En un episodio que se está mediatizando poco en nuestro país, el Tribunal de Cuentas Europeo ha publicado un informe muy duro sobre la gestión de los fondos públicos destinados a las organizaciones no gubernamentales, informalmente conocidas como ONG u oenegés.
La institución que debe velar por la buena gestión de los fondos públicos de la UE y, por tanto, de todos los ciudadanos europeos, ha denunciado la gestión opaca de las subvenciones destinadas a estos organismos tanto de la Comisión Europea como de los gobiernos de los Estados miembros.
Mención especial merece en el informe la situación irregular de las entidades que realizan actividades de lobbying político, tildando las informaciones facilitadas por los donantes de “ni fiables ni transparentes”.
El documento oficial señala que en menos de tres años (de 2021 a 2023), 12.000 organizaciones han recibido 7.400 millones de euros, de los que 4.800 provienen de las instituciones de Bruselas y el resto de los Estados miembros.
Según datos recopilados por Politico.eu, varias oenegés centradas en el medio ambiente, como Bankwatch y Health and Environment Alliance, dependen en más del 50% de financiación pública (europea y nacional combinada).
Estas transferencias monetarias están condicionadas a «desarrollar las políticas internas» de la UE.
El problema es el sesgo ideológico que puede existir tanto en estas mismas políticas como en la interpretación de su contenido. Este es particularmente manifiesto en materia de transición verde y ecología en general, donde las oenegés suelen defender posturas maximalistas, especialmente impopulares entre los electores de derechas actualmente mayoritarios de acuerdo con la composición del Parlamento Europeo.
De hecho, las críticas más feroces al actual sistema de subvenciones provienen de los miembros conservadores del parlamento, que acusan a la Comisión de desviar dinero de los contribuyentes para hacer presión en favor de sus propias políticas a través de las oenegés.
Y es que las organizaciones no gubernamentales mantienen a sueldo al segundo grupo de lobbistas más numeroso en la capital de la UE, solo por detrás de las empresas.
En el curso de los últimos meses, la presión sobre el actual sistema de financiación se ha ido incrementando, en parte debido a que el nuevo Europarlamento está más escorado a la derecha que el anterior.
También juega un papel muy importante la toma de conciencia de los partidos del arco político que comienza en el centroderecha de la importancia del combate cultural. Un ámbito en el que los progresistas han sabido hacerse fuertes desde mediados del siglo pasado, estableciendo la hegemonía que todavía perdura.
Mientras, desde posiciones favorables al actual sistema se ha hecho uso del recurso de advertir que Europa podría sufrir «políticas de recortes al estilo Trump» extremadamente peligrosas para la «sociedad civil».
El problema es que hablar de sociedad civil cuando esta es financiada por entidades gubernamentales es una figura que se acerca mucho al oxímoron.
La primera ronda de negociaciones de los nuevos presupuestos europeos, conocidos como Marco Financiero Plurianual (MFP), ya indica que los fondos para la investigación y la acción climática podrían orientarse en parte hacia las nuevas prioridades de la UE, como la defensa y el crecimiento industrial.
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