La realidad descarnada es ésta: tanto Esquerra Republicana como Junts engañan a sus votantes de forma reiterada y deliberada, con el fin de evitar reconocer tres cuestiones fundamentales.
Primero, han abandonado cualquier intención real de promover la independencia de Catalunya. Actualmente, la independencia es únicamente un eslogan electoral, pero no están dispuestos a asumir riesgos que puedan comprometer sus posiciones personales, ya que encuentran mayor comodidad en la situación actual.
Segundo, ambos partidos actúan según la lógica de la partitocracia, en la que cada organización política tiene como prioridad absoluta garantizar los máximos beneficios y ventajas para sus dirigentes y la propia organización, especialmente para los militantes más comprometidos y activos en la toma de decisiones internas. Cuando esta prioridad coincide con el interés general, contribuyen al bien común; pero si entran en conflicto, prevalecen siempre los intereses del partido, sometiendo a los del conjunto de la ciudadanía. Por esa razón calificamos el sistema actual como partitocrático.
Tercero, tanto Oriol Junqueras como Carles Puigdemont son prisioneros políticos del presidente Sánchez, al igual que Sánchez es prisionero de ambos líderes independentistas. Este círculo vicioso beneficia al Partido Popular, que puede así simplificar y reducir a una caricatura su política hacia Catalunya, evitando tener una estrategia propia más allá del rechazo absoluto al independentismo.
Además, al gobierno de Sánchez le conviene esta situación, ya que permite exhibir supuestos logros que rara vez se materializan. Sánchez opta por conceder aparentes éxitos simbólicos, garantizando así el apoyo parlamentario necesario para mantenerse en el poder, aunque estos éxitos nunca se concreten. Esta estrategia se facilita aún más desde que Sánchez decidió gobernar lo máximo posible al margen del Congreso de los Diputados, una actitud poco democrática que niega la esencia del Estado de Derecho, pero que le resulta efectiva para conservar el gobierno.
Puigdemont y Junqueras son conscientes de que un eventual gobierno liderado por el PP supondría la pérdida de ventajas que actualmente poseen. Aunque podrían intentar reactivar un independentismo más radical, la experiencia reciente hace improbable que se aventuren de nuevo por este camino. Esta actitud, aunque humana, constituye un engaño deliberado a los ciudadanos.
Los supuestos logros obtenidos en las negociaciones con Sánchez han resultado ficticios. Cuando Esquerra Republicana abandonó el gobierno catalán, afirmó haber conseguido dos grandes objetivos: una financiación singular similar al concierto económico y el traspaso de las competencias de Cercanías de Renfe.
Hasta la fecha, nadie, ni siquiera Salvador Illa, ha podido precisar en qué consiste esa financiación singular. El propio Antoni Castells, experto en economía regional y exconsejero de economía, reclamaba recientemente aclarar qué significa exactamente esta financiación.
Por otra parte, el traspaso de Cercanías se ha convertido en un auténtico esperpento que perjudica a diario la vida de decenas de miles de catalanes. Retrasos sistemáticos, incidencias constantes y un servicio muy deficiente perjudican a la economía y la vida cotidiana. La solución, propuesta desde hace tiempo, era una empresa mixta entre Renfe y Ferrocarrils de la Generalitat, liderada por ésta última. Sin embargo, finalmente el gobierno de Sánchez ha pactado una empresa mixta, pero con Renfe en mayoría, lo que implica que nada cambiará sustancialmente.
Este acuerdo es un engaño evidente, aceptado por Esquerra Republicana sin protestas en su último congreso. Sin embargo, siguen asegurando, sin base documental alguna, que la situación cambiará en el futuro, aunque incluso los sindicatos advierten que esto no está contemplado en los acuerdos.
Esquerra Republicana ha decidido mantener su alianza incondicional con Sánchez e Illa en Catalunya, mientras que Junts, aunque con una dureza aparentemente mayor, sigue un camino similar. Ninguno de los acuerdos pactados para la investidura de Sánchez se ha cumplido: ni un nuevo sistema de financiación, ni el reconocimiento del catalán en Europa, ni claridad sobre el pacto en materia migratoria.
En la práctica, Junts ha optado por colocar a personas cercanas en empresas públicas del Estado español, una estrategia contradictoria para un partido que proclama la independencia. Esto sería como si el Partido Nacionalista Escocés dedicara sus esfuerzos a situar a dirigentes en empresas públicas británicas; nadie entendería tal contradicción. Pero aquí esto ocurre con total normalidad. Ramon Tremosa está en AENA, Elena Massot en Enagás y Pere Soler en la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia. Según informaciones recientes, Antoni Castellà podría sumarse pronto a esta lista.
Detrás de toda esta realidad existe una profunda crisis moral. Si los dirigentes pueden realizar semejantes maniobras durante años, es porque sus bases aceptan y toleran ser engañadas, convirtiéndose en actores secundarios de una ficción política. Evidentemente, un país que acepta vivir bajo la mentira y la manipulación atraviesa grandes dificultades en su presente y afronta graves amenazas para su futuro económico, social, cultural y político. Catalunya, gobernada desde la Generalitat por una minoría dependiente de Sánchez, se encuentra hoy sin duda ante un futuro incierto.
