El trilero, ya se sabe, es ese juego trucado en el que hay que adivinar dónde está la bolita que el gestor del juego mueve incesantemente, tapándola con tres recipientes. Se puede decir así porque el otro jugador nunca acierta, a no ser que el gestor lo quiera para que parezca que el juego es verdadero y no una estafa.
Pues bien, Sánchez realiza esta práctica con la Unión Europea. Por un lado, enciende discursos de fidelidad y aplicación de sus mandatos; por otro, hace de forma clamorosa lo que le conviene. Sólo la extraña condescendencia de la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, hace que España –o, mejor dicho, su gobierno– no esté señalada como incumplidora.
Lo es ampliamente en el terreno de la justicia y de la aplicación de los derechos humanos, de acuerdo con los informes anuales de la Comisión. Pero también hay mucho trilero en la forma en que el gobierno presenta las cuentas. Por ejemplo, la Seguridad Social sigue estando en quiebra, y parece difícil que con la dinámica laboral actual se pueda corregir el déficit anual que cubren los presupuestos del Estado, que superó los 60.000 millones de euros el pasado año.
Dos hechos recientes ilustran este comportamiento
Existe una gran unanimidad dentro del establishment comunitario sobre la necesidad de que Europa haga cambios vitales para competir con China y Estados Unidos. Son muchos los campos en los que nos hemos retrasado; uno de ellos es disponer de grandes campeones europeos, es decir, empresas que por su tamaño y dinámica puedan competir en el mercado global con las de otros países.
El informe Letta, del ex ministro italiano, insiste en ese sentido. En su reciente viaje a Madrid, remarcó la necesidad de un mercado único europeo, en lugar de los múltiples mercados actuales, que corresponden a los Estados miembros –o incluso más, como sucede en el caso de España.
No todo el mundo comparte ese punto de vista, como muestran los partidos de la derecha alternativa. Sin embargo, es evidente que el núcleo central de socialdemócratas, liberales y conservadores sí lo ve así. Sin embargo, Sánchez acaba de demostrar que, aunque asienta al discurso europeísta, en la práctica asume una concepción nacionalpopulista cuando debe aplicarlo en España.
Es el caso de Talgo: la intromisión de la Moncloa ha sido escandalosa por satisfacer el interés del Partido Nacionalista Vasco, evitando que la operación de un nuevo socio vital para la empresa le apartara de su ámbito, y resultara favorecida la vasca Sidenor a pesar de ser la peor oferta en todos los sentidos.
Hoy, 14 de febrero de 2025, Talgo, el fabricante español de trenes, se encuentra en una situación de transición a causa de movimientos significativos en su accionariado. El fondo de inversión Trilantic, que posee el 29,9% de Talgo, recibió una oferta de adquisición por parte de un consorcio liderado por Sidenor, presidido por José Antonio Jainaga, con el apoyo de las fundaciones bancarias BBK y Vital, así como del fondo público vasco Finkatuz. Esta oferta propone un precio de 4,15 euros por acción, con un posible incremento de 0,65 euros adicionales si se cumplen ciertos objetivos para 2027 y 2028.
Anteriormente, el fondo estatal polaco PFR, propietario del fabricante ferroviario Pesa, había mostrado interés en adquirir hasta el 100% de Talgo mediante una oferta pública de adquisición (OPA) a un precio de 5 euros por acción, superando a la oferta de Sidenor. Sin embargo, PFR decidió no continuar con la OPA, influenciado por la postura del gobierno español, que prefiere que Talgo permanezca bajo control nacional para asegurar el mantenimiento de la producción y el empleo en España.
Esta preferencia gubernamental ha llevado a Sidenor a posicionarse como el principal candidato para adquirir la participación de Trilantic en Talgo, a pesar de que su oferta sea menos favorable en términos económicos en comparación con la propuesta polaca. El gobierno español valora la capacidad de Sidenor para mantener la producción y el empleo dentro del país, considerándolo un factor clave en la decisión.
En el contexto de estos movimientos, se han producido diversas dimisiones en el consejo de administración de Talgo. José María Oriol Fabra, vicepresidente no ejecutivo y consejero de la empresa, presentó su dimisión por motivos personales. Asimismo, otros tres consejeros, Francisco Javier Bañón, Javier Fernando Olascoaga y Pedro Manuel del Corro García-Lomas, renunciaron a sus cargos para evitar posibles conflictos de interés en medio de las negociaciones de venta.
Estas decisiones y movimientos en el accionariado de Talgo reflejan la importancia estratégica que la empresa tiene para España y la influencia del gobierno para asegurar su control.
Pero, además, existe un antecedente reciente en el mismo sentido:
En marzo de 2024, el consorcio húngaro Ganz-MaVag Europe, compuesto por Magyar Vagon y el fondo estatal húngaro Corvinus, lanzó una oferta pública de adquisición (OPA) amistosa para adquirir el 100% de Talgo, valorando a la empresa en 620 millones de euros (5 euros por acción). Esta oferta contaba con el apoyo del consejo de administración de Talgo y sus principales accionistas.
Sin embargo, el gobierno español expresó desde el principio su preocupación debido al carácter estratégico de Talgo en el sector ferroviario nacional y a los posibles vínculos de Ganz-MaVag con el gobierno húngaro de Viktor Orbán y, potencialmente, con Rusia. El Consejo de Ministros decidió en agosto de 2024 vetar la OPA, alegando “riesgos insalvables para la seguridad nacional y el orden público”.
Ante este veto, Ganz-MaVag retiró su oferta y anunció su intención de emprender acciones legales tanto en España como en la Unión Europea para defender la legitimidad de su propuesta. Posteriormente, en diciembre de 2024, el consorcio presentó un recurso ante el Tribunal Supremo español contra la decisión del gobierno.
El gobierno español ha priorizado mantener a Talgo bajo control vasco, satisfaciendo así al PNV, al que necesita en el Parlamento, en lugar de facilitar la entrada de una empresa europea en la construcción de ferrocarriles. Si cada país actúa con esta lógica, el informe Letta se convierte en papel mojado. Esta lógica local puede ser defendible, pero no lo es participar en un determinado discurso en Bruselas y hacer lo contrario en España.
Otro capítulo reciente es el militar. Es evidente que España es el Estado que menos recursos destina a su defensa, sin llegar siquiera al compromiso del 2% del PIB, cuando ahora la exigencia de la OTAN ya se sitúa en el 5%. Sin un gasto militar más significativo, toda consideración sobre la política europea en relación con Ucrania, por ejemplo, no tiene sentido.
En ese contexto, Sánchez destaca por dos perfiles perfectamente contradictorios. Por un lado, levanta la voz y se muestra duro con toda negociación con Rusia que no sea favorable a los intereses ucranianos. Pero, al mismo tiempo, es incapaz de ofrecer una ayuda militar digna de ese nombre. Una vez más, demuestra que no es un aliado fiable.
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