El malestar por la inflación ha empezado a disparar las protestas sociales. De esta forma y de una manera algo sorprendente, una huelga de pequeños transportistas y autónomos, que el gobierno Sánchez menospreciaba por su escasa significación, está creando serios problemas en los suministros.
En este sentido, el sector agrario es el más perjudicado, tanto por la afectación como porque se trata de productos periplos y que, por tanto, si no pueden ser transportados en unos determinados plazos, sencillamente se estropean. También se apunta la posibilidad de una huelga general en el sector de la pesca el próximo lunes, que acentuaría el desabastecimiento de pescado, pero todavía quedan días para que la amenaza se confirme.
Lo que es evidente es que la inflación irá a más y muchos especialistas ya hablan de que en concreto en España llegará a los dos dígitos. En estas condiciones será muy difícil mantener estabilizados los salarios para evitar entrar en una espiral inflacionista.
Cabe recordar que nuestro país presenta cuatro hándicaps muy importantes. El primero es que es la economía europea más retrasada en relación con la recuperación de la crisis económica de la covid. El segundo es que nuestra estructura de precios es más inflacionaria, del orden de 2 puntos de promedio. Y el tercero y cuarto son que tenemos un elevado déficit y deuda pública. Es una mala combinación. También es el país europeo que hasta el momento menos medidas ha adoptado para paliar el impacto inflacionario y la carencia de productos. Querer esperar hasta finales de marzo para ver qué medidas asume la UE en materia de precios energéticos, acentúa el problema y crispa el clima social.
En estos momentos las primeras reivindicaciones son claras, nuevos ERTOS, que significa más desarbolamiento por parte del estado, un mínimo de 3.000 millones de euros directos en ayudas y menos IVA, que es el tipo de impuesto que más castiga a rentas inferiores. Existen expertos que reclaman temporalmente un IVA cero para los productos básicos. Son también reivindicaciones necesarias, reducir el peso de los impuestos en los carburantes. Parece necesaria la moratoria de los créditos del ICO que afectan a unas 900.000 personas y también suspender el alza de las cotizaciones a la Seguridad Social, que está previsto que se incrementen en un 0,6%. Los autónomos también defienden retrasar la reforma de las cotizaciones, y el sector primario reclama un plan especial porque se ven afectados no sólo por el incremento del coste de la energía, sino también de los fertilizantes,
Como puede constatarse, el estado de las cosas que reclaman la acción de gobierno son muchas y complejas, porque al mismo tiempo debe modificar a la baja los ingresos previstos si es que acoge las necesarias reducciones impositivas. En este sentido, una medida adicional que se está convirtiendo en clamor es que se deflacte la escala fiscal para evitar que la inflación contribuya a multiplicar la presión impositiva porque lo que hace es inflar sus ingresos.
Un problema derivado de toda esta situación es que, según y cómo actúe el gobierno, la desigualdad y la pobreza relativa, que ya eran un problema antes, aumentarán aún más, porque es bien conocido que la inflación castiga mucho más a las rentas inferiores.
En la medida en que la situación de conflicto en Ucrania y de sanciones a Rusia se mantengan, la crisis se acentuará y aquí uno de los centros de gravedad es Alemania, porque aparte del carbón, el petróleo y el gas, Rusia es un importante mercado de importación de hierro y acero, de metales no ferrosos, de fertilizantes y aluminio procedentes de Alemania. Mientras que Ucrania es un proveedor para varios aspectos de la producción industrial alemana. Por ejemplo Volkswagen ya ha detenido dos de sus principales plantas, la de Zwickau y Dresde porque no ha podido asegurar las importaciones de cableado eléctrico necesario para la producción de automóviles producida en Ucrania.
También está por ver el impacto en el sector bancario. En este caso la bofetada más grande se la llevarían Francia e Italia. Tres bancos en concreto están especialmente expuestos son Raiffeisen, UniCredit y Société Générale. Que el foco del impacto esté localizado no significa que no pueda tener repercusiones por carambola en otros bancos.