Parece mentira la indiferencia con la que se contempla la rápida evolución de España de un estado liberal, un estado de derecho, hacia una democracia dirigida por el ejecutivo en el que el equilibrio en los derechos es sistemáticamente vulnerado. En Converses ya nos hemos referido en otras ocasiones con motivo de hechos llevados a cabo por el gobierno Sánchez. Pero es que el alud continúa y ahora prácticamente en 48 horas se han producido 4 nuevos datos que certifican la velocidad de la degeneración.
Uno de ellos y muy principal es el Plan Estratégico de la Policía Nacional, bajo las órdenes del ministro Grande-Marlaska. En este informe se detalla en uno de sus puntos que el plan estratégico incorpora las “amenazas de las campañas de desinformación y las operaciones de influencia que tienen como objetivo interferir en la libre conformación de la opinión pública en la sociedad española”. Este hecho que ya saltó a la opinión pública el pasado año, pero que ahora se reitera en un plan estratégico de la propia policía, revela una mentalidad extraordinariamente peligrosa porque el ministerio del Interior, la policía, tiene derecho a determinar qué opiniones son desinformación e interfieren en la conformación de la opinión pública. ¿Quién determina esta opinión pública y cómo se configura? ¿Debe ser el juez quien dice que esto o aquello es desinformación o que interfiere en ese abstracto que es la opinión pública?
Es evidente que este punto constituye un atentado grave a la libertad de expresión y que, si se mantiene y no da lugar a un debate parlamentario y a una intervención judicial, demostrará lo desprotegidos que estamos. El propio Grande-Marlaska, que es juez, recordémoslo, dice que la aplicación de este punto del plan estratégico tiene dificultad debido a “las lagunas legales que existen en el Código Penal”. Traducido significa las dificultades que existen para controlar, por parte del gobierno, la opinión, porque hay salvaguardias formales que la protegen. Pero este hecho no elimina el peligro ni, sobre todo, elimina la voluntad del gobierno de actuar dirigiendo esta opinión. De paso, citamos un problema eterno: en su día Grande-Marlaska se reincorporará a la carrera judicial. ¿Qué clase de justicia puede impartir una persona que se guía por este tipo de parcialidad ideológica?
Un segundo dato se ha producido en el Congreso y señala una vez más una inversión de los derechos perversos en un sistema democrático. El Congreso ha aprobado, con la mayoría que apoya al gobierno, otra comisión, y será la cuarta, para analizar la corrupción del PP. Pero, atención, gracias a una enmienda del PSOE que los socios parlamentarios aceptaron. Las pesquisas parlamentarias a las que se hace referencia en esta 4ª comisión, ceñida a las intromisiones del estado en el proceso del independentismo para desprestigiar a sus líderes, quedarán acotadas en el tiempo sólo para el periodo que gobernó el PP, y se excluye, tal y como formulaba la versión inicial de la propuesta, al gobierno Sánchez. No es la primera vez que el gobierno, utilizando su mayoría en el Congreso, se dedica a tomar acuerdos para controlar, no unos hechos, sino sólo aquellos hechos que afecten al primer partido de la oposición. Y ahí está la perversión, porque España es el único país democrático donde en lugar de aceptar que la oposición controle al gobierno, es el gobierno quien se dedica a fiscalizar a la oposición. En estos términos, la democracia parlamentaria se transforma en una ficción.
Un tercer dato es ya un clásico. Cuando todas las encuestas, todas, incluidas las de El País señalan que Feijóo va a la cabeza y ganaría las elecciones si se produjeran ahora, aparece el CIS de Tezanos y dice que no. Que primero quedaría el PSOE con un 29,2% de los votos, seguido muy cerca, eso sí, pero en segundo lugar, del PP. Y eso pese a que la propia encuesta señala que Feijóo sigue por encima de Sánchez en la valoración ciudadana. Por si fuera poco y también en contra de lo que señalan todos los demás sondeos, resulta que UP se sitúa por encima de Vox. Es decir, este partido pierde votos, Cs sigue desaparecido, pero esto no se refleja en ninguna mejora del PP. El hecho de que un instituto público pueda reiteradamente presentar encuestas que son simples manipulaciones, ahora ya sobradamente demostradas, y que no pasa absolutamente nada, es una demostración más de que estamos ante una democracia no fundamentada en los derechos, sino dirigida por el ejecutivo.
El cuarto aspecto, que tratamos sobradamente en el caso de Catalunya es el informe de The Lancet sobre el excedente de mortalidad por covid que se ha producido en el mundo y que señala la escandalosamente elevada cifra de muertes en España, cerca de 100.000, muy por encima de las estimaciones oficiales que no alcanzaban los 60.000. Sin embargo, este dato y las críticas concretas a la forma de actuar del gobierno español prácticamente han desaparecido de los grandes medios de comunicación, que lo dejan referido a una indeterminada crítica mundial a todo el conjunto de los países a la hora de abordar la pandemia.
Otros cuatro hechos que se añaden al largo sumatorio de manipulación, ocultación y destrucción de todo aquello que garantiza el equilibrio entre las instituciones y el respeto a los derechos que permiten funcionar la democracia.
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