Un cimiento del actual gobierno catalán es el principio del derecho a decidir, es decir, de la autodeterminación. El problema empieza cuando es el propio gobierno quien se lo salta a la torera. Es lo que sucede en Tortosa.
En el paso del río Ebro por esta población hay los restos del monumento levantado por Franco en 1966 en homenaje a la batalla del Ebro. Este símbolo fue en su momento desproveído de sus significantes franquistas, pero la estructura como tal permanece.
El Ayuntamiento de Tortosa llevó a cabo en mayo de 2016 una consulta popular para decidir el futuro de este monolito, dado que en la población había opiniones confrontadas, no tanto por la connotación franquista, sino porque muchos ciudadanos pensaban que ya formaba parte del paisaje de la ciudad y se tenía que mantener. El resultado de la consulta les dio la razón de una manera aplastante: el 68% consideró que el monumento tenía que continuar. Es una cifra muy alta, más si se considera que votó la tercera parte de la población. Por lo tanto, los partidarios de la destrucción eran una clara minoría.
Pero ahora, el gobierno de la Generalitat, por boca de la Consejera de Justicia, Ester Capella, considera que la pilastra tiene que ser derrocada, atribuyéndose plenas competencias sobre el futuro del monolito. Incluso declaró que contempla un “proceso sancionador” para castigar la inactividad a la hora de haber permitido la continuidad del monolito. Es una manifestación clara de que la consulta popular de Tortosa a los ojos del gobierno de la Generalitat no sirve absolutamente de nada, porque considera que es él quien tiene la competencia para decidir qué se tiene que hacer en esta materia.
El paralelismo es incluso fácil. También el gobierno del estado es quien tiene la competencia sobre los referéndums y no acepta el resultado de los que se puedan llevar a cabo fuera de su conformidad. Moraleja de la historia: el derecho a decidir no es universal, sino que funciona de acuerdo con la perspectiva de quien tiene el poder en cada momento.
