Fuera el Rey y libertad para los presos. ¿Es este el programa del independentismo catalán para las próximas elecciones autonómicas? La pregunta necesaria es si este es un contenido que sirva para abordar el momento presente desde el Gobierno de Cataluña. No se trata de negar la legitimidad de ambas aspiraciones, que más bien se mueven en el terreno de las afirmaciones del principio que de la realidades concretas, sino de reflexionar de cómo sirven para dar respuesta a las necesidades de los catalanes. La Generalitat es una gran máquina, que ha envejecido sin reformas, que está gripada y funciona francamente mal, como lo vemos en su impotencia para resolver los grandes problemas cotidianos, empezando por la pésima gestión del coronavirus, cuando era necesario por salud y por prestigio del autogobierno, pretender la excelencia.
La derogación del tercer grado de los políticos presos ha insuflado aire al proyecto independentista porque le permite reivindicar algo que comparten muchas personas, que no es otra cosa que los presos deberían estar en la calle. A este hecho se le ha sumado otro mucho mayor como la crisis de la institución monárquica a cargo de las revelaciones sobre determinadas prácticas Del Rey Juan Carlos I, que sin estar ni tan siquiera inculpado, ya ha sido juzgado y condenado por buena parte de la opinión pública. En Cataluña, que no acostumbra a ser misericordiosa con sus árboles caídos, esta condena es generalizada.
Ambas cuestiones son un buen elemento de motivación, y como son políticas, su utilización es perfectamente legítima. Permiten una cosa muy importante, dar aspecto de unidad a la continua guerra entre JxCat i ERC. De ahí que las iniciativas en torno a ellas hayan desbordado la siempre más tranquila situación estival. En pleno mes de agosto, el presidente Torra ha convocado un pleno del Parlamento. En Madrid, Esquerra Republicana y JxCat, han presentado todo un conjunto de iniciativas relacionadas con lo que consideran una “fuga” del Rey emérito, que cuentan con el apoyo de Bildu, CUP y BNG, pero no del Partido Nacionalista Vasco, que se mantiene al margen de la iniciativa. Esta tiene escaso recorrido porque sólo podrá ser tratada en la Diputación Permanente del Congreso, que es el órgano que rige la Cámara cuando están suspendidas sus sesiones, como sucede en agosto. Esto significa que previsiblemente las cuestiones planteadas que intentan comprometer a Sánchez y su gobierno con la marcha de Juan Carlos, se tratarán el día 24 de agosto, que es cuando aquel organismo tiene prevista su sesión. Sus posibilidades de prosperar son mínimas, porque la mayoría de PSOE y PP lo impedirá, a pesar que cuente con el apoyo de Unidas Podemos. Seguramente por esto para presionar más a Sánchez, Esquerra ya ha advertido que esto es solo un prólogo de lo que va a venir en septiembre. En este contexto desaparece la famosa mesa negociadora, que era una de las bazas de ERC.
La cuestión de fondo es si van a convertir las elecciones autonómicas en una especie de referéndum sobre los presos y la monarquía. Sería un error terrible, porque lo que necesitamos ahora, además de conseguir que quienes estaban en libertad la recobren por la vía más práctica y rápida posible, es una buena política para contener de una vez por todas la pandemia en Cataluña y alcanzar así una ventaja competitiva que será decisiva. También claro, concretar el programa electoral centrado en la reconstrucción. Todo lo que no sea esto va a resultar muy dañino ahora y con graves efectos a largo plazo para Cataluña. La situación es tan mala, la gestión de las administraciones públicas española y catalana tan catastrófica, que se requiere un esfuerzo extraordinaria para reparar lo que no funciona. Y esto exige concentrar toda la atención y voluntad política en aquellos dos objetivos.
