Hay procesos judiciales que delimitan responsabilidades. Y los hay, inevitablemente, sacuden una memoria colectiva. El juicio contra Jordi Pujol y sus siete hijos, iniciado el 24 de noviembre de 2025 en la Audiencia Nacional, pertenece a esta segunda categoría. No solo porque afecta a quien presidió la Generalitat durante veintitrés años, sino porque interroga a un legado político que ha marcado el siglo XX catalán.
Trece años después de la apertura formal de la causa, a raíz de una denuncia y de los informes de la UDEF, el proceso ha entrado finalmente en fase oral. El expresidente, de 95 años, sigue las sesiones por videoconferencia. La fiscalía pide hasta nueve años de cárcel para él y hasta veintinueve para su hijo mayor, Jordi Pujol Ferrusola, por delitos de asociación ilícita, blanqueo de capitales, fraude fiscal, falsedad y frustración de la ejecución. En la instrucción inicial, la familia fue considerada una organización criminal. Solo esta calificación sitúa ya el debate en una dimensión moral de enorme densidad.
Las primeras sesiones se centraron en la competencia del tribunal. Las defensas reclamaron el traslado a Barcelona; el tribunal, presidido por José Ricardo de Prada, confirmó la competencia de la Audiencia Nacional alegando la conexión internacional de los hechos, especialmente por las cuentas en Andorra. Desde entonces, el juicio avanza con un volumen extraordinario de prueba testifical: más de 250 testigos, entre empresarios, responsables bancarios, agentes de la UDEF y periodistas.
La cuestión de fondo es precisa: no se trata de probar si existía dinero en Andorra, sino si esos fondos provenían de una estructura criminal vinculada al ejercicio del poder político. Es decir, si el cargo fue un instrumento de lucro personal.
Hasta la fecha, la conexión directa entre decisión pública y enriquecimiento privado no ha sido acreditada con la contundencia que exige una acusación de esa gravedad. El proceso es largo, y el tribunal tendrá que valorar las pruebas con serenidad; pero el debate público a menudo ha confundido sospecha con demostración.
Sin embargo, el juicio no agota la figura. El problema -o la grandeza- es que Jordi Pujol no es solo un encausado. Es también un actor central en la reconstrucción institucional y moral de la Cataluña contemporánea.
Con Enric Prat de la Riba, es la figura más influyente en la configuración del catalanismo político del siglo XX. No solo por la obra de gobierno —la consolidación del autogobierno, la vertebración administrativa, el impulso cultural y económico—, sino por la articulación doctrinal de una idea de nación.
Aquí conviene detenerse. La palabra «nacionalismo» aplicada a Pujol ha generado equívocos persistentes. Por un lado, se ha identificado con la fórmula estatista «una nación, un estado». Por otro lado, se le ha asociado a los fantasmas del nacionalismo excluyente europeo. Ninguna de las dos lecturas es exacta.
El pensamiento pujoliano se inscribe más bien en el personalismo comunitario de Jacques Maritain y Emmanuel Mounier. La nación no es una entidad abstracta ni una maquinaria de poder, sino una comunidad moral históricamente configurada por una lengua, cultura y voluntad compartida de proyección. El objetivo no es la afirmación contra el otro, sino la mejora propia.
En este sentido, el concepto que mejor traduce esta visión es el patriotismo tal y como lo formula Alasdair MacIntyre en su ensayo. Is Patriotism a Virtue? El patriotismo no es una adhesión ciega ni una exaltación identitaria. Es una virtud arraigada en la lealtad a una comunidad concreta, que solo es moralmente legítima si se orienta al bien común y se sostiene en la amistad civil.
Esta amistad civil —traducción contemporánea de la philia politiké aristotélica— es el fundamento de la convivencia. Sin ella, las instituciones se convierten en instrumentos de facción; con ella, la política puede aspirar a su propia finalidad: el bien común.
En la cultura política pujoliana, la pàtria és tasca, no proclama. És l’exigència col·lectiva de construir condicions perquè les famílies floreixin, perquè les empreses innovin, perquè l’educació forgi caràcter, perquè les institucions funcionin amb excel·lència. No és un crit contra ningú; és una crida a ser millors.
Aquesta concepció de Catalunya com a comunitat moral s’inscriu jurídicament en el marc de la Constitució de 1978, de l’Estatut d’Autonomia i de la Unió Europea. No és una proposta de ruptura constant, sinó d’autogovern responsable. El patriotisme, en aquest esquema, no autoritza aventures que fracturin la convivència si el cost humà i institucional és superior al bé que es pretén assolir.
El patriotisme així entès no s’alça contra Espanya ni contra Europa. És una exigència de perfeccionament intern. Amor a la terra dels pares, sí, però també humilitat per actualitzar-ne el llegat i projectar-lo cap al futur sense destruir la concòrdia.
Abandonar aquesta idea i reduir-la a un simple nacionalisme d’eslògan és empobrir-la. Confondre-la amb les patologies polítiques del segle XX és desconèixer les seves arrels filosòfiques. I negar la dimensió moral del projecte és ignorar el seu nucli.
Per això el judici és també un examen per a la comunitat. La responsabilitat penal, si n’hi ha, haurà de ser establerta pels tribunals. Però la valoració del projecte polític no pot quedar reduïda a la contingència d’un procés judicial.
La història acostuma a ser més lenta i més exigent que els titulars. I potser la pregunta decisiva no és només què va fer un home amb els seus diners, sinó què va voler fer un poble amb la seva llibertat.
Els jutges dictaran sentència sobre els fets, però la nostra qüestió és un altre. Què fem amb el llegat i la pàtria?
El judici a Pujol no només interroga uns fets penals; interroga un llegat polític i moral. #JudiciPujol Compartir en X
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