El franquismo, que gobernó España entre 1939 y 1975, fue una dictadura caracterizada por la concentración del poder en manos de Francisco Franco. Aunque el régimen contaba con un conjunto de leyes, no podía considerarse un estado de derecho en el sentido moderno del término. Un estado de derecho implica la existencia de un marco legal que garantiza los derechos humanos y las libertades fundamentales, la separación de poderes y la igualdad ante la ley de todas las personas y sus asociaciones, con independencia de sus ideas, teniendo como único límite la Constitución. Durante el franquismo, la aplicación de la ley era arbitraria y dependía del estatus del individuo, ya que aquellos alineados con el régimen gozaban de privilegios, mientras que la oposición sufría represión y los disidentes eran censurados o social y profesionalmente cancelados.
Riesgos actuales en las democracias
Hoy en día, existe la preocupación de que algunas democracias, incluida la española, puedan enfrentarse al riesgo de desplazarse hacia un «estado de leyes» en lugar de ser un verdadero estado de derecho. Esto está sucediendo a causa de los desequilibrios en la separación de poderes, con una preponderancia excesiva del ejecutivo sobre otros poderes del Estado, como el legislativo y el judicial; también por su presión sobre los medios de comunicación y por la colonización gubernamental de instancias que deberían ser independientes para garantizar el estado de derecho.
El caso más destacado de esta colonización es el Tribunal Constitucional, que ahora sirve para ratificar los intereses gubernamentales y del PSOE (véanse, por ejemplo, las aberraciones jurídicas en la sentencia sobre la Ley del Aborto y en la absolución de los inculpados por los ERE de Andalucía). Pero eso también afecta al Banco de España, al CIS, a la Agencia EFE, a TVE, a la fiscalía general del Estado, y está por ver –controlado más de cerca por su instancia homónima europea– al INE.
Diferencia entre estado de derecho y estado de leyes
En un “estado de leyes”, las normas pueden existir, pero su aplicación puede convertirse en desigual o injusta, dependiendo de la situación política o de los intereses del gobierno de turno. Esto puede conducir a una erosión de las garantías democráticas y de los derechos fundamentales, lo que sería contrario al ideal de un estado de derecho, donde la ley se aplica de forma justa y equitativa para todos los ciudadanos, independientemente de la su posición o afiliación política.
Transición del estado de derecho al estado de leyes
Un estado de derecho se define por la existencia de un marco legal que garantiza la igualdad ante la ley, la protección de los derechos humanos y la separación de poderes, donde el poder judicial es independiente y actúa como contrapeso de los demás poderes del Estado.
En cambio, en un «estado de leyes», aunque existen normas y regulaciones, su aplicación es desigual, injusta o manipulada para favorecer a determinados grupos o intereses, minando así los principios fundamentales de la democracia. Esto se ve claramente cuando la Constitución reconoce el derecho de los padres a la educación moral y religiosa de sus hijos, pero la legislación actual del gobierno de Sánchez no lo respeta (artículo 27.1: “Los poderes públicos garantizan el derecho de los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones”).
El desequilibrio creciente entre los tres poderes
En España vivimos bajo un creciente desequilibrio entre los poderes. En una democracia consolidada, el poder legislativo, el ejecutivo y el judicial deben funcionar de forma independiente y como contrapesos entre ellos. Sin embargo, existe un ejecutivo concentrado en una figura jurídica inexistente de cariz presidencialista, donde Sánchez adquiere un poder desproporcionado, limitando la capacidad del legislativo para supervisar y controlar el gobierno, presionando o influenciando al poder judicial para emitir decisiones favorables al ejecutivo en lugar de actuar de forma independiente.
Control de la justicia
La independencia del poder judicial es esencial para garantizar que todos los ciudadanos sean tratados de forma justa ante la ley. Si el gobierno controla o influye en el nombramiento de jueces o en el funcionamiento del sistema judicial, se corre el riesgo de que las decisiones judiciales se basen en los intereses del ejecutivo en lugar de una interpretación justa e imparcial de la ley. Esto se ve reforzado por la presión política y mediática sobre los jueces incómodos.
Limitaciones del poder legislativo
Un parlamento con poderes limitados, incapaz de ejercer una adecuada supervisión del ejecutivo, puede derivar en un gobierno que actúa sin restricciones, lo que puede llevar a la promulgación de leyes que no reflejan el interés público o que vulneran derechos fundamentales. Un ejemplo es la proposición no de ley que encarga al Defensor del Pueblo la investigación de los delitos de abusos sexuales, pero sólo en el caso de personas vinculadas a la Iglesia católica, un claro caso de discriminación y arbitrariedad prohibido por la CE.
El abuso de decretos ley, el uso de la vía de urgencia no justificada para evitar la transparencia en la tramitación, o la transformación de proyectos de ley en proposiciones de ley con el mismo objetivo, son algunos ejemplos de ese descontrol.
Erosión de la democracia
Todo esto produce una erosión de la confianza pública, vulneración de los derechos humanos y una concentración de poder que pone en peligro la democracia. Para combatir esta deriva tan peligrosa, es necesario fortalecer la independencia judicial, garantizar la separación de poderes y promover una cultura de respeto a los derechos humanos, la transparencia y la rendición de cuentas, tanto en el gobierno como en la sociedad civil.
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