Los criterios básicos
El documento acordado asume la interpretación sobre el conflicto del independentismo en Cataluña hecha desde esta opción. De hecho, reproduce el alineamiento del acuerdo que firmaron Santos Cerdán por el PSOE y Puigdemont: todo remite a la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatut de Autonomía de Catalunya como causa determinante del conflicto. Olvida deliberadamente que la reducción del Estatut, sustancial, se hizo antes, cuando pasó por el Congreso, como ya anunció en su día Alonso Guerra.
Es más fácil ponerse de acuerdo contra un tercero que asumir la responsabilidad del PSOE de Rodríguez Zapatero con los recortes del Estatut. También se omite una cuestión importante, la alteración del orden en el que se producía la tramitación. En los precedentes, el Estatuto de Autonomía era puesto a referéndum en Catalunya una vez que el Congreso lo había examinado y el TC había dictaminado, por lo que lo que se refrendaba ya tenía todas las garantías institucionales. Pero ese procedimiento, que parece más racional, se sustituyó, empezando por un referendo antes de pasar por las demás instancias. Aquí está una parte del conflicto.
El texto también señala la «incapacidad de dar respuesta democrática a la voluntad de la ciudadanía de Cataluña» como causa fundamental del conflicto, así como «la judicialización y respuesta policial hacia el movimiento independentista».
La consulta del 9-N y el 1-O
El texto subraya que en «la última década, las instituciones catalanas han buscado varias vías para dar respuesta a la demanda de más autogobierno» y, en estos caminos, señala «la consulta del 9-N de 2014 o el referéndum del 1-O de 2017”. El PSOE, por tanto, acepta estas dos actas como una búsqueda de vías de solución y no como una ruptura con la legalidad española. Es un párrafo al que no se le ha dado demasiada importancia, pero que la tiene, porque señala la asunción por parte del gobierno del estado de que tanto la consulta como el referendo son opciones legítimas y, en este sentido, no sancionables. Puede ser un precedente importante de cara al futuro si el independentismo lograra recuperar la fuerza perdida.
Los indultos y la amnistía
Señala también que «los indultos y la ley de amnistía sobre todo han permitido abrir un nuevo camino de la nueva fase de negociación entre Cataluña y el estado». Esta forma de expresarse determina un hecho que no responde exactamente a la realidad, como es lo que el independentismo, en este caso representado por ERC, expresa la voluntad política de Catalunya y, en su nombre, negocia con el estado. Esta aceptación deja sin ningún tipo de representación las otras formulaciones no independentistas que son evidentes en Cataluña, porque sólo la que postula la independencia tiene este tipo de reconocimiento como interlocutor. Que esto haya sido asumido cuando ERC sólo tiene 33 sobre 135 diputados escaños es una anomalía democrática.
Señala que la ley de amnistía significa entrar en una nueva fase de negociación que comporta el debate sobre el reconocimiento nacional de Cataluña y la forma de vehicular institucional y jurídicamente este reconocimiento, y que sus acuerdos sean refrendados por la ciudadanía, si bien no señala si esta condición se limita a la gente que vive en Cataluña o en todo el estado.
El Acuerdo de Claridad y los compromisos inmediatos
Asume el Acuerdo de Claridad que en su día formuló Aragonès, y para impulsarlo se establece el compromiso “de que el primer plenario del parlamento posterior a la constitución de un nuevo gobierno de la Generalitat se acordará una convención nacional formada por representantes de todos los grupos, presidida por un miembro de ERC, con el objetivo de promover un debate a nivel político, social y ciudadano de cómo abordar la resolución del conflicto político, y presentará sus conclusiones en el Parlament. Esta convención realizará un seguimiento de la aplicación de la ley de la amnistía. El gobierno creará una oficina para garantizar los recursos humanos y materiales para que la convención pueda desarrollar su labor”. Aquí tenemos un compromiso que debe cumplirse prácticamente de forma inmediata, porque, con el gobierno constituido, debe estar en el próximo pleno cuando esta cuestión se lleve a cabo.
Cambio de contexto político
El documento también señala que las últimas elecciones han determinado un cambio, “ un nuevo contexto político ” que “ofrece la oportunidad de rehacer la confianza entre el independentismo y el federalismo de izquierdas (…), pero el independentismo y el federalismo de izquierdas son conscientes de que están lejos de un entendimiento de compartir la posibilidad de un camino compartido de largo recorrido”. Lo que nos viene a decir que hay acuerdos, pero que no se contempla la posibilidad de participar en el gobierno, si bien la estabilidad parlamentaria que aporta ERC a Madrid, y que también debe contribuir a Cataluña, equivaldría a un pacto de este tipo, aunque el documento sea sólo un acuerdo de investidura y no un pacto de legislatura.
Compromisos básicos
En esta parte inicial surge otro compromiso que no está suficientemente destacado y que hay que pedir que se cumpla: «el empoderamiento democrático de la ciudadanía», que debería concretarse y exigir que se concretara.
Cuatro son los compromisos básicos:
- Solución al conflicto político.
- Financiación singular que “avance hacia la plena soberanía fiscal”.
- Reforzar los pilares del reconocimiento nacional catalán (en especial escuela catalana, uso social del catalán y acción exterior de la Generalitat).
- Compromiso genérico de políticas públicas que busquen la prosperidad compartida, el bienestar y las oportunidades.
El segundo aspecto importante es el del acuerdo de financiación
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