Las sesiones de control del gobierno, que se realizan regularmente en el Congreso y en el Senado, tienen un carácter constitucional porque forman parte del mecanismo democrático que hace posible que los ciudadanos tengamos conocimiento crítico de las acciones del gobierno.
Se trata de un acto imprescindible para la democracia y el gobierno de turno debe cumplir con él de la mejor forma posible.
Es evidente que en todos los parlamentos la sesión de control es también un instrumento de la oposición para ejercer la crítica al gobierno. Es lógico que así sea, porque si no sería el gran silencioso y no habría forma de que se produjera el necesario contraste de realidades que la democracia exige. En modo alguno el gobierno puede entender este control crítico como un ataque, sino como el ejercicio, a la vez, de un derecho y un deber por parte de la oposición.
Pero, de forma escandalosa, el gobierno se niega a aceptar esta acción y la ha convertido en el control de la oposición y la búsqueda de su descrédito. Se ha visto en la última sesión en el Senado con las cuestiones que le planteó Feijóo, pero en realidad es una característica común desde hace meses y en las dos cámaras. Sánchez y sus ministros no responden a las cuestiones concretas que les son planteadas, sino que contestan con otras consideraciones y sobre todo se dedican a atacar y despreciar a quienes les plantean la cuestión, con un ejercicio inútil de intimidación. Hay en este sentido una carencia de control democrático y hay que subrayarlo.
También nos encontramos en una situación preocupante con la nueva composición del Tribunal Constitucional que ha convertido su acción en una pantomima sin credibilidad a base de resolver instantáneamente temas complejos, siempre al 100% de acuerdo con el gobierno, y sobre todo sin atender a las peticiones de recusación para intervenir en aquella materia porque los magistrados en cuestión ya se han pronunciado sobre ella en el pasado.
De hecho, ya se sabía que con los nuevos nombramientos, todos ellos muy politizados (ex fiscal jefe Conde-Pumpido, el ministro Campos, la miembro del CGPJ por parte del gobierno, Laura Díaz), eran personas que venían con la mochila muy cargada porque habían intervenido en leyes que ahora están recurridas y sobre las que se habían pronunciado. Por tanto, lo que está pasando estaba cantado.
Lo que no lo estaba era la forma como lo resuelve el propio Tribunal, ignorando absolutamente todas las recusaciones. El argumento que utiliza, por ejemplo, ante la recusación presentada por 50 diputados de Vox contra Cándido Conde-Pumpido, Juan Carlos Campo, María Luisa Segoviano y Laura Díaz por la reforma del Código Penal, el Tribunal le ha rehusado a fuerza de argumentar que si hicieran caso a la recusación no habría quórum y se paralizaría la actividad. Es un círculo vicioso si admitimos ese argumento. Un pez que se muerde la cola que crea un precedente muy grave. Cuanto más politizados sean los miembros del TC más difícil será recusarlos, porque si se lleva a cabo esta garantía democrática, el Tribunal se paralizará. Peor planteamiento imposible. Pero, en caso de que ahora nos ocupa, todavía es más grave porque si se nombrara la plaza que queda pendiente, que corresponde al Senado y que en el actual sistema de designación sería un magistrado propuesto por las filas del PP, aquella falta de quórum quedaría enmendada. Pero, como los partidos del gobierno bloquean este nombramiento en el Senado, el defecto de quórum puede mantenerse indefinidamente. Todo ello un gran disparate que señala bien a las claras lo débil que es el control democrático en España.
Y todavía podríamos señalar una cuestión más cotidiana, que nos afecta a todos. La huelga de letrados de la administración de justicia, sin que la ministra todavía haya intervenido para nada. El resultado son 160.000 juicios suspendidos, 130.000 demandas sin tramitar y 535 millones de euros con legítimos receptores bloqueados. Pero es que cuando la huelga acabe, cuyo calendario ya estaba absolutamente colapsado, tendrán que añadir ahora cerca de 300.000 juicios adicionales. Por tanto, el daño no se acabará con la huelga sino que se prolongará meses y meses en perjuicio de los derechos de los ciudadanos. Aquí también existe una profunda vulneración democrática de disponer de una justicia en las condiciones adecuadas.
