Hay decisiones de gobierno que llegan después de un Consejo de Ministros, con su orden del día, su relato oficial y esa solemnidad algo fatigada de la política institucional. Y otros llegan antes, anunciadas por terceros, como quien destapa un regalo antes de que el anfitrión haya entrado en la sala. EH Bildu ha anunciado la prórroga del escudo social antes de que lo hiciera el propio gobierno. Y, de paso, ha certificado que su apoyo a Pedro Sánchez sigue firme hasta el final de la legislatura.
No es habitual, pero tampoco es extraño. Sánchez ya ha utilizado en otras ocasiones este mecanismo: dejar que el aliado anuncie la buena nueva, como premio a la fidelidad. De esta forma, Bildu queda configurado como uno de los bastiones más sólidos del PSOE. Algo así como una columna maestra, pero anunciando notas de prensa.
El escudo social tiene como uno de sus puntos estrella la prohibición de desahuciar a inquilinos vulnerables que no pagan, ahora prorrogada. Medidas que tienen un impacto extraordinario –y no precisamente sutil– sobre el mercado de la vivienda. Aquí es donde conviene recordar aquella definición tan útil: populismo es aplicar soluciones simples a problemas complejos. Si es así, Sánchez hace populismo a manos llenas, con discurso progresista.
El problema de la vivienda -desahucios, familias incapaces de asumir los alquileres actuales- tiene dos causas principales.
La primera: el gobierno ha dormido en la paja durante más de siete años sin generar suficiente oferta de vivienda. El déficit se ha vuelto brutal y el resultado es una crisis histórica. Resolverla exige tiempo, dinero y capacidad ejecutora. Y no se está haciendo ninguna de las tres cosas.
La segunda causa es salarial. Los salarios en España son bajos, lo que conecta con otro mal crónico: la productividad. Es claramente inferior a la europea y, lo que es peor, los miles de millones de los fondos Next Generation no han cumplido su misión de mejorarla. El resultado es conocido: el coste laboral unitario español es entre un 20 y un 30% inferior al de la zona euro y Alemania. Se paga menos porque se produce menos. Y se produce menos porque no se ha invertido bien.
A todo esto se añaden otras ramificaciones: el bajo gasto público en ayudas a la familia, a los hijos y a la maternidad, que incide directamente en la situación residencial de muchas personas. Ante este panorama complejo, la respuesta del gobierno es la prohibición: prohibir desahuciar, prohibir subir alquileres. Una política basada más en el “no” que en el “cómo”.
El resultado es todo menos solucionar el problema. Las únicas vías reales son dinamizar la oferta de vivienda -especialmente la de protección oficial- y mejorar los salarios. Pero esto no ocurre. Para realizar una política efectiva sería necesaria una inversión presupuestaria del 0,7% del PIB, unos 11.151 millones de euros de 2024 al año. ¿La realidad? El presupuesto superó los 6.800 millones, pero solo se ejecutó el 32%: unos 2.176 millones. La peor capacidad ejecutora de todos los ministerios, con cero desembolsos en préstamos ICO para vivienda social a pesar de las transferencias previas.
La constatación es clara: lo presupuestado solo cubre un 60% de lo necesario y, encima, no se ejecuta ni una quinta parte de lo necesario. Así, el problema no solo no se soluciona, sino que empeora.
Mientras, desde el inicio de la legislatura, el IPC subió un 17,6% y los salarios un punto menos. Pero la realidad cotidiana es aún peor: los alimentos han subido por encima de la media del IPC, y las familias con rentas bajas dedican una parte mucho mayor de sus ingresos a comer. Progresismo en la teoría, tensión en la nevera.
¿Y qué provocan las prohibiciones en desahucios y la limitación de los alquileres? Pues, paradójicamente, un castigo adicional para la población con menores ingresos. Por un lado, el gobierno traslada el coste de la crisis social a los pequeños propietarios -los que tienen uno o dos pisos- en lugar de asumirlo él mismo.
Aquí aparece la gran contradicción de un gobierno que se autodefine como progresista: a lo largo del mandato, las rentas medias y bajas lo pasan cada vez peor, mientras que las rentas del capital son las que han visto mejorar sus ingresos. Jóvenes y familias con hijos, mal; personas mayores con patrimonio e inversores bursátiles, bastante bien.
Cosas del progresismo de Sánchez. Un progresismo que anuncia antes de tiempo, prohíbe mucho y resuelve poco. Y que, como diría Pla, tiene una gran virtud: siempre parece que esté haciendo algo, aunque el problema siga exactamente en el mismo sitio.
No te pierdas mañana el análisis en profundidad de Converses sobre «los efectos del escudo social».
El escudo social protege al relato, no al mercado inmobiliario. #Política Compartir en X
Cargando ...
