El gobierno Sánchez puede presentar algunos aspectos parciales bien positivos, hemos mencionado en anteriores ocasiones en Converses. Pero, sumado y restado, lo que cuenta no son las buenas intenciones, ni siquiera que en ese o en ese otro aspecto, por ejemplo el salario mínimo, hayan llevado a cabo una buena política.
Lo definitivo son los resultados globales sobre el conjunto de la economía. Cierto es que durante estos últimos años han pintado bastos en más de una ocasión, pero calificar el resultado de la política del gobierno no se hace en abstracto, sino comparado con los resultados obtenidos por las demás economías europeas. Es en esa comparación donde aflora el desastre.
Por otra parte, es importante recordar que España está viviendo bajo los efectos de un doble plan Marshall. El dinero de fuera, en un gratis total, tiene una magnitud nunca vista y es en términos reales mucho mayor del que permitió la reconstrucción de Europa gracias a ese famoso plan. Por un lado, están los fondos Next Generation que requieren, eso sí, una buena utilización y, por otro, existe la política que hace años que dura del Banco Central Europeo de comprar la deuda española, también la de los bancos, y ofrecer dinero a un interés prácticamente cero.
Si con estas dos componentes no se logra alzar el vuelo, significa que algo muy grave falla en la dirección del país. Los resultados son fáciles de resumir. Por un lado, España fue el país que registró con diferencia la mayor caída del PIB en el 2020, a consecuencia de las medidas aplicadas para luchar contra la covid. Nada menos que el PIB cayó un 10,8%. Dado que en 2021 crecimos un 5,1% y para este año la previsión, si no empeora, es del 4,1%, resultará que al finalizar 2022 todavía no habremos alcanzado el nivel que teníamos el 31 de diciembre de 2019. Pero es que, además, la previsión para 2023 de la OCDE de crecer un 2,2% del PIB sitúa el punto de recuperación en el segundo semestre de ese año. En resumen, España será el país que habrá tardado más años en recuperarse de la caída.
A esto hay que añadir una dolorosa situación: somos el segundo país de la OCDE donde la pérdida de poder adquisitivo ha sido mayor. Solo Grecia nos supera. Si a este hecho se le añade la inflación, que deteriora sobre todo las rentas más bajas, tenemos el balance de la gestión de Sánchez realizado.
Por su parte, las medidas que ha adoptado en estos últimos tiempos para hacer frente a la crisis de precios resultan perfectamente discutibles. Los 20 céntimos de subvención en la gasolina sin discriminar en función de las rentas es injusto y significa además un incentivo al consumo de hidrocarburos, precisamente cuando la política oficial es reducir su uso. Ha sido la solución más sencilla pero también la más costosa, contradictoria e ineficaz. Era mejor concentrar las ayudas en reducir costes del transporte vinculados a la producción y de las rentas más bajas que lo que se está haciendo.
El acuerdo para limitar el precio del gas es positivo pero su impacto será modesto; sólo conseguirá reducir un 0,8% el IPC. Por último, este hecho muestra la debilidad de la política del actual gobierno, Sánchez se ha mostrado incapaz de conseguir un necesario pacto de rentas, que es el mejor mecanismo para generar equidad y contener la inflación. La población española, según una encuesta de IPSO, resulta que sufre un grave estrés económico: el 60% temen no poder pagar el gas y la electricidad, el 40% gastará menos en las próximas vacaciones y, sobre todo, más del 50% afirman que viven con el mínimo. Ante los datos que nos definen el escenario, Sánchez es un presidente muy acabado. Ahora está por ver si esta afirmación se verifica o no en términos electorales, y la prueba de fuego pueden ser las próximas elecciones andaluzas.
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