La democracia parlamentaria es básicamente deliberativa. Se fundamenta en la supremacía del Congreso sobre el ejecutivo, la información, el debate parlamentario y el rendimiento de cuentas. Cuando esto no ocurre, la democracia se convierte en una carcasa vacía. Y es lo que está pasando a pasos acelerados en España.
Se hace cuando se abusa, como es el caso de los decretos leyes, de las declaraciones de urgencia, de hacer pasar proyectos de ley por propuestas de ley para ahorrarse debates y tramitaciones, utilizar textos normativos “ómnibus” donde hay una mezcla absurda de temas distintos.
Sin embargo, lo más grave de todo es cuando sencillamente el gobierno se niega a informar. Puede hacerlo porque en la Diputación Permanente del Congreso, el órgano de gobierno de la Cámara, tienen mayoría los partidos gubernamentales. Éstos, en lugar de velar por la fluidez parlamentaria y situar su acción en ordenar la prioridad de temas, lo que hacen sencillamente es rehusar que se pueda debatir todas aquellas cuestiones de las que el gobierno no quiere hablar. En otros términos, la presidenta y la Diputación Permanente no son más que un brazo del gobierno, de Pedro Sánchez. Y esto hace un mal terrible a la democracia.
Ahora mismo, la oposición había solicitado que el gobierno, a través de varias figuras (el presidente en un caso, el ministro de Justicia en otro, el de Asuntos Exteriores, la ministra de Defensa), informaran sobre varios aspectos concretos relacionados con dos ámbitos de estado y, particularmente, complejos. Uno era el de la inmigración, y preguntaban a Pedro Sánchez que informara del contenido concreto de los acuerdos con JxCat sobre esta materia, porque, recordémoslo, ni el gobierno ni el PSOE han mencionado una sola palabra sobre sus contenidos.
También, en relación al ministro del Interior, le planteaban diversos aspectos relacionados con los problemas de la inmigración. La diputación permanente ha dicho que nada de nada, que esto no se trata en el Congreso.
Por si fuera poco, querían saber por voz José Manuel Albares, ministro de Asuntos Exteriores, y Margarita Robles, ministra de Defensa, la posición de España en el delicado tema del Mar Rojo y la coalición de países liderada por EEUU para garantizar la circulación de mercancías por este mar, en la actualidad bloqueado por los ataques que se producen desde Yemen por la organización chií asentada en ese país. Este asunto está impactando ya en el sistema económico y de aquí a abril ya notaremos los efectos en los ámbitos de las empresas y, sobre todo, de los consumidores, en términos de retrasos de abastecimientos y encarecimiento de productos. Por tanto, conocer cuál es la posición del gobierno es una cuestión vital. Pues no, la presidenta del Congreso y la Diputación Permanente consideraron que este tema no se toca.
Si se acaba hurtando todo lo importante, que incomoda al gobierno, del debate parlamentario, el Congreso acaba convirtiéndose en un lujo superfluo. Peor negocio para la democracia, imposible.
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