Es evidente que hay todo un negocio construido con dinero público en torno a la ideología de género. Es lógico, cada año los presupuestos, sobre todo del ministerio de Igualdad y en menor grado los de las comunidades, diputaciones y ayuntamientos, reservan importantes partidas de ayudas, subvenciones y contrataciones a aspectos muy variados relacionados con la promoción de esta ideología.
Y, como el dinero público abunda, es lógico también que se haya creado en torno a ellos un conjunto de actividades, más o menos profesionales, de personas y empresas, como también se ha producido en la universidad en torno a los denominados “estudios de género”. El resultado es un continuado mal uso de recursos públicos, que ni responden a necesidades objetivas de la mayoría de la gente, ni en muchos casos van dirigidos a lo que dicen que pretenden desarrollar.
Ya ha pasado en más de una ocasión en el capítulo de las subvenciones, que acaban siendo destinadas a actividades inverosímiles, como puedan ser chocolatadas municipales a raudales.
Ahora el nuevo escándalo estalla en las filas del gobierno y enfrenta a sus socios y afecta a las contrataciones, que es otro capítulo.
En concreto la persona afectada es Isabel García, directora del Instituto de la Mujer, nombrada por la nueva ministra de ese ámbito, del PSOE, en sustitución de Irene Montero. Su nombramiento ya trajo discrepancias con los socios, dado que consideraban que esta feminista era lo que llaman una tránsfoba porque discrepaba de las teorías que equiparan a las mujeres trans con las mujeres.
Ahora la directora es acusada de un posible lucro con los puntos violeta, que es una de esas políticas de barra libre del ministerio de Igualdad gestionadas a través del Instituto de la Mujer. En concreto la pareja de Isabel García es responsable de una empresa de la que también es titular, pero sólo en un 10%, la propia directora general y está acusada de haber favorecido la contratación para la instalación de 64 puntos violeta en otros tantos ayuntamientos, con una facturación global de 1/4 de millón de euros. La empresa en cuestión, Elig Consultoría, estaba mayoritariamente en manos de Isabel García, pero cuando la nombraron, para cumplir con la ley hizo el acto formal de vender a su pareja la mayoría de las acciones, y se quedó con menos del 10% que permite la ley. La nueva CEO de esta empresa sólo consta que había trabajado antes como secretaria en el PSOE madrileño.
Los puntos violeta son casitas o tablas de información que se colocan en cada fiesta, dirigidas a “informar sobre posible agresiones que pueden sufrir las mujeres y asesorarlas en caso de que las sufran ”.
No parece ser una tarea que requiera un especial nivel de formación ni de preparación, pero visto como ha ido, parece que el ámbito de empresas que pueden optar es reducido. Tanto que 64 han estado en manos de la misma empresa participada por la directora general del Instituto de la Mujer, Isabel García. Toda esta información se ha conocido porque ha sido publicada por El Español ha dado lugar a un enfrentamiento entre el PSOE y el socio de gobierno Sumar que pide su cese. La ministra de Igualdad, Ana Redondo, de momento no ha hecho caso a la petición y pide que traten a la directora con humanidad. Quizás no estaría de más apelar a la presunción de inocencia.
El mecanismo es siempre el mismo y se sabe que constituye un canal para los contratos arbitrarios. Como son contratos menores, se pueden adjudicar directamente, lo que tiene su lógica por funcionalidad y también porque la administración puede tener preferencias objetivas, lo que se necesita son otras dos ofertas para comparar. La trampa, si se quiere decir así, es que estas otras dos ofertas están confabuladas y sólo sirven para cubrir el expediente. Además, como en otros casos, como se argumenta que como todo esto de la violencia de género y perspectiva de género es un ámbito muy especializado, hay pocas empresas que puedan llevarlos a cabo. De esta forma el porrón queda garantizado para que pase por muy pocas manos.
En realidad, lo que hay aquí es una pugna por el control del grifo de este importante flujo de dinero público dirigido a todo lo que sean las políticas de género. En el anterior gobierno de Sánchez estaba a manos de Irene Montero y sus usufructuarios más beneficiados eran los de su entorno político. Con el cambio de gobierno el PSOE recuperó el ministerio y, por tanto, la vara alta a la hora de decidir, que es la situación de siempre, porque hay que decir que el feminismo de género en España es un apéndice financiado por el PSOE que valora mucho el voto cautivo que esto le representa.
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