La pregunta es pertinente porque afecta a una cuestión que es fundamental en el informe del Defensor del Pueblo sobre la pederastia, pero limitada sólo a los casos en los que los presuntos agresores pertenecen a la Iglesia católica. Sobre este informe y la decisión en el Congreso que lo motivó ha planeado siempre la sospecha de la inconstitucionalidad para significar un acto discriminatorio. No pueden vincularse delitos a grupos sociales concretos. No se puede realizar un estudio de los robos de los gitanos y por la misma lógica tampoco se puede hacer de las entidades católicas. Pero como el Tribunal Constitucional despejó, sin entrar en materia, el recurso presentado, la cosa ha quedado como está, y ahora una comisión mixta del Congreso y del Senado debe empezar a tratarlo previsiblemente este mes de febrero.
La encuesta inicialmente no estaba prevista, pero dado el escaso número de casos que había logrado identificar después de un año de trabajo en la oficina del Defensor del Pueblo, se optó por esta vía, que evita indagar aspectos concretos. Podía haber utilizado otra de validez estadística, como es la de las denuncias por abusos sexuales en menores del ministerio del Interior, pero vete a saber por qué esta fuente, que sí expresa casos reales año tras año, ha sido totalmente ignorada.
Cuando el informe se presentó sólo figuraban una serie de datos extraídos de la encuesta. Pero, y eso ya llamó la atención, no figuraba el cuestionario ni los microdatos de las respuestas que suelen acompañar a las encuestas oficiales, tanto las del CIS como las del CEO en Cataluña. En su momento algunas entidades lo reclamaron, pero la respuesta por parte de Ángel Gabilondo fue el silencio.
Ahora los hechos se complican porque formalmente la Conferencia Episcopal Española ha efectuado la petición de la encuesta que, por tratarse de un documento de esta naturaleza, debería ser lógicamente pública, como explicitan las exigencias de transparencia e información que, teóricamente, regulan la administración española. Pero la respuesta curiosamente ha sido que no, y lo ha hecho tanto el Defensor del Pueblo como la instancia que vela por la transparencia de la administración. Han contestado, según el secretario de la CEE, que nada y que, si no están de acuerdo que acudan a la Audiencia Nacional (?) a reclamar .
En realidad, lo que ocurre es que los contenidos de la encuesta en conjunto ponen de relieve un hecho que por otros estudios es bien conocido, que los casos de pederastia atribuibles a la iglesia son secundarios en este delito y que la incidencia es mucho mayor en otros ámbitos. También revela que allí donde se concentra más este tipo de delito es en el entorno familiar, y que se da la circunstancia de que en las familias católicas la prevalencia está claramente por debajo de la media.
Veremos si en la comisión mixta Senado-Congreso alguno de sus miembros exige el acceso a la encuesta completa, porque es una obligación cuyo cumplimiento no debería ni siquiera reclamar. ¿Cómo es posible que una indagación del Defensor del Pueblo oculte unos datos que en ningún caso afectan a referencias de personas concretas dado el carácter de encuesta que, por definición, no está personalizada?
Vivimos en un país donde los abusos de poder, ahora también por parte de aquel que dice que debe defender al pueblo de la administración, Ángel Gabilondo, son cotidianos y que sólo cobran relevancia si dan lugar a un conflicto o un escándalo. De modo que desde los mismos poderes públicos se hace pedagogía para decirte que o montas una escandalera o nadie está dispuesto a hacerte caso; es una forma de incentivar la conflictividad, por un lado, y el descrédito de las instituciones, por otro.
Descrédito que también se extiende a los medios de comunicación. El diario El País, a partir de extrapolar incorrectamente los datos de la encuesta determinó que había 440.000 víctimas, que La Vanguardia actual, siempre más maximalista, ya se olvidó de la extrapolación y firmó la autoría de la cifra directamente en el informe del Defensor del Pueblo. Si esta magnitud hubiera sido real, dado que en el período indagado, nada menos que 70 años, han habido 110.000 sacerdotes y religiosos, lo que quiere decir que cada cada uno de ellos ha generado 4 víctimas de media. La tontería es más que notable, pero no importa, ninguno de los dos medios ha tenido la dignidad profesional de revisar sus afirmaciones.
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