Las imágenes han golpeado a la conciencia europea. Cuerpos en plena calle con las manos atadas a la espalda, fosas comunes, personas y niños que parecen quemados. Todo esto ha sido un testigo visual terrible y ha dado pie a una acusación unánime en los medios de comunicación europeos y estadounidenses de genocidio, el relato que la pequeña ciudad de Bucha, en los suburbios de Kiev, y después de que las tropas rusas se retiraran cumpliendo con los acuerdos alcanzados en las conversaciones en Turquía. En ese escenario aparecen todas estas víctimas civiles. Las imágenes también van acompañadas de la presencia del omnipresente presidente Zelenski que aparece contemplando a las víctimas esparcidas por las calles.
Como no hay otras informaciones, aparte de las de las fuentes ucranianas y occidentales, sólo esta versión es la que aflora, pero las imágenes no son suficientes para determinar que allí se haya producido realmente un genocidio por parte de las tropas rusas.
Las fosas con cadáveres, que han sido presentadas como uno de los ejemplos, nada dicen de la causa que las ha determinado. En otras muchas ciudades ucranianas que se han encontrado en primera línea del frente, los propios ucranianos han tenido que enterrar a sus muertos en tumbas y fosas comunes improvisadas allí donde podían. Eran muertos por acción de la guerra, de bombardeos, de ataques y contraataques, pero de una acción deliberada sobre víctimas civiles que no intervenían en el conflicto.
Detrás de esta trágica cuestión brota con fuerza un factor que desde el inicio debería preocupar a nuestras democracias. La uniformidad y homogeneidad de todas las informaciones que nos están remitiendo sobre esta guerra y que tienen sólo como único relato lo que reproducen el gobierno ucraniano y EE.UU. Esta unanimidad se ve acentuada por el hecho de que muy pronto se produjo una decisión histórica en las democracias occidentales: clausurar las emisiones de la radio y la televisión rusas, un país en el que no existe un conflicto bélico directo. La argumentación de que emitían «propaganda» no debería impedir el derecho a la libertad de información, que es consustancial en nuestras democracias.
Si para defender el estado de derecho se recortan los derechos, la contradicción es flagrante. Y hay que advertir que no es la primera vez que ocurre. Sólo hay que recordar lo que ocurrió con la pandemia y cómo de forma rotundamente anticonstitucional los gobiernos, y de forma destacada y descarada el gobierno Sánchez, limitaron derechos fundamentales de los ciudadanos ante una falta de reacción casi total por parte de la sociedad.
Ahora, con otro motivo, también trágico, está sucediendo algo parecido y las personas que quieren vislumbrar otros puntos de vista deben huir de las televisiones, las radios y de los grandes medios escritos y acudir a las redes sociales, con todo lo que de confuso tienen estas.
Con la guerra de Ucrania, los grandes medios de comunicación están perdiendo la ocasión de demostrar su capacidad de servicio, ofreciendo más perspectivas que las del relato oficial del eje Washington-Kiev.
