A estas alturas ya son visibles los primeros impactos económicos del descontrol que se ha producido con la Covid-19 debido a la precipitación en reducir las medidas de control. El impacto es tan importante que el Ibex ya lo registra y ayer tuvo la segunda mayor bajada del año con una pérdida del 2,31%. Una de las MAYORES de todas las bolsas de los países desarrollados. Esta primera evidencia es consecuencia de que el sector hotelero y del transporte aéreo dan por perdido al menos el mes de julio, y en todo caso tienen una cierta esperanza depositada en la situación de agosto. El hecho, tal como apuntábamos ayer, que con la nueva variante la inmunidad de grupo no se alcance con el 70% de vacunados con la pauta completa, hace que la incertidumbre también cierna sobre el mes de agosto.
Esta dinámica adversa castigará de manera especial a Cataluña. El turismo en general, pero sobre todo en aquellos territorios que son receptores de visitantes procedentes de los países que ya han determinado la recomendación de no viajar a España. Concretamente, Alemania y Bélgica, a los que ahora se les ha añadido Francia, lo que representará una pérdida importante para la Costa Brava.
El único gran emisor turístico que permanece en pie y no cambiará es el Reino Unido, pero este hecho beneficia sobre todo a las islas y al sur de España y menos a Cataluña. La solución que ha adoptado el departamento de Sanidad para superar los colapsos de los CAPs tiene un coste sanitario y económico para el conjunto de la población, que pagaremos en las semanas sucesivas, dado que la forma de aligerar la presión ha sido suprimir los tests, y por lo tanto, reducir la capacidad para rastrear y aislar los contagios, que siempre ha sido el punto débil del sistema sanitario en la mayor parte de España y en particular de Cataluña. Es una solución más bien concebida desde una perspectiva de funcionamiento burocrático el hecho de adoptar medidas sobre el papel que tienen un efecto concreto sobre el funcionamiento de lo que se quiere resolver, pero sin prestar atención a las consecuencias que se derivan de la solución, y si estas son de ese tipo que hacen peor el remedio que la enfermedad. La única respuesta válida en este momento habría sido la incorporación de más recursos humanos, aún más teniendo en cuenta el período de vacaciones que se acerca. En lugar de eso prefieren que la población portadora permanezca en la incertidumbre y si los síntomas son leves o no existen se contribuya a aumentar la propagación de una variante que, como la delta, ya es bastante alta por naturaleza.
Además, por si fuera poco y de una manera incomprensible, se mantiene el festival Cruïlla que durante 3 días persigue agrupar en un espacio reducido a 25.000 personas sin distancia de separación. Es cierto que se han adoptado medidas de cribado para dar acceso al espectáculo, pero esto es abiertamente insuficiente por dos razones fundamentales. La primera, por el margen de error importante que incorporan los cribados. Un 10% de personas portadoras no detectadas significa la posibilidad de 2.500 portadores capaces de transmitir la enfermedad a 5 o 6 personas más durante el concierto. La medida del cribado tiene sentido cuando se persiguen otros fines, pero no para evitar el contagio cuando se acumula tanta gente reunida con una densidad extraordinaria.
No se entiende como en Cataluña hemos llegado a este extremo a las puertas del verano, y aunque se entiende menos que se puedan producir actos masivos como el Cruïlla. Dice muy poco de la calidad del actual gobierno, de quien toma las últimas decisiones, el presidente, y evidentemente el mismo consejero de Salud.
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