El portavoz de la Comisión para Asuntos de Justicia, Christian Wigand, hizo público ayer un comunicado que constituye una advertencia al gobierno español por parte de la Comisión Europea, por lo tanto a un nivel de máxima importancia. «La Comisión está al corriente del anuncio de ese nuevo proyecto de ley (se refiere a la reforma para la elección de los miembros del Consejo General del Poder Judicial aboliendo la mayoría de las 3/5 partes). Seguimos de cerca su evolución«. En el Informe sobre el Estado de Derecho de 2020, la Comisión subrayó la importancia de reducir la influencia del poder legislativo o ejecutivo sobre el Poder Judicial a fin de fortalecer la independencia judicial (hay que recordar que en este reciente informe también se consideraba inapropiada la politización de la fiscalía del estado al haber escogido una ministra saliente, Dolores Delgado, para ocuparla).
El capítulo del Informe sobre el Estado de Derecho 2020 en España mencionaba la situación del Consejo Judicial en España como un desafío. «Es importante asegurarse de que el Consejo no sea percibido como vulnerable a la politización. De manera más general, cuando los Estados miembros reforman el Poder Judicial debe hacerse siempre una consulta con todas las partes interesadas pertinentes, incluida la Comisión de Venecia. Los Estados miembros deben seguir las normas de la UE para garantizar que la independencia judicial no se vea comprometida». Esta rápida reacción de la Comisión Europea, poco habitual en un órgano que formula posiciones con notable lentitud, señala la importancia que le da la UE a a la iniciativa de Sánchez. De hecho, consiste en una advertencia que cierra el camino que el presidente del gobierno quiere seguir, porque le pide que consulte a las partes interesadas y eso significa que el Consejo de Estado, el CGPJ, el Consejo Fiscal y las asociaciones de jueces digan la suya, sabiendo de antemano que todas ellas están fuertemente en contra. Además, convierte el asunto en una consulta internacional al indicarle que acuda a la Comisión de Venecia.
Naturalmente, Sánchez puede no hacer caso a las recomendaciones porque ésta ha sido su reciente actitud con el órgano consultivo del gobierno del Consejo de Bioética de España en relación con la ley de la eutanasia. Pero, en un momento de máxima fragilidad para España en Europa, dada su dependencia de los fondos, sería una actitud muy arriesgada. Más cuando Polonia ya ha señalado con el dedo a España indicando que si ella, por querer reformar el poder de los jueces, está sometida a un expediente, también España debe pasar por el mismo camino. Cabe recordar que el grupo socialista en el Parlamento Europeo encabezado por el PSOE ha sido implacable con el gobierno polaco, y por tanto, ahora se lo devuelve. Para agravarlo más, los fondos necesitan todavía la unanimidad de todos los países miembros, y Polonia puede hacer presión en este sentido para contrapesar la otra presión sobre este país que le pide un cumplimiento más exacto de los criterios europeos en su funcionamiento interno, posición que encabeza Holanda, que también puede utilizar como arma de bloqueo de los fondos, que nunca ha visto con buenos ojos, porque los considera un gasto excesivo.
Es incomprensible como, viviendo inmersos en problemas gravísimos, Sánchez ha tomado una iniciativa que puede complicar aún más la situación política y económica. Está claro que no es para menos, porque elegir al CGPJ como quiere el gobierno significa entregarlo a manos de la política del partido que gobierne. Sus consecuencias son extraordinarias, primero porque el Consejo General nombra y promociona los jueces, y por tanto determina la composición de los grandes tribunales y de las carreras judiciales. Controlar esto dejaría la justicia en manos del PSOE y Podemos. Y todavía hay un segundo aspecto muy delicado para la democracia, que también es determinante en la configuración de la junta electoral Central, que es quien controla las normas electorales. De ninguna manera el bloqueo del PP, un hecho circunstancial, puede dar lugar a un cambio estructural tan importante.
Desde el punto de vista exterior, lo que hace Sánchez es deteriorar la imagen de seguridad jurídica que todo estado sólido tiene que dar, porque es el fundamento de todas las garantías y de todos los negocios.
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