El Partido Popular ganó las elecciones por mayoría absoluta en noviembre de 2011. Desde julio de 2011 la Corporación RTVE se encontraba sin presidente tras la dimisión de Alberto Oliart por motivos personales, y los miembros del Consejo se alternaban cada mes en una presidencia interina esperando la constitución del nuevo Parlamento. Para nombrar un nuevo presidente se requería una mayoría cualificada de dos tercios del Congreso, la misma que para renovar el consejo. Durante las legislaturas anteriores se había hecho por un amplísimo consenso, desde la aprobación de la nueva ley de RTVE de 2006. Tras algún intento de negociación con el PSOE, en abril de 2012, seis meses después de las elecciones, el gobierno de Mariano Rajoy anunció una reforma “express” por la vía del decreto ley, y modificó la Ley de la Corporación.
A partir de la entrada en vigor de dicha reforma, bastaba con mayoría absoluta para nombrar presidente y renovar el Consejo. De paso, fulminó el modelo de consejo de Administración, despojándole de hecho de sus funciones de control y gestión de la corporación de RTVE. Todo el poder quedaba en manos del nuevo presidente, nombrado directamente por el Gobierno, ya que el PP tenía mayoría absoluta en las Cortes. Adiós a la pluralidad de los medios públicos audiovisuales de titularidad estatal.
RTVE nunca se ha recuperado de aquello. Perdió el liderazgo de audiencia en marzo de 2012 y desde entonces no ha vuelto ocupar el primer lugar, sino el tercero o el cuarto en algunas comunidades autónomas.
El PSOE de Alfredo Rubalcaba (en paz descanse) calificó aquella reforma de “golpe institucional” totalmente injustificable y un “recorte intolerable a la libertad de expresión”. En mi opinión, tenía toda la razón.
Pues bien, el gobierno bipartito de PSOE-Podemos pretende hacer ahora lo mismo con el Poder Judicial, y ha sido seriamente advertido por ello desde Bruselas.
Es cierto que el Partido Popular ha bloqueado las negociaciones para renovar el CGPJ, órgano de gobierno de los jueces, que recordemos, no forma parte estrictamente del Poder Judicial, pero tiene en sus manos la capacidad de nombrar o renovar los magistrados del Tribunal Supremo, o de los presidentes de los tribunales superiores de justicia de las comunidades autónomas. El bloqueo es también intolerable, y hay que denunciarlo públicamente.
Pero la solución nunca puede ser una reforma de la ley, de dudosa constitucionalidad, consistente en modificar la mayoría cualificada de 3/5 para nombrar a una parte del Consejo, y rebajarlo a mayoría absoluta. Recordemos que el artículo 122,3 de la Constitución exige esa mayoría de 3/5 para el nombramiento de los 8 miembros designados por el Congreso y Senado entre abogados y juristas de reconocido prestigio. Los 12 miembros restantes, que forzosamente han de ser jueces o magistrados, perderían toda legitimidad ante esos 8 si fueran nombrados por una mayoría menos cualificada. Es de sentido común.
Entiendo que está en juego el control del Tribunal Supremo, al que los partidos han cedido la solución de algunos problemas que deberían haberse solventado por la vía política. Y a quien corresponde enjuiciar a los aforados. Esa es la clave de todo. Y tal vez estaría justificado limitar las competencias de un CGPJ en funciones, como ocurre con todos los gobiernos en funciones. Pero rebajar la mayoría de 3/5 es gravísimo, supone un ataque en toda regla al Estado de Derecho, a la división de poderes y a la ya suficientemente denostada independencia judicial.
Una estocada mortal. Y un error imperdonable en un gobierno autodenominado progresista. Estas reformas las carga Satanás y algún día se pueden girar en contra del que las promueve. Al final, será verdad que cuando llegan al poder todos son iguales. Unos y otros. Su única obsesión es mantenerse en el gobierno y controlar todas las instituciones, sea la televisión pública o el poder judicial.
Tal vez estaría justificado limitar las competencias de un CGPJ en funciones, como ocurre con todos los gobiernos en funciones Share on X
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