Un año más, el Gran Recapte d’Aliments que tenía como objetivo obtener alimentos para ayudar a cerca de 200 mil personas ha sido un gran éxito.
28 mil voluntarios, todo uno ejército de solidaridad, contribuyeron a recoger 4.400 toneladas de alimentos. En dos días se ha recogido el 20% de todo lo que se distribuye a lo largo del año. Es una manifestación más de la gran capacidad de convocatoria y eficacia que tiene el Banc dels Aliments y la gran respuesta de los catalanes.
Pero junto a este éxito hay el gran fracaso político que lo hace posible. Porque el hecho de que las necesidades de una cosa tan elemental y vital como es la comida se mantenga en niveles altos, año tras año, es un indicio de la incapacidad de las grandes instituciones catalanas, la Generalitat en primer término, el Ayuntamiento de Barcelona y la Diputación, de hacer frente al problema de la pobreza, de la asistencia a las necesidades básicas de los catalanes, que tendría que ser su primera misión.
Las cifras son contundentes. Algo más de 1 de cada 5 catalanes se encuentra en una situación de pobreza relativa y, lo que es todavía mucho más grave, casi medio millón en 2018 viven en condiciones de pobreza severa, es decir, con carencias básicas.
Repartir alimentos es necesario, pero no puede ser un hecho consolidado y creciente, porque no soluciona el problema de fondo. Y aquí es donde tienen que intervenir los poderes públicos, la Generalitat en primer término. Y no lo hace. Esta es la lástima.
Los llamamientos extraordinarios que hace el Banc dels Aliments señalan una anomalía en su misión, porque recordémoslo, esta iniciativa nació en el ámbito internacional. Francia fue uno de los primeros lugares y Cataluña fue el primer ejemplo a escala española, cuya finalidad era aprovechar la comida sobrante de las empresas de alimentación. Todo aquello que estando en buen estado se descartaba por razones técnicas. Por ejemplo, por errores en el etiquetado, o en el peso del producto, en la proximidad de la fecha de caducidad y cuestiones de este tipo. También canalizaba los excedentes agrarios de la UE. Todo ello para hacerlos a llegar a personas con necesidades. Pero de esta misión inicial que lo que hacía era reducir el derroche, se ha pasado a una función estructural de asistencia a la pobreza, yendo a pedir ayuda directa a los ciudadanos, porque las necesidades superan los mecanismos de abastecimiento que están en el origen de los Bancos de los Alimentos.
La respuesta al problema que señala esta desviación de los fines iniciales la tiene la Generalitat y las otras administraciones catalanas. No se le puede pedir que lo resuelva plenamente, pero sí que lo atenúe y que acabe con el escándalo que muestra la fotografía de un vicepresidente de la Generalitat y responsable del área económica haciendo de voluntario demostrando así su “solidaridad”.
No es esto lo que pedimos a los gobernantes. Hubiera sido mejor que Pere Aragonès hubiera estado en su despacho mientras arbitraba medidas, como la de hacer efectiva la renta garantizada, que evitaran que la gente pasara hambre y tuviera que ir a parroquias y otros centros a buscar comida.
