La Generalitat de Cataluña tiene un presupuesto de 32.151 millones de euros para el 2020 con unos ingresos de 30.281 millones, por lo tanto un déficit de 1.870 millones. Esto es lo que cuesta, en teoría, la Generalitat según el presupuesto de 2020, que dicho sea de paso de poco sirve porque se hizo antes del destrozo de la Covid-19. Pero es igual, nos da una idea del orden de magnitud que significa esta gran máquina que es la Generalitat, la que en teoría gobiernan los partidos ganadores de las elecciones.
Pero, en la práctica, ésta no funciona o lo hace muy mal. Por ejemplo, no es un detalle menor que la población de 80 o más años de Cataluña que ha recibido las dos dosis de la vacuna, y por tanto está inmunizada, sea sólo del 36,9% y ocupe los últimos puestos de todas las comunidades autónomas de España, junto con el País Vasco. Es una de tantas referencias. Pero hay otro tipo que manifiestan una administración absolutamente inoperativa.
Por ejemplo, la esclerosis de instituciones necesarias que dependen del gobierno y del Parlamento de Cataluña que no son renovadas por falta de acuerdo. Tenemos el caso escandaloso del Síndic de Greuges con un Rafael Ribó que parece ostentar un cargo vitalicio porque no hay manera de que determinen un sustituto. Y lo mismo con 7 de los síndicos de la Sindicatura de Cuentas, el organismo que vela por el cumplimiento de la legalidad presupuestaria. O todo el ámbito del audiovisual, El Consejo del Audiovisual, el consejo de gobierno de la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales (CCMA) que controla la radio y la televisión pública, y el Consejo Asesor de contenidos de la CCMA. En total son 2 presidentes y 25 miembros que se han de renovar de estos organismos. También 5 miembros del Consejo de Garantías Estatutarias, que es la máxima instancia jurídica para determinar la declaración de las leyes catalanas de la Constitución en el ámbito interno de Cataluña, el director de la Autoridad Catalana de Protección de Datos, el presidente de la Agencia Catalana de Protección Social, 13 miembros del Consejo Asesor de la RTVE en Cataluña, y así podría continuar el listado hasta más de un centenar de cargos que están pendientes de renovación. Este hecho da idea de la dejadez política en la que estamos situados, que en realidad no parece importar.
El otro capítulo es el de la capacidad de mejorar el autogobierno haciendo efectivas las competencias que establece el estatuto de autonomía. Los vascos, con un buen criterio, han trabajado como hormigas para ir consiguiendo llenar de contenidos su estatuto, y han tardado años, pero pronto lo completarán con traspasos que parecían muy difíciles, como los de las instituciones penitenciarias, que Jordi Pujol hace años consiguió, la gestión del ingreso mínimo vital, una cuestión fundamental para una lucha coherente contra la pobreza, la gestión de la seguridad Social sin afectar a la caja única, la gestión de los servicios privados de seguridad y del transporte de carreteras entre otras.
También Canarias prevé competencias importantes como la de costas, esenciales en unas islas, la tutela financiera de las corporaciones locales y la defensa de la competencia en los mercados. También hay traspasos iniciados con Navarra y Baleares.
No hay nada en el calendario en relación a Cataluña. La obsesión de una independencia imaginaria desprecia llevar el plato a la mesa de tal manera que la Comisión Mixta de Transferencias, el organismo que determina los traspasos, hace más de una década que ni siquiera se reúne. Mientras que la comisión bilateral Generalitat-Estado, que sirve para resolver problemas, pero también para negociar cuestiones de tú a tú, no funciona desde el 2018. Mientras tanto van dando vueltas como el asno a la era en torno a la indefinida «tabla de diálogo», cuya utilidad es perfectamente imprecisa.
No está escrito que querer la independencia un día u otro signifique adjurar de las responsabilidades del autogobierno y del ejercicio de competencias más y más amplias. Más bien parece que algo debería ligar con lo otro, pero ni para ERC ni para JxCat, y ya no mencionamos a la CUP, todo esto no tiene ningún interés. Los perjudicados somos nosotros, los ciudadanos de Cataluña.
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