El debate de la Comisión de Hacienda del Congreso, que se prolongó más allá de la medianoche, no habría sido especialmente significativo si no hubiera puesto de manifiesto el estilo negociador caótico del gobierno de Pedro Sánchez, así como las contradicciones inherentes a su supuesta mayoría parlamentaria. Todo se decidirá este próximo jueves, cuando se verá si el gobierno logra salvar la situación o si se enfrenta a una derrota que demuestre su incapacidad para actuar con normalidad. Como en otras ocasiones, podría darse una «victoria pírrica»: un acuerdo Frankenstein, armado con recortes que no son más que la expresión de intereses fragmentados y, en muchos casos, opuestos, entre partidos como Junts, el PNV, SUMAR, Podemos, ERC y Bildu.
El problema tiene un doble origen, ambos atribuibles al gobierno. Primero, haber utilizado la transposición obligatoria de una directiva europea -que exige un mínimo del 15% de tributación para todas las empresas, afectando principalmente a las multinacionales- como pretexto para presentar una supuesta reforma fiscal que, en realidad, no es más que una acumulación heterogénea de medidas dirigidas a incrementar la recaudación. Esta intención gubernamental está relacionada con el pago pendiente de los fondos Next Generation de la Unión Europea, por un total de 7.200 millones de euros, condicionado precisamente a la implementación de una reforma fiscal en España. Es esa acumulación de medidas fiscales la que ha provocado el conflicto multilateral con los aliados parlamentarios e incluso con el propio socio de gobierno. En estos momentos, no sólo España carece de un gobierno con mayoría parlamentaria suficiente, sino que la propia coalición presenta posiciones contradictorias en materia fiscal.
La medida del 15% despertó el interés del Partido Nacionalista Vasco, que, amparado en el concierto económico, quiere asumir la cuestión del mínimo tributario, pero en términos opuestos a los de la directiva europea, que busca homogeneizar la fiscalidad en todos los países miembros. El PNV, en cambio, pretende no aplicar ese mínimo en su territorio, creando así un enclave privilegiado dentro de la Unión donde las multinacionales podrían beneficiarse de una tributación más favorable, atrayendo así a grandes empresas. Pero éste es sólo uno de los problemas: resulta evidente que era mucho más complejo implementar una fiscalidad adicional con la intención de recaudar 8.000 millones de euros que simplemente transponer la directiva europea.
El segundo error garrafal es atribuible, en primer lugar, a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, aunque también se extiende a Sánchez, quien debería haber supervisado una negociación de esa envergadura. Montero, en lugar de crear una estrategia para coordinar las distintas posiciones, optó por realizar reuniones individuales, sin promover encuentros conjuntos que armonizaran posturas. Así, negoció por separado con cada partido, empezando por Junts y adquiriendo compromisos incompatibles con los del otro bloque, como el veto de Junts en el impuesto sobre las energéticas, que era rechazado por otros aliados. A última hora, el domingo, sólo hubo contactos telefónicos para tantear el grado de flexibilidad de cada grupo. La primera vez que todos se reunieron para definir posiciones fue ya en la Comisión de Hacienda, lo que generó un caos rocambolesco y una evidente falta de coordinación.
De la larga lista de impuestos propuestos, parece que sólo prosperará el impuesto a la banca, que inicialmente debía ser un gravamen y no un impuesto, pero que finalmente se cedió ante el PNV para mantener su capacidad de intervenir en el ámbito foral. Esto significa endurecer el gravamen del 6 al 7%, lo que no se aplicará en el ámbito foral, pero sí afectará a bancos como CaixaBank, que es el más perjudicado porque la mayor parte de su negocio está en España. Esta situación tiene un efecto negativo sobre la Fundación La Caixa, que depende de los beneficios obtenidos por su participación en CaixaBank. En consecuencia, los recursos destinados a obra social se verán afectados, lo que repercutirá en organizaciones sociales y solidarias de Cataluña.
Mientras el PNV logra ventajas en beneficio de su territorio, el caso catalán muestra una gran anomalía. La presidencia de la Generalitat, en términos de política española, se comporta como una simple federación del PSOE, sin la menor autonomía para intervenir en favor de los intereses catalanes. En todo este proceso de negociación, la Generalitat y el PSC han estado desaparecidos, lo que supone un problema evidente para Catalunya. Aunque Junts intenta ocupar este espacio, sus intereses partidistas no siempre coinciden con los de un gobierno catalán.
Entre las medidas propuestas, también prosperó el impuesto para las rentas más altas, aquéllas con valores mobiliarios superiores a 300.000 euros, aunque esta cifra no refleja necesariamente un nivel extraordinario de renta. Como en estos casos, quienes disponen de mayores ingresos probablemente encontrarán mecanismos fiscales para evadir el impuesto, mientras que serán las rentas medias-altas las que acabarán pagándolo.
De momento, entre otros, quedan fuera del aumento fiscal el seguro privado de salud, el impuesto específico sobre pisos turísticos, el impuesto sobre las energéticas (vetado por Junts), el del diesel y el controvertido impuesto sobre las SOCIMI. Sin embargo, todo esto está en el aire hasta la sesión del jueves, ya que la reunión de la Comisión de Hacienda concluyó sin aprobar un dictamen sobre la propuesta del gobierno.
Esto impone varias consideraciones. La primera es si España necesita realmente seguir aumentando sus impuestos, como persigue el gobierno. Con Sánchez, el techo de gasto ha aumentado en 80.000 millones de euros, y el esfuerzo fiscal en 115.000 millones, una cifra enorme. Aunque la directiva europea sobre la tributación mínima para grandes empresas tiene sentido, es cuestionable la intención de aumentar la carga fiscal sobre seguros privados, lo que afectaría negativamente a la clase media, ya bastante castigada en el contexto de la OCDE .
Cuando se habla de que los impuestos en España han subido demasiado, a menudo se argumenta que la presión fiscal española está por debajo de la media de la Unión Europea. Sin embargo, esta afirmación es engañosa, puesto que no tiene en cuenta la relación entre lo que se paga a Hacienda y la renta disponible de los ciudadanos. Además, el gobierno no ha ajustado los impuestos a la inflación, lo que ha incrementado de forma extraordinaria la carga fiscal sin modificar los textos legales; en otros términos, siempre se habla de presión fiscal que mide la relación con el PIB y se aborda poco el esfuerzo fiscal, que es la relación entre lo recaudado y la renta per cápita, así como tampoco se trata la cuña fiscal, que añade a la recaudación fiscal el elevado coste de las cuotas a la Seguridad Social que pagan empresas y, en menor medida, trabajadores.
Otra consideración necesaria es que, en realidad, España no tiene un gobierno con capacidad de gobernar. Lo que existe es un sistema de pactos continuados basado en las concesiones que Sánchez debe realizar a cada uno de sus socios para mantenerse en el poder. Solo se ponen de acuerdo para repartirse cuotas de poder, como en la modificación regulada por la elección del Consejo de RTVE, que por primera vez en la historia de la democracia española ha dejado fuera a toda la oposición. Por último, el caos vivido en la Comisión de Hacienda del Congreso sólo degrada la confianza institucional en España, lo que es peligroso para un país con una deuda pública tan elevada, ya que incrementa el riesgo percibido por los mercados internacionales y, con ello, el coste de la deuda.
En definitiva, se trata de una situación insostenible que, para Cataluña, cuenta con un gran «invitado de piedra»: la incapacidad de sus representantes para actuar en defensa de los intereses propios.
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