En el día de ayer destacados responsables del gobierno catalán continuaron descalificando la ceremonia de beatificación de Juan Roig y Diggle . El vicepresidente en funciones de presidente, pero sin despacho a la presidencia, encabezó la crítica a la que se añadió de manera abundante la semidesaparecida Consejera de Salud (es un decir ), Alba Vergés, y la directora general de Protección Civil, Isabel Ferrer, que calificó de «escandalosa» la actuación de la Iglesia, diciendo que no quería emitir juicio dado su cargo, en declaraciones a TVE (Sant Cugat) este pasado lunes día 9. Puede humanamente ser comprensible que personas de sectores muy afectados por la prohibición de la Generalitat aprovechen toda ocasión para clamar al cielo, como hicieron algunos actores y actrices, criticando el acto de la Sagrada Familia, pero como bien precisaba ayer en un artículo Joaquin Luna en la Vanguardia «los teatros los arruina la Generalitat, no Omella «.
Lo más interesante del caso es el tipo de argumento que utiliza la autoridad catalana. Por un lado asume que el acto se llevó a cabo con todas las medidas que la Generalitat ha establecido, incluso con creces porque el 30% del aforo de la Sagrada Familia no son las poco menos de 600 personas que había, sino 900. Pero se quejan de que eran demasiadas y que eso conllevaba desplazamientos. Ahora hablan de limitar los actos religiosos a 100 personas. La primera cuestión que salta a la vista es por qué cuando determinaron los aforos de los locales, además de fijar una medida relativa, no determinaron una magnitud absoluta. Hombre, tan difícil de pensarlo no es! En todo caso lo que sí demuestra es que ese nivel de reflexión no se da entre los que establecen nuestras normas de protección, lo que sin duda nos debe inspirar temor y desconfianza.
Pero es que además este aspecto de las 600 personas y la relación con los desplazamientos, porque no pueden decir nada de la distancia física, ni de la mascarilla, ni de la calidad del aire que respiraron, también lo deberían aplicar por ejemplo en El Corte Inglés que recibe a lo largo del día, tanto en Diagonal como Plaza Cataluña, los dos centros grandes, mucho más que esta cifra. Y que se sepa, ni artistas, ni Generalitat han levantado la voz. O aún sorprende más que se hayan autorizado de forma permanente los Encants Vells de la plaza de las Glòries, que concentran muchos más desplazamientos, pero con una concentración humana que no guarda las distancias de seguridad. O el mercado del libro de ocasión del mercado de Sant Antoni de cada domingo donde sucede algo parecido, o oratorios musulmanes, en Lleida por ejemplo, que reúnen a unos cientos de fieles en espacios pequeños y cerrados. Todo esto no cuenta.
Si quieren abrir expedientes para concentraciones de más de 100 personas, a pesar de que esto no sea legal porque no está prohibido hasta ahora, tenemos por dónde empezar mucho antes que por la Sagrada Familia, porque son más y se producen cada día o cada semana.
El tercer hecho sorprendente es que los gobernantes catalanes descubrieran el acto una vez celebrado a pesar de la abundante publicidad que la archidiócesis de Barcelona hizo durante semanas antes, el hecho de que se cursaron invitaciones oficiales tanto al Ayuntamiento como a la Generalitat y ya para consumar la alucinación, debido a que asistiera al acto que ahora estudian sancionar una representación oficial de la Generalidad en la persona del director general de Derecho y de Entidades Jurídicas, Xavier Bernadí , el teniente de alcalde de Barcelona para la Seguridad, Albert Batlle, que hizo declaraciones favorables al buen desarrollo del acto, y el comisionado de Diálogo Intercultural y Pluralismo Religioso también del Ayuntamiento de Barcelona, Khalid Ghali .
Todo ello es un desorden tan grande que hace pensar que la reacción de la Generalitat ha sido provocada por el temor a la crítica de un sector del mundo artístico, que hay que precisar, a pesar de ser importante no ha sido ni de lejos mayoritario, e incluso se han alzado voces que no compartían esta protesta, como la del escritor Eduardo Mendoza. Una segunda interpretación es que el asesinato de un joven de 19 años por las patrullas de control de la Cataluña de aquel tiempo en las que gobernaba ERC, señalan un capítulo de la memoria histórica, el de la persecución sistemática contra los católicos buscando su exterminio literal, que no gusta a los gobernantes actuales. Sea cual sea la razón, el gobierno de Cataluña, lapidado por los problemas que nacen de la realidad, haría bien no buscando y abriendo nuevos conflictos que en definitiva nos perjudican a todos.
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