Cuando un problema se deja podrir, al final se transforma en una explosión social. Esto es lo que ha pasado con la vivienda.
La esperada reunión sectorial entre la ministra del ramo, Isabel Rodríguez, y los responsables políticos del ámbito de la vivienda de las comunidades autónomas ha terminado en la nada más absoluta. Pese a la urgencia y magnitud del problema, lo único claro es que el ministerio no castigará a las autonomías que no apliquen la ley —lo que difícilmente podían hacer, ya que, en este caso, la legislación no es obligatoria. Lo que sí hará el ministerio es premiar a aquellos gobiernos autonómicos que la lleven a cabo.
¿A qué gobierno de España se le puede ocurrir hacer una ley sobre la vivienda sin contar, en su elaboración, con el poder político representante de las comunidades autónomas, que son las que tienen la competencia exclusiva? Pues esto es lo que se ha hecho en ese caso. Y el problema es grave, porque sólo entre 2022 y 2023, la diferencia entre la construcción de viviendas y la creación de nuevos hogares fue de 375.000 unidades, a las que se añadirán otras 225.000 durante el periodo 2024-2025, según datos del Banco de España.
Además, el problema es complejo porque hay situaciones diversas. Una cosa es el gran déficit en las áreas metropolitanas y urbanas, que tienen un gran dinamismo, y otra son las poblaciones medianas y pequeñas como Murcia, Lleida o Jaén, que además presentan la mayor rentabilidad en la inversión en vivienda. En concreto, Lleida es la primera, con una rentabilidad del 8,1%. En este segundo caso, lo que se necesitan son políticas que fomenten la demanda, mientras que en las ciudades donde carece de oferta, la única solución es construir, construir y construir, especialmente vivienda social.
El problema se ve agravado por la política, que, en lugar de mejorar la situación, la empeora. Por una parte, la heterogénea alianza gubernamental se traduce en políticas contradictorias. Por ejemplo, la ley de vivienda que se aprobó, criticada por considerar que tendrá un efecto contrario al que se pretende, es una norma claramente intervencionista, muy inspirada por Sumar y Podemos. Ahora bien, está en tramitación una ley del suelo impulsada por el PSOE que tiene una naturaleza liberalizadora y adopta una perspectiva absolutamente distinta a la de la ley de vivienda. Es difícil construir una solución desde esa óptica.
A esta situación hay que añadirle la actitud del PP, que se opone a todo: tanto al intervencionismo como a la liberalización.
Si a esto le sumamos que Sánchez gobierna como si tuviera mayoría absoluta, cuando su poder territorial tiende a cero, el resultado es el colapso en el que vivimos. Y ya se sabe que los colapsos terminan en crisis profundas.
No existe solución para este problema en las circunstancias actuales sin un gran pacto de estado entre la oposición y el gobierno, pensando en el bien superior, es decir, el bien común de todos. El interrogante es si ese tipo de bien interesa a los partidos políticos de hoy.
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