Se ha cumplido el tercer año de aplicación de los fondos europeos Next Generation y, por tanto, estamos en la mitad del camino del período de aplicación de estos fondos que finaliza en 2026.
El balance no es bueno de acuerdo con los datos que facilita el último informe trimestral del servicio de estudios de CaixaBank.
A finales de 2023 se habían recibido 37.000 millones de euros de los 69.500 millones a fondo perdido que otorgaba este programa diseñado para reponerse de los estragos de la covid y mejorar el modelo económico. Faltan además 10.300 millones de la adenda y 83.200 millones de euros en préstamos de bajo interés. En total son 163.000 millones de euros los que recibiría España si va cumpliendo las condiciones al final del período de 6 años.
solo hemos dispuesto del 22% de la cifra total cuando estamos en el 50% del período temporal.
Como estamos a mitad de este período, deberíamos haber utilizado del orden de 83.650 millones de euros, contando la parte proporcional, no solo de los fondos Next Generation sino de la adenda y de los créditos. Como solamente se han desembolsado 37.000 millones de euros, nos situamos en el 44% del desembolso del que deberíamos estar para cumplir a finales de 2026 con las disponibilidades económicas previstas. O si se quiere en otros términos, solo hemos dispuesto del 22% de la cifra total cuando estamos en el 50% del período temporal.
Es evidente que existe un retraso muy importante que hace que la velocidad de estos 3 últimos años para aplicar los fondos Next Generation debería más que doblarse. Por situar unas referencias, Francia está en el 76% e Italia en el 58% de desembolso sobre el total. Es decir, entre 3 veces y el doble que el caso español y no puede decirse que la administración italiana sea un modelo de eficiencia a escala europea.
Pero, además, una cosa son los fondos desembolsados y otra lo que está llegando en realidad a la empresa.
En 2023, según el citado informe de CaixaBank, el estado había hecho efectivos 8.800 millones de euros hasta noviembre. En función de las consideraciones que hace dicho informe sobre la ejecución real, contando que una parte proceden de las comunidades autónomas y que el proceso se ha acelerado, considera que la ejecución total en 2023 fue de 16.000 millones de euros que, añadidos a los 24.000 millones del conjunto 2021-2022, alcanzan los 40.000 millones de euros, lo que significa un 59% de los 69.500 millones de euros disponibles.
las cifras indican una baja capacidad del conjunto de las administraciones para hacer llegar estos fondos a la actividad económica
Este sería el ratio que le correspondería en la mejor de las interpretaciones, pero claro, esta cifra solo representa el 47% de lo que tocaría haber ejecutado a mediados del período y un 24,5% de la ejecución total. Es evidente que desde este punto de vista, las cifras indican una baja capacidad del conjunto de las administraciones para hacer llegar estos fondos a la actividad económica.
Y aún nos quedaría por considerar un aspecto determinante, el cualitativo.
¿Realmente estos fondos, a qué actividades se están aplicando y cuál es su efecto multiplicador? A este respecto, la falta de datos es prácticamente total, aunque ésta es la llave de vuelta de todo. Porque no se trata de gastar dinero, sino de que estos tengan resultados transformadores sobre la eficiencia y eficacia, sobre la productividad de la economía española. Y es necesario decir que hasta ahora los efectos de los fondos, más allá de facilitar directamente un aumento del PIB, no se hacen sentir en su dinámica de transformación ni en la mejora de la productividad.
España, en una escala más modesta, tiene un precedente nefasto en este sentido: el gran gasto que hizo con recursos propios Rodríguez Zapatero con su desgraciadamente famoso plan “Ñ”, que fue una malversación de recursos públicos a gran escala.
De momento, los vectores que impulsan la economía española son, sobre todo, el consumo interior impulsado en gran medida por el turismo y el empleo directo e indirecto que genera, y el aumento de puestos de trabajo poco cualificados ocupados por la inmigración que fluye sin solución de continuidad. También, el otro factor, es el consumo público, pero estos no son motores que señalen transformación sustancial alguna de la economía española.
De hecho, en lo que debemos fijarnos, más que en la evolución del PIB y las altas en la Seguridad Social, es en la renta per cápita y cómo ésta evoluciona.
Porque la combinación de alta inmigración en sectores de baja productividad determina un aumento del PIB que no se transforma en una mejora de las condiciones de vida generalizadas. Si los fondos no alteran esta lógica en la que España ha pasado de tener como sector taumatúrgico de la construcción, el turismo y la inmigración masiva, el futuro no pintará bien, a pesar de haber recibido del exterior más recursos de los que en proporción recibieron los países europeos con motivo del plan Marshall.
De hecho, en lo que debemos fijarnos, más que en la evolución del PIB y las altas en la Seguridad Social, es en la renta per cápita y cómo ésta evoluciona Share on X
