Sánchez está apegado a la poltrona e intenta durar hasta las elecciones, pero la realidad es que España no tiene gobierno porque está desunido en cuestiones básicas y no dispone de una mayoría parlamentaria.
¿Cómo gobernar en un momento en que la Unión Europea avanza en el rearme, cuando el otro socio de gobierno —y no digamos su mayoría parlamentaria— no sólo vota en contra, sino que promueve la salida de la OTAN?
¿Cómo gobernar sin presupuesto?, que es la finalidad básica de todo gobierno y, por eso, una obligación constitucional, que Sánchez se pasa por alto vulnerando un fundamento democrático básico. Felipe González, cuando no logró aprobar el presupuesto, convocó elecciones.
Pedro Sánchez ha aprobado tres presupuestos generales desde que empezó a gobernar. El último presupuesto aprobado por el Gobierno de Sánchez corresponde al año 2023.
Es importante destacar que, en los siete años de mandato de Sánchez, ha habido cuatro prórrogas presupuestarias (2018, 2019, 2020 y 2024). En 2020 y 2024, el gobierno incluso optó por no presentar presupuestos. Si ahora se añade en 2025, España no es gobernada democráticamente.
Además de la grave omisión democrática que ello supone, el parlamentarismo nació con el fin de debatir, aprobar y controlar la ejecución de los presupuestos; su ausencia tiene graves consecuencias para todos:
- Se dificulta la reducción del déficit público, puesto que no se pueden implementar nuevas medidas impositivas para aumentar los ingresos.
- El déficit público podría elevarse al 2,2% o 2,4% del PIB, en lugar del objetivo del 1,3%.
- Se pierde la oportunidad de realizar ajustes fiscales necesarios, lo que podría afectar a la estabilidad económica a largo plazo.
- Muchos proyectos de inversión pública quedan en vía muerta, especialmente en áreas como el transporte, las infraestructuras, el ferrocarril y las carreteras.
- Se dificulta el desarrollo de programas de vivienda social, un problema acuciante en la sociedad española.
- Algunas grandes obras pueden continuar a través de empresas públicas con presupuestos estimativos, pero otras inversiones pueden verse afectadas.
- Se complica el cumplimiento de promesas sociales en sectores como la sanidad, los derechos sociales, el consumo o la Agenda 2030.
- Programas ya en marcha, como el Plan ELA o las mejoras en dependencia y becas, corren el riesgo de quedarse sin financiación adecuada.
- La implementación de nuevos impuestos o modificaciones a los existentes, como el impuesto a la banca o a las energéticas, se ve obstaculizada.
- Aunque se afirma que la gestión de los fondos Next Generation no debería verse afectada, podrían surgir complicaciones en algunos elementos que requieran nuevos vehículos legales. El cumplimiento de los logros exigidos por Europa podría verse dificultado, como se demuestra en el retraso del cuarto pago comunitario de unos 10.000 millones de euros. La falta de presupuestos aprobados limita la capacidad del gobierno para implementar nuevas políticas económicas, realizar ajustes fiscales necesarios y cumplir compromisos sociales y económicos, lo que puede tener un impacto negativo en el crecimiento económico y la estabilidad fiscal del país.
La falta de presupuestos tiene un impacto significativo en las grandes obras de infraestructura en España, afectando a diversos aspectos del desarrollo y de la economía del país:
Además, se produce un extraordinario daño en la obra pública. Los proyectos de infraestructura pueden sufrir retrasos significativos debido a la falta de fondos, lo que genera costes adicionales y afecta a la satisfacción del cliente. La gestión ineficiente del presupuesto puede provocar la falta de fondos para completar los proyectos, obligando a realizar recortes que comprometen la calidad de las obras.
La inversión insuficiente en infraestructuras puede comportar una pérdida de hasta el 15% del crecimiento potencial del PIB durante los próximos 10 años. El gasto en obra pública en España se ha mantenido por debajo del 4,5% del PIB recomendado por el Banco Mundial, contribuyendo al retraso en el desarrollo social y económico.
La falta de inversión en infraestructuras afecta negativamente a la productividad, la competitividad de las empresas y las exportaciones. Los elevados costes de servicios como el transporte, las telecomunicaciones y la electricidad, derivados de unas infraestructuras deficientes, pueden desincentivar la inversión extranjera directa.
La escasez de recursos implica que las decisiones de inversión deban minimizar el coste de oportunidad, lo que puede llevar a aplazar proyectos importantes. La falta de presupuestos aprobados dificulta la implementación de planes multisectoriales de infraestructura, afectando a la visión de desarrollo a largo plazo del país.
Los sectores más afectados se concentran principalmente en las funciones de Energía y Combustibles (78%) y Transportes y Comunicaciones (16,9%). Otros sectores como la educación, la salud y el desarrollo social pueden verse aún más perjudicados por la falta de presupuestos, lo que afecta al bienestar social y al crecimiento económico a largo plazo.
El resultado daña la competitividad, el crecimiento económico y el bienestar social de España.
El parlamentarismo nació con el fin de debatir, aprobar y controlar la ejecución de los presupuestos; su ausencia tiene graves consecuencias para todos Compartir en X
