Equilibrio de poderes y calidad legislativa
En la última legislatura (2019-2023) el Ejecutivo ha legislado frecuentemente mediante decretos-ley y con trámites de urgencia, reduciendo el debate parlamentario. Esto ha sido criticado por la oposición como “gobernar por decreto”, aunque es cierto que en 2017-2018 también se abusó de esta figura (por ejemplo, para aplicar el artículo 155 en Cataluña o para aprobar presupuestos prorrogados).
El Parlamento ha estado muy fragmentado, requiriendo pactos múltiples; esto a veces se tradujo en transacciones opacas en las leyes (introducir enmiendas de último minuto para contentar a socios). Pese a ello, España continúa teniendo un parlamento activo y una prensa libre que fiscaliza.
La libertad de prensa se mantiene en buen nivel (España suele estar en el puesto 32 del World Press Freedom Index, similar a 2017). No obstante, sigue vigente la polémica Ley Mordaza de 2015 que organizaciones civiles piden derogar por coartar libertades (manifestación, expresión); los intentos de reforma fracasaron en 2023, así que en eso no ha habido mejora respecto a 2017.
Libertades democráticas
Los derechos fundamentales no han sufrido regresiones formales: España sigue siendo catalogada como “Libre” en Freedom House con puntajes altos (94/100). Se garantizaron elecciones libres en 2019 y 2023 con alternancia local/regional.
No obstante, han ocurrido episodios preocupantes: por ejemplo, el espionaje con el software Pegasus a líderes independentistas (y posiblemente al presidente Sánchez) generó dudas sobre controles a los servicios de inteligencia. También, la polarización política ha traído crispación en la sociedad, con manifestaciones tensas y aumento del discurso de odio en redes, aunque sin mermar libertades formales.
El conflicto catalán es un indicador de las tensiones: en 2017 hubo líderes independentistas encarcelados por sedición, lo que medio mundo observó con recelo; en 2021 fueron indultados, y en 2025 se plantea amnistiarlos. Este vaivén refleja cómo la política incide en la esfera de la justicia y las libertades: la mitad del país cree que se socava el principio de legalidad al eximir a esos políticos, la otra mitad cree que se avanza en reconciliación democrática.
Podemos decir que España en 2025 sigue siendo una democracia, pero con ciertas erosiones en la calidad institucional respecto a 2017 y con prácticas que se asemejan al de una concepción dictatorial en la medida que no reconoce a la oposición como alternativa de gobierno, lo cual es un sinsentido.
Hay un consenso amplio en que es necesario despolitizar la Justicia, asegurar la neutralidad de instituciones (Banco de España, Defensor del Pueblo, medios públicos), y rebajar la confrontación partidista, para reforzar los contrapesos democráticos, pero la dinámica es exactamente en sentido opuesto. Aunque la vida cotidiana de los españoles sigue siendo libre, el sistema puede ir perdiendo la confianza ciudadana.
En 2017 ya había signos de desgaste (corrupción política en el gobierno de entonces, conflicto territorial); en 2025 estos problemas no solo persisten, sino que se han multiplicado hasta cercar al propio Sánchez. La diferencia es que ahora el escenario político está mucho más fragmentado y polarizado, lo cual dificulta reformas pactadas (por ejemplo, de la Constitución para mejorar los pesos y contrapesos, o de la ley electoral).
En síntesis, la calidad democrática ha empeorado sensiblemente con relación a 2017; y se identifican mayores amenazas (politización, polarización, reflejos antidemocráticos del gobierno).
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