos, esta vez a cargo de la ministra de Sanidad, Carolina Darias. Es evidente que la covid se ha disparado en toda Europa y que España todavía se mantiene en unas posiciones muy favorables, si bien este escenario se está modificando, porque con mucha velocidad aumenta el número de casos. Posiblemente, estemos ante una sexta ola (hay que recordar que Europa ha pasado por cinco oleadas, una menos, y hay países que sólo han atravesado tres).
Ante esta situación, las comunidades más afectadas, como el País Vasco, reclaman poder aplicar medidas restrictivas sobre las que no tienen competencia. Y mientras, Navidad y las celebraciones se acercan, ¿cuál es la respuesta del gobierno a este escenario? Pues sencillamente plantea cambiar los indicadores de riesgo para relajarlos. Es decir, aunque aumenten en número de casos, la calificación será más leve.
Ahora se considera de bajo riesgo cuando el territorio en cuestión se sitúa por debajo de los 50 casos cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días. España ha estado una serie de semanas, pocas, en este escenario, pero ha evolucionado al alza y ahora roza ya los 90 casos. Si alcanza los 100 casos, el riesgo será considerado alto. Pues bien, la señora Darias propugna que a partir de ahora sea considerado de bajo riesgo siempre que no superen los 100 casos. Por tanto, según su criterio, y a pesar del crecimiento, no tendremos por qué preocuparnos.
Es un ejemplo más de cómo el gobierno cambia las normas, no para favorecer a la justicia, la transparencia democrática, la educación o la salud, sino que lo hace en función de la imagen que desea vender.
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