El nuevo decreto que aprobará este martes el Consell Executiu de la Generalitat significa, en realidad, una operación dirigida a alcanzar el control político de los Mossos por medio de varias vías. Este nuevo decreto presenta una nueva estructura de la policía y significa una remodelación total de lo que ha sido hasta ahora en algunos aspectos fundamentales.
Es un texto extenso de 132 páginas que refleja tres cosas muy importantes: una, el control político de las tareas judiciales, dos, convertir la dirección general de policía regentada por algún político en un área macro de control y, tres, facilitar la promoción de aquellos policías afines a ERC.
Vemos cómo se alcanzan estos objetivos mediante la modificación de la actual organización de la policía catalana.
El control político de las tareas judiciales se logra a base de impedir que sus actuaciones sigan blindadas, como hasta ahora, en manos de la policía judicial. Estas indagatorias son básicas para la función policial y son las que encargan los jueces a la policía. Ha sido una de las grandes tareas y logros de los Mossos: ganarse la confianza de los jueces para que les fueran encargadas a ellos estas misiones, dado que los responsables de la justicia pueden optar por los Mossos o por la Policía Nacional y la Guardia Civil .
Por ejemplo, cuando el asunto del dr. Morín y las clínicas abortistas, quien intervino fue la Guardia Civil y no los Mossos. Hoy prácticamente todos los trabajos de esta naturaleza son realizados por la policía catalana porque ha acreditado una absoluta independencia de la policía general de cualquier intromisión ajena, pero este blindaje toca a su fin con la nueva organización.
Por un lado, las escuchas telefónicas, que tienen un papel central en todas las investigaciones, dejan de formar parte de la policía judicial y pasan a una nueva comisaría de tecnologías de la información y la comunicación. Lo que significa que los autos judiciales que son secretos, podrían ser compartidos por muchas más personas que las encargadas de investigar ese asunto. De esta forma la dirección política de los Mossos se garantiza conocer qué se está investigando en materia de intervenciones telefónicas.
Por si fuera poco, por primera vez se establece por escrito la obligación de que los jefes de área de investigación criminal informen a los mandos regionales de forma directa de los hechos o investigaciones que están llevando a cabo. Por este segundo canal, y a través de los mandos regionales, que deben rendir cuentas a la dirección política, éstos pueden conocer en qué estado se encuentra una determinada investigación.
Se trata de un asunto muy grave porque deja a la policía judicial en manos de intromisiones políticas y también porque es la puerta abierta por la que puede salir la confianza que los Mossos han ganado ante los jueces y que éstos vuelvan a derivar hacia otros policías casos de los que quieren tener la absoluta garantía de que el gobierno de la Generalitat no tendrá un conocimiento previo.
La segunda gran transformación es la de hacer de la dirección general de la policía, regida por un político, en la actualidad Pere Ferrer, una gran área que controlaría no sólo los temas institucionales y la dirección de la policía, sino también asuntos internos, inspección y ámbitos de administración y servicio de recursos humanos. Por estas vías la dirección general tiene un control total de las diversas divisiones de la policía, y tiene capacidad de impulso o de ahogar por medio de la asignación de recursos actividades e iniciativas.
Por último, el decreto prevé triplicar prácticamente los cargos de mando, pasando de los 109 actuales a 309, desde subinspector hasta el máximo nivel de Mayor. Se incrementarían, por tanto, los comisarios, intendentes, inspectores y subinspectores. Este aumento inflará de cabezas a la organización porque la policía no crecerá en efectivos en similar proporción. Estos 200 cargos a cubrir facilitarán a todos los niveles la promoción de policías afines a ERC. De modo que en el transcurso de unos años, si se mantuviera en el gobierno, tendrían unos cuadros fuertemente orientados desde el punto de vista político.
Todo esto es un escándalo y hay que ver la reacción de los sindicatos de policías en los que difícilmente existirá unanimidad en función de las diversas orientaciones y también porque con la nueva organización será más fácil la promoción personal.
En todo caso si Catalunya dispusiera de un Parlamento y una verdadera oposición, éste sería un asunto que merecería la más alta atención para esta instancia. Incluso impidiendo la puesta en marcha del decreto y abriendo una comisión de investigación para analizar a fondo su génesis e implicaciones. Es un riesgo potencial demasiado grande para dejarlo pasar.
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