Lo que ha sucedido en Lleida pone de manifiesto la insuficiencia del sistema de rastreo de los contagios en una doble dimensión: la del número de rastreadores, es decir, la capacidad de atender todos los casos, y el plazo en que se consigue llevar a cabo esta trabajo, dado que el tiempo es una variable esencial para evitar la propagación.
De acuerdo con informaciones aparecidas en otros medios, Ferrovial, concretamente la empresa Ferroser, continúa gestionando el rastreo en Cataluña. Si esta información es exacta, significaría que la Generalitat, a pesar de afirmar que dejaba sin efecto el contrato, continúa llevando a cabo la actividad de rastreo por medio de esta empresa. Habría, en este caso, un engaño a la opinión pública. Este sería el primer hecho a aclarar y que la Generalitat debe explicar, dado que la información está publicada.
Pero más allá del hecho, hay una segunda cuestión que señala la debilidad y la falta de sentido de la eficacia con que el Departamento de Sanidad enfoca esta cuestión. Los operadores que trabajan en esta tarea de seguimiento en la empresa en cuestión son poco más de 100 en toda Cataluña, que se añaden a los pocos que ya había. Es una cifra absolutamente insuficiente, porque en realidad se necesitarían al menos 2 rastreadores para cada 10.000 habitantes. Dado que la población en Cataluña es de 7,4 millones de habitantes, se necesitaría un mínimo de 740 rastreadores. Esto por lo que afecta a la cantidad, pero luego está la cuestión de la calidad. Estas personas son simplemente teleoperadores. Ahora hacen seguimientos de casos de pandemia y antes podían vender seguros de coche. No tienen formación sanitaria, pero además tampoco están coordinados con Sanidad y, por lo tanto, no disponen de las referencias sobre la situación de los positivos, de sus historiales médicos, de la relación con los ambulatorios y de éstos con los rastreadores. El resultado de todo ello es que muchos casos llegan tarde, cuando la persona ya ha superado la enfermedad o ha empeorado. Y, lo que es peor, ha seguido transmitiendo el coronavirus.
Este sistema no significa una garantía suficiente. No representa que se haya construido una red de detección epidemiológica, que es el error fundamental del sistema español y catalán. En otras palabras: no se ha aprendido nada de la experiencia pasada. Se continúa funcionando a trompicones y construyendo en el vacío. Pero además es una construcción muy cara, porque este servicio, de difícil utilidad, cuesta 18 millones de euros.
Este sistema se superpone a la atención primaria y al sistema de emergencias médicas y no responde a un diseño sanitario unificado que permita una red de detección e intervención eficiente y estable.
No se puede confiar sólo en la responsabilidad de cada persona. Si el Ministerio de Hacienda aplicara este criterio para la recaudación, es evidente que sería objeto de todas las críticas porque el fraude está a la orden del día. De ahí la necesidad de una inspección fiscal, porque es el elemento coercitivo que ayuda a cumplir. En el caso del Covid-19 no se puede pensar que a base de hacer llamamientos al uso de las mascarillas y contratar a teleoperadores se está haciendo frente al riesgo de la pandemia. Cataluña necesita una red de alerta epidemiológica eficaz porque el coronavirus permanecerá entre nosotros hasta que se haya vacunado el total de la población, y para llegar a esta meta aún falta mucho tiempo.
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