Los sindicatos de los trenes franceses (SNCF) y el transporte público de París (RATP) prosiguen su chantaje al gobierno y la población y ya acumulan más de 4 semanas de huelga contra la reforma de las pensiones y la supresión de sus privilegios particulares.
La protesta, capitaneada por el sindicato extremista CGT, no se ha detenido ni siquiera para permitir a los franceses tomar el tren para ir a ver a los familiares durante las fiestas de Navidad.
Aunque la dirección de la SNCF consiguió limitar los estragos los días 23 y 24 de diciembre, los sindicatos parecen dispuestos a proseguir la huelga en el mes de enero, al regreso de las vacaciones.
El mes de diciembre ha sido particularmente duro para los franceses que viven o trabajan en París, y aún más para aquellos que tienen que hacer trayectos cotidianos entre el centro de la ciudad y la periferia.
Con unos servicios mínimos irrisorios (de hecho, no se trata ni siquiera de servicios mínimos, porque legalmente no existen en Francia) de algunos autobuses, metros y trenes en horas de punta, los franceses se ven obligados a correr una maratón cada día. Una prueba que se suma a la fatiga acumulada desde el verano y el estrés de vivir en una gran metrópolis como París.
Los accidentes de tráfico se han incrementado entre un 20 y 40% desde el inicio de las protestas, especialmente los que implican peatones, ciclistas y motoristas. Conductores y peatones tienen los nervios a flor de piel, como dejan adivinar los incesantes bocinas y los frecuentes insultos que se escuchan por las calles.
A pesar de que la vida económica continúa ( excepto el turismo y restauración que han sufrido un grave descenso de hasta la mitad de la facturación mensual en diciembre), los parisinos se sienten como en medio de un paréntesis que nadie sabe cuando se cerrará.
El escándalo de esta huelga no se detiene aquí. Las filiales de los sindicatos de la compañía pública de electricidad EDF han dado varios golpes cortando la corriente eléctrica en zonas completas del territorio. Se trata de acciones totalmente ilegales que los sindicatos amenazan públicamente con volver a utilizar.
Sorprendentemente, los franceses son más bien condescendientes con los huelguistas que los han tomado como rehenes: un sondeo realizado antes Navidad reveló que el 51% de los encuestados tenía una opinión favorables de la huelga, y tan sólo un 34% se manifestaba en contra. A pesar de estos datos, se observa un progresivo endurecimiento de la opinión pública contra los sindicatos promotores de la huelga.
Por otra parte, un 69% de los franceses encuestados respondió que pensaba que el gobierno iría hasta el final de la reforma de las pensiones sin hacer ninguna concesión a los manifestantes.
Mientras tanto, el gobierno francés parece estar más ausente que presente. El presidente Emmanuel Macron se limitó a lanzar un llamamiento a los sindicatos para introducir una tregua en Navidad. También ha hecho un gesto simbólico al renunciar a su propia pensión como ex-presidente.
Los franceses esperan que Macron haga algún anuncio de relevancia política en su discurso de fin de año el 31 de diciembre. El año pasado, en el mismo discurso, Macron prometió 10.000 millones de euros de ayudas y la supresión del impuesto al carburante en pleno movimiento de las Chalecos Amarillas.
Mientras tanto, los miembros del gobierno envían mensajes contradictorios. Aurore Bergé, portavoz de LREM, el partido de Macron, afirmó que los manifestantes no obtendrían ninguna concesión de su huelga masiva. Olivia Grégoire, vicepresidenta de la Comisión de Finanzas Públicas, ha predicho en cambio que el gobierno preparaba «varios miles de millones [de euros] en concesiones».
