El contexto económico no podría ser más sombrío en este inicio de 2025 para la Unión Europea.
Mientras las instituciones internacionales mejoran las previsiones de crecimiento económico de Estados Unidos de Donald Trump, la economía del Viejo Continente está viendo cómo pierde puestos de trabajo en sectores que había liderado, como el automovilístico, sufre una fuga de capital hacia la otra orilla del Atlántico y está cada vez más ausente del sector tecnológico y en particular de la carrera por la inteligencia artificial.
El malestar social, pero también empresarial, va calando poco a poco en toda Europa, y el objetivo de todas las críticas más virulentas es la tendencia legendaria de las instituciones de Bruselas a la sobreregulación.
Pues bien, la Comisión Europea podría estar a punto de rendirse a la evidencia y efectuar un cambio de rumbo de 180 grados.
Según informa el diario Politico.eu basándose en un borrador filtrado, uno de los tres grandes pilares de actuación del nuevo equipo de la Comisión Europea, la llamada “Brújula de Competitividad” (Competitiveness Compass), señala como prioridad desregular masivamente el Pacto Verde Europeo (Green Deal) – nombre, por cierto, que deja en evidencia la falta de creatividad de los funcionarios europeos, al estar copiado del New Deal del presidente estadounidense Franklin D. Roosevelt.
El giro es total. Hay que tener en cuenta que la misma persona que dirige la nueva Comisión, la alemana Ursula von der Leyen, presentó en 2019 dicho Pacto Verde como su obra maestra y piedra angular que debía guiar a la UE nada menos que hacia el liderazgo mundial en materia de cambio climático y transición energética.
La misma Von der Leyen se apresuraría ahora a enmendar de arriba abajo su obra. Salvando las distancias, sería como si Biden siguiera al cargo en este 2025, pero estuviera llevando a cabo las medidas de Trump. Pero Europa es distinta y nadie ha exigido cuentas tras las elecciones al Europarlamento del pasado junio.
A pesar de que el borrador apuntaría según Politico a una primera ley en el mes de febrero orientada a simplificar la burocracia medioambiental de la UE, promete al mismo tiempo «mantener el rumbo» en los objetivos climáticos del bloque. Una afirmación que plantea serios interrogantes, puesto que ambos objetivos son mutuamente excluyentes, y que hace sospechar que la anunciada simplificación podría acabar teniendo el efecto contrario -un desenlace clásico de este tipo de iniciativas de la Comisión.
El Partido Popular Europeo (PPE) de la misma Von der Leyen es la fuerza política que más radicalmente ha cambiado de posición desde que el Pacto Verde fue aprobado en un distante pasado pre-Covid, como demuestra por ejemplo la campaña electoral nacionalista que está llevando a cabo la CDU-CSU en Alemania.
El PPE exige ahora que la política climática de la UE debe ser «tecnológicamente neutra» , y no promover sistemas determinados como los motores eléctricos y las bombas de calor, así como retrasar dos años la entrada en vigor de nuevos impuestos y reglas de sostenibilidad empresariales. La oposición al Pacto Verde de varios países del este gobernados por el PPE, como Polonia, Rumanía y Chequia, se ha acentuado en las últimas semanas.
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