Ahora, en pleno escándalo por el cese del coronel Pérez de los Cobos y lo que puede significar por presunta intromisión, por parte del ministro, en la investigación judicial dirigida a aclarar los antecedentes sobre la situación de la pandemia y su conocimiento por parte del gobierno antes de la manifestación del 8M, tiene un interés absoluto rememorar la cronología oficial de los hechos expuesta por la vicepresidenta del gobierno Carmen Calvo en sede parlamentaria el 18 de Mayo.
Según esta cronología, ya el día 7 de enero la Comisión Constitucional del gobierno constató que tenía noticias del problema en China pero que no eran graves, si bien el CAES, el Centro de Alertas Epidemiológicas, sí decidió comunicar a las CCAA la necesidad de tener en cuenta la aparición de un nuevo virus, el Covid-19 (en realidad el SARS-CoV-2, dado que este otro nombre se reserva para designar la enfermedad, no el virus).
El 13 de enero se decidió poner en marcha un Comité de Seguimiento continuo y permanente en las CCAA. Por lo tanto, desde mediados de enero, al menos formalmente, el gobierno español se estaba preparando por si se producía una incidencia epidemiológica.
El 30 de enero la OMS avisó de que nos podíamos situar en una emergencia y Carmen Calvo asegura que entonces se empezaron a adoptar las medidas necesarias.
El 4 de febrero el gobierno ya estaba preocupado por la posible expansión y decidió crear un comité interministerial como consecuencia de la emergencia dictada por la OMS. En este comité había varios ministerios: Interior, Defensa, obviamente Sanidad, los relacionados con la política de movilidad, Educación. Pero, sorprendentemente, se olvidan de los servicios sociales y, por tanto, de las residencias de ancianos. Iglesias, atento siempre a estar en todo lo que se cocina en el gobierno, manifiesta una total indiferencia en relación con el riesgo de pandemia, y por lo tanto ni siquiera se plantean el problema de las residencias. Esta omisión terminaría generando la gran tragedia que estamos viviendo.
El Comité interministerial se reunió 6 veces, 3 a nivel técnico y 3 a nivel político. La primera reunión de alcance político fue el 25 de febrero y luego se reunieron las instancias técnicas el 26 y 28 de febrero y el 6 de marzo. Y luego otra vez las políticas el 10 y 13 de marzo, ya en puertas del estado de alerta. Pero es que además el 19 de febrero se formó el Comité de situación, un organismo establecido en la ley de Seguridad Nacional de 2015.
Con esta cronología se hace patente que el gobierno tiene conciencia del problema en enero, que lo comunica a las CCAA, que crea o pone en marcha organismos relacionados con el problema epidemiológico, tanto en el ámbito político como técnico, que están funcionando desde mediados de febrero, y lo que no se entiende es que con tantos organismos y tantas reuniones suceda que, ya en marzo, los hospitales no están preparados con los equipamientos de protección personal necesarios y que son un material elemental, que no se hace ningún tipo de predicción para los respiraderos y las plazas de UCI, ni se prevé nada para poder hacer tests de contagio.
La pregunta es: el presidente del gobierno, los ministros implicados, los jefes técnicos y directivos de los diferentes ministerios, ¿qué hacían durante estas reuniones? ¿A qué se dedicaron? ¿Qué previeron? Porque realmente no son pocas ni tardías.
El intento de la vicepresidenta en el Congreso de detener las posibles reclamaciones judiciales por falta de atención del gobierno al problema ha mostrado otra cara, quizás más peligrosa para todos nosotros que la anterior: la de la incapacidad. Sabían que se encontraban ante una emergencia, se reunieron muchas veces, y no fueron capaces de prever absolutamente nada. Esta es la amenaza, porque los que han de prever el futuro siguen siendo los mismos.
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El presidente del gobierno, los ministros implicados, los jefes técnicos y directivos de los diferentes ministerios, ¿qué hacían durante estas reuniones? ¿A qué se dedicaron? Share on X
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