La última noticia, tan impresentable como escandalosa, es que se ha abierto un expediente al educador social que destapó el caso de una niña de 12 años, tutelada por la administración, víctima de violaciones y prostitución organizada. Se ha iniciado un proceso informativo para evaluar si el educador, Daniel Segura López, actuó correctamente y si debe ser sancionado por supuestamente revelar detalles del caso a los medios. Lo más grave es que este hecho es de sobra conocido por el departamento, incluida la propia consejera de Derechos Sociales del PSC, Mónica Martínez Bravo.
Que quien destapa un delito grave y reiterado de abusos sexuales a una menor se arriesgue a una sanción profesional o, como mínimo, a un señalamiento que compromete su futuro laboral, es un síntoma alarmante. Especialmente cuando ocurre en un entorno de entidades teóricamente sin ánimo de lucro, pero completamente opacas, hoy cuestionadas abiertamente por la Sindicatura de Comptes, y cuya norma tácita es que nadie hable.
Esta situación es una advertencia clara: aquí se cumple al pie de la letra aquella frase del socialismo clásico —“quien se mueve no sale en la foto”—. El que habla, no trabaja. Y la Generalitat, lejos de proteger al profesional, actúa como si nada ocurriera.
Lo que hoy vemos es que, a ambos lados de la supuesta barrera entre la administración y las entidades que gestionan servicios mediante convenios o subcontratas, no hay una estructura de control clara por parte del Govern. Más bien existe una maraña de relaciones entre intereses personales, corporativos y políticos. Y eso es precisamente lo que se quiere evitar que salga a la luz.
Antes de reorganizar la DGAIA, hay que admitir que el problema no es solo de esta Dirección General. Afecta al conjunto del Departamento, desde la consejera hasta los altos cargos. Lo que se necesita es una investigación profunda sobre el funcionamiento del sistema durante la última década: desde las posibles infracciones administrativas y penales hasta el uso indebido del dinero público y la deficiente prestación de los servicios.
Y, sobre todo, hace falta saber cuántos casos de abusos sexuales a menores tutelados se han producido en estos años. Para eso, deberían consultarse al menos tres fuentes: los procedimientos internos (aunque sean los menos fiables), las denuncias ante los Mossos d’Esquadra, y los casos que han llegado a Fiscalía y juicio. Solo así sabremos si este es un problema estructural, como sugieren los datos difundidos por la Corriente Social Cristiana, que apuntan a que probablemente haya más casos ocultos.
La decisión de suprimir la DGAIA y sustituirla por la DGPPPIA (otro cambio de siglas más) no responde a un deseo real de mejora. No hay ni siquiera un estudio previo serio. Parece más bien un intento de “borrón y cuenta nueva”, un modo de hacer desaparecer el pasado y evitar cualquier investigación.
Lo que necesita una revisión a fondo no es solo esta Dirección General, por pervertida que esté —como algunos ya advertían—, sino todo el Departamento.
Ante esta situación crítica, el líder socialista Salvador Illa ha demostrado que sus reflejos no son los de un presidente con altura de miras, sino los de un miembro del aparato del PSC de toda la vida, actuando según el dictado de sus intereses partidistas.
El Parlament de Catalunya debería constituir una comisión para indagar toda la década de gestión del Departamento y de la DGAIA, revisando tanto su funcionamiento administrativo y económico como los casos de abusos a menores.
Y esta es también una responsabilidad ineludible de la Sindica de Greuges, que tiene plena capacidad para intervenir sin que nadie se lo pida. Es su obligación defender los derechos de la ciudadanía. No puede escudarse en que el caso está judicializado, porque no se le pide que investigue el caso concreto de la niña de 12 años. Se trata de estudiar si han existido, y cuántos, casos de abusos sexuales a menores bajo tutela de la Generalitat durante la última década.
Se ha abierto un expediente al educador social que destapó el caso de una niña de 12 años, tutelada por la administración, víctima de violaciones y prostitución organizada Compartir en X
