En lo más crudo del invierno demográfico europeo, con todos los países que conforman el Viejo Continente con datos de fertilidad muy por debajo del umbral de sustitución de 2,1 hijos por mujer (con la excepción del minúsculo Mónaco), y con nuevos y preocupantes datos recién llegados de Francia para 2024, a nuestra intelligentsia no se le ocurre otra cosa que dar un nuevo impulso institucional al aborto.
Desde que Donald Trump volvió al poder en Estados Unidos y desplegó una verdadera guerra relámpago contra todas las instancias que promovían el aborto en el ámbito interior e internacional, los lobbies y organizaciones proaborto se han replegado en la región del mundo más receptiva a su mensaje, Europa.
Un grupo de parlamentarios europeos ha vuelto a poner la cuestión de introducir el aborto en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea. Como explica la eurodiputada ecologista luxemburguesa Tilly Metz, tomando la decisión a nivel europeo se obtendría un “impacto positivo en los distintos estados miembro”. Traducción: el aborto se convertiría en un principio supranacional y los países contrarios se verían obligados a garantizarlo y extenderlo.
Ya en abril de 2024 el Parlamento Europeo aprobó una resolución no vinculante con 336 votos a favor y 163 en contra para pedir la introducción del aborto en la Carta. Una resolución similar se había tomado ya en el 2022, el mismo año que la Francia de Emmanuel Macron aprobaba en el parlamento la introducción del aborto en la Constitución.
Pero la fijación del progresismo con hacer del aborto un derecho intocable más allá de la voluntad popular empieza a toparse con una realidad política europea adversa.
Países como Polonia y Hungría, y desde hace menos tiempo, también Italia o incluso Países Bajos, bloquearían previsiblemente la tentativa de modificar la Carta de los Derechos Fundamentales, decisión que requiere unanimidad de los 27 estados miembros.
Con el paro en seco y auditoría de los programas de ayuda exterior norteamericana por parte de la Administración Trump ha salido a la luz de que Estados Unidos estaba financiando numerosas iniciativas ideológicas, y no humanitarias.
De hecho, según los propios activistas proaborto, lo que más necesitan ahora mismo no es otra cosa que financiación. Y éste debe venir ahora de Europa, la única parte del mundo que parece estar todavía dispuesta a promocionar una práctica que, más allá de toda consideración ética, es económica y socialmente contraproducente.
Varios activistas consultados por el progresista diario Politico han pedido que la propia Unión Europea se ocupe directamente de financiar la promoción del aborto, ante la carencia de recursos de numerosos países europeos, combinada con la aparición de gobiernos de corte conservador en toda Europa, los amenaza.
Estas peticiones dejan entrever que una parte muy importante de la financiación a los grupos de presión proaborto provenía de fondos públicos a ambos lados del Atlántico.
Resulta extremadamente preocupante que, en un contexto económico, demográfico y social tan adverso como el actual se dedicaran recursos públicos, y provenientes de todos los ciudadanos, a extender el aborto. Una práctica que equivale a promover el suicidio colectivo de nuestras sociedades.
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