Es evidente que la mayor mortalidad sufrida en España desde la Guerra Civil ha intentado ser enterrada en lo más profundo de la memoria colectiva. Ninguno de los partidos implicados en la gestión (PSOE, que ya gobernaba con Pedro Sánchez e Illa como ministro de Sanidad, PP, Junts, ERC y PNV, responsables de gobiernos autonómicos) ha mostrado interés en rendir cuentas, por miedo a verse salpicados.
Han pasado cinco años sin revisión alguna, sin establecer una Comisión de investigación sobre errores y carencias, ni elaborar un Libro Blanco sobre la gestión.
Es sorprendente cómo existe un gran interés por la memoria histórica relacionada con Franco y un absoluto olvido de los dos años más cruentos de la pandemia, pese a que España fue uno de los países europeos con más muertes y más destrucción económica, prueba de que las medidas restrictivas dañaron la economía sin frenar la mortalidad
Sin embargo, la lucha política entre Sánchez y Ayuso ha sacado a la luz algo evidente: la gente mayor en residencias y domicilios particulares fue abandonada literalmente a su suerte. Isabel Díaz Ayuso tiene parte de responsabilidad, aunque no es ni la primera ni la única implicada. Ahora la atención se dirige también hacia Salvador Illa, que hasta ahora había sorteado sin problemas las críticas pese a ser uno de los máximos responsables a causa de su cargo.
El digital El Debate, conocido por sus buenas fuentes entre altos funcionarios, ha publicado tres escritos que incriminan directamente a Illa como principal responsable del cribado por edad.
En concreto, los documentos revelan que el Ministerio de Sanidad, bajo la dirección de Illa, ordenó que las personas mayores con covid fueran agrupadas en residencias y se prohibiera su traslado a los hospitales. Se estableció que debían ser aisladas en las mismas residencias mediante el “aislamiento por cohortes” si no era posible el aislamiento individual, es decir, encerrando juntos en una habitación a todos los enfermos potenciales con síntomas.
Estas directrices se emitieron pese a conocer la alta letalidad del virus en personas mayores: un 8% para las personas entre 70 y 79 años y un 14,8% para las mayores de 80. Estas revelaciones contradicen la narrativa oficial del gobierno de Pedro Sánchez y matizan, pero no eximen, la responsabilidad de Isabel Díaz Ayuso por las defunciones en Madrid.
En Cataluña, la situación fue igual o incluso más grave, dejando también desatendida a la población mayor.
El Govern actuó sin misericordia, como evidencia el documento del SEM (Servicio de Emergencias Médicas) del Departamento de Salud, disponible íntegramente. Este documento, entre otras cosas, contenía instrucciones oficiales claras para desincentivar el traslado de mayores a hospitales mediante ambulancias y consultas telefónicas. Esto fue confirmado con precisión por el reportaje del Corriere della Sera del 1 de abril, aunque negado públicamente por la consejera y responsables del Departamento de Salud con eufemismos sobre supuestos «diagnósticos clínicos».
Específicamente, la instrucción oficial hablaba de la «futilidad de las medidas terapéuticas» para desaconsejar traslados, sin que existieran diagnósticos clínicos firmados por médicos concretos, más allá del criterio básico de edad y una observación superficial del paciente.
El documento del SEM titulado “Recomendaciones para el apoyo a las decisiones de Limitación del Esfuerzo Terapéutico (LET) para pacientes con sospecha de COVID-19 e insuficiencia respiratoria aguda hipoxémica” , del 24 de marzo de 2020, establecía explícitamente criterios éticos para priorizar recursos sanitarios en función de la edad, discriminando en la práctica a las personas mayores de 75 años.
Según estas directrices, a los mayores de 75 años solo se les ofrecía oxigenoterapia básica y se les excluía de la ventilación mecánica invasiva (VMI), un recurso decisivo al que sí podían acceder los más jóvenes. Si la oxigenoterapia fracasaba, la atención se limitaba a una sedación terminal, convirtiendo la práctica médica en una eutanasia no consentida.
Además, el procedimiento establecido era idéntico para una persona de más de 75 años «sin limitaciones funcionales y activa» que para otra en estado terminal, demostrando que el criterio clave para limitar recursos era únicamente la edad. De hecho, las personas mayores de 75 años empeoraban por la carencia de atención precoz y acababan siendo descartadas por el sistema sanitario, creando un círculo vicioso.
En las residencias y domicilios particulares, quienes no podían acudir por sí mismos al hospital también fueron desincentivados activamente para ser trasladados y recibir tratamiento médico.
El documento del SEM, además, utilizaba un lenguaje eufemístico para justificar esta carencia de atención médica:
• Se instruía a presentar la limitación como algo positivo para el paciente, sugiriendo hipócritamente que estaba mejor en casa o en la residencia, aunque claramente recibiría una peor atención médica.
• Indicaba explícitamente evitar la frase «no hay camas para todos», mostrando un claro engaño institucional.
• Indicaba evitar tratamientos agresivos, ocultando así la no aplicación de la VMI a mayores de 75 años.
También se manipulaba la situación utilizando patologías previas como excusa para negar la atención avanzada, incluso a personas mayores activas y en buen estado de salud.
Por último, es extremadamente grave que el documento determinante sobre quien recibía atención médica crítica no estuviera firmado por ningún responsable máximo.
La consecuencia en Cataluña fue especialmente trágica: en fecha 6 de abril, 909 personas habían muerto en residencias, representando el 25% del total de muertes en residencias en España, cuando la población total no superaba el 16%. La diferencia da una idea de la magnitud del desastre humano provocado.
Pero seguramente uno de los peores síntomas es la indiferencia con la que las élites y fuerzas vivas de la sociedad catalana ignoraron esta tragedia, contribuyendo con su pasividad a la ocultación, así como los grandes medios de comunicación.
Solo una organización, e-Cristians, abordó el tema de cara y con detalle con esa fundamentada denuncia.
Cinco años después, el silencio persiste y ha tenido que ser la sucesora de esa entidad, ahora convertida en el movimiento cultural y político Corriente Social Cristiana, quien alzara la voz para exigir claridad y responsabilidades en este texto.
Uno de los peores síntomas es la indiferencia con la que las élites y fuerzas vivas de la sociedad catalana ignoraron esta tragedia, contribuyendo con su pasividad a la ocultación, así como los grandes medios de comunicación Compartir en X
